La investigación sobre la información privilegiada que presuntamente se transmitió a los diferentes organismos públicos que retiraron sus depósitos del Banco Popular se ha centrado, de momento, en los últimos días de vida de la entidad y en la última gran salida de liquidez.
Por razones obvias, en concreto, por la cercanía de la fecha límite para la resolución acordada el 3 de junio de 2017 y la fuga masiva de depósitos que se inició el día 5 de ese mes, es fácilmente sospechable que se pudiera haber producido dicha revelación de información privilegiada. Sin embargo, las instrucciones se dieron meses antes.
Según un documento interno del Banco Popular, al que Diario16 ha tenido acceso, diferentes organismos públicos señalaron ya en el mes de abril de 2017 que la reducción de la posición de liquidez venía propiciada por instrucciones «de arriba».
«Viene de arriba»
En un correo enviado por Miguel Escrig a Emilio Saracho el día 13 de mayo de 2017 se indica lo siguiente: «son entidades públicas que están afectando a nuestra liquidez de forma crítica, entre otras también relevantes incluidas en la lista». En dicha comunicación hay un documento adjunto, al que Diario16 ha tenido acceso, en el que se hace una valoración de los principales clientes dependientes del Estado.
Existieron instrucciones de las más altas instancias del Estado para perjudicar la posición de liquidez de Banco Popular
Un organismo dependiente del Ministerio de Economía de Luis de Guindos, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, retiró sus depósitos ya en el mes de noviembre de 2016: 200 millones de euros. Según se señala en el documento «han mantenido saldos estables relevantes (700-800m€) con nosotros hasta la ampliación de 2016 que redujeron el límite a 200m€ y ahora tienen 0m €. Argumentan que la limitación viene de “arriba”. No nos adjudican los saldos subastados a pesar de ofrecer mayor tipo».
Esta es la confirmación de que existieron instrucciones de las más altas instancias del Estado para perjudicar la posición de liquidez de Banco Popular. Por otro lado, se puede comprobar cómo, además, se impidió el acceso a esas cuentas a pesar de que la entidad era la que presentaba la mejor oferta.
Además, el hecho de que se retiraran todos los depósitos a partir del mes de noviembre de 2016, precisamente cuando se estaba preparando la llegada de Emilio Saracho, es harto sospechoso y podría ser una confirmación más de que presuntamente se trataba de una operación orquestada desde el poder político y que la caída del Popular para ser entregado al Santander fuese una operación de Estado.
Recomendaciones de la IGAE
Otra de las sociedades estatales a las que se refiere el informe es Red.es, entonces dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En este caso, el informe señala lo siguiente: «Nos informa que tienen que limitar el pasivo con nuestra entidad al 25% de su pasivo total. Argumentan que han recibido una recomendación del IGAE (Intervención General Administración del Estado)».
Esta nueva documentación podría confirmar que se trató de una operación orquestada desde el poder político y que la caída del Popular para ser entregado al Santander fuese una operación de Estado
Como se puede comprobar, se trata de un nuevo ejemplo de que se estaban dirigiendo instrucciones ⸺en este caso, «recomendaciones»⸺ a los diferentes organismos para que, en el mes de mayo de 2017, se perjudicara la posición de liquidez del Banco Popular.
Instrucciones del Consejo
Respecto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, también dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el informe señala que «el 18 de abril nos informa que no renovará los vencimientos que tiene con nosotros ni los de su filial FNEE. Argumentan que siguen instrucciones de su Consejo para diversificar las posiciones». ¿Instrucciones del Consejo?
Este organismo está presidido por el secretario/a de Estado de Energía. En el año 2017, el presidente del Consejo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía era Daniel Navia Simón, quien procedía de BBVA y era uno de los pesos pesados de la Oficina Económica de Mariano Rajoy.
Por otro lado, Puertos del Estado retiró fondos del Popular a consecuencia de la estrategia de comunicación de Emilio Saracho que estaba basada en generar miedo a través de noticias con información negativa. En concreto, según el documento al que ha tenido acceso Diario16, Puertos de Estado señala que retiró depósitos «a raíz de las noticias publicadas en medios».
En consecuencia, fueron los propios organismos los que, un mes antes de la resolución, reconocieron que recibieron haber recibido instrucciones «de arriba» para retirar depósitos del Banco Popular. La entidad se había convertido en una cuestión de Estado.
Santander, cuestión de Estado. ¿Por qué?
¿Por qué el Santander es una cuestión se Estado? No sirve el calificativo genérico de que se trata de un banco «demasiado grande para caer» (too big to fail), sobre todo después de que el FMI lo definiera como un «peligro sistémico». ¿Por qué?
Algún día, habrá alguien que tenga el valor de responder a los españoles y españolas esta pregunta. De momento, ni Rajoy ni Sánchez lo han hecho y su silencio resuena mientras 1,2 millones de personas fueron arruinadas en una operación de Estado.