Tal y como hemos publicado en Diario16, el juez José Luis Calama Teixeira inadmitió a trámite una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía sin tener en cuenta los graves hechos que allí se exponían. Una de las partes en la que más se hace hincapié es la posible connivencia de Emilio Saracho con JP Morgan, el cobro de su bonus de jubilación de más de 90 millones de euros y la relación que pudieran tener estos hechos para determinar un posible nexo causal entre el cobro de ese dinero y la contratación del banco de inversión norteamericano para dirigir el proceso de venta privada que, finalmente, no se ejecutó porque el Banco Popular fue resuelto y vendido por un euro a Banco Santander.
Es importante el hecho de que no exista rastro alguno en las actas del Consejo de que Emilio Saracho informase a los consejeros del Popular el cambio de estrategia comunicada en la visita de marzo de 2017 a los supervisores del BCE, lo que muestra el increíble nivel de deslealtad institucional que alcanzó Saracho en tan poco tiempo.
Así se presentó el 26 de abril de 2017 ante el Consejo. Tras haber sufrido un enorme ajuste en su valor en Bolsa en el mes de abril y después de la salida de depósitos de más de 5.000 millones de euros generada por sus declaraciones en la Junta General, Saracho pensó que había llegado el momento de descubrir al Consejo su único plan: no había más opción que vender el Banco, o una ampliación que ya había descartado en su visita a los supervisores y que no comunicó a los consejeros.
Para ello hizo dos cosas que descubren una absoluta falta de comportamiento ético. Por un lado, contratar a JP Morgan para asesorar la venta del Banco Popular y, por otro, anunciar públicamente que el Banco estaba en venta y que había un plazo perentorio para presentar ofertas. Esto último ayudó a destruir al Popular dado que nadie que quiere optimizar el precio de lo que vende saca lo que quiere vender a pública subasta hablando mal de lo que tiene que vender.
Saracho argumentará que estaba ante una urgencia, lo cual es falso, tal y como muestran los datos del primer trimestre de 2017 y el informe pericial del Banco de España:
- El banco era solvente y con un patrimonio de 11.000 millones de euros, como él mismo se encargaría de certificar una semana más tarde con la publicación de los resultados del primer trimestre de 2017;
- La urgencia la creó Saracho generando una situación de falta confianza que generó una crisis de liquidez.
Para perpetrar su plan Saracho llevó al Consejo del día 26 de abril de 2017 la contratación de JP Morgan como asesor del banco. Según el acta de ese día, a la que ha tenido acceso Diario16: «A continuación el presidente informa que conforme consta en el orden del día, se presenta al Consejo de Administración la contratación de bancos asesores en una posible operación corporativa. Dentro de la propuesta se incluye la contratación de JP Morgan. A pesar de no tener un conflicto de intereses, sí que mantiene ciertos vínculos con la entidad, dada la retribución en efectivo y en acciones que está pendiente de recibir de la entidad y por ser accionista de la entidad. Por ello, informa que abandonará la sala para que el Consejo delibere y adopte el acuerdo que corresponda.
» Don Jaime Ruíz [consejero mexicano recientemente fallecido y que revolucionó la investigación con el acta notarial que narraba lo que sucedió el 6 de junio de 2017 en el Consejo de Administración] pregunta cuál sería el mandato y el presidente contesta que como asesores en una posible operación corporativa».
Sin embargo, no cabe duda de que sí existía un conflicto de intereses. Emilio Saracho dijo a Reyes Calderón y a otros consejeros, como se ha contado aquí, que previamente a responder al Popular, tenía que obtener la autorización de JP Morgan para conservar esos derechos que tenía sobre una cantidad que calificó de enorme, en concreto los más de 90 millones de su bonus de jubilación que se señalan en la denuncia anónima no admitida a trámite por el juez Calama.
Para eso viajó a Nueva York el 22 de noviembre de 2016 ¿A cambio de qué consiguió esa autorización? ¿Es acaso JP Morgan una ONG? En ninguna de las actas de los Consejos celebrados desde aquel momento, a las que hemos tenido acceso, se registra una explicación de la respuesta que le dio JP Morgan a Saracho, quien se limitó a llamar a Calderón diciéndole que JP Morgan haría una excepción y él podría conservar sus cuantiosos derechos pese a que él se iba a trabajar a otro banco. Tanto si había obtenido un cobro anticipado de ese dineral o se lo debía JP Morgan, el conflicto de intereses era palmario.
Además, sorprende cómo Saracho mantuvo sus acciones e inversiones en JP Morgan mientras que no adquirió ni un solo título del Banco Popular en el tiempo que ocupó la presidencia de la sexta entidad española, un comportamiento que demuestra, además de falta de lealtad, que utilizó la información privilegiada que tenía en su cerebro dado que conocía de antemano cuál iba a ser el final del Popular.
Es más, en la exposición del Secretario General Técnico, una vez Saracho había abandonado la sala, se dice que la elección recalcaba que en el análisis que hicieron para elegir a JP Morgan como asesor «es clave la confianza institucional», que no era el caso de JP Morgan que no había resultado entre los elegidos para la ampliación de capital de 2016.
Sin duda, en un ejercicio de satisfacer los deseos de Saracho, después de que seis bancos de inversión pasasen la criba inicial (Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS, Citi y Bank of America/Merril Lynch), Citi y UBS se caen de la lista por tener ¡conflicto de intereses en sentido amplio!, sin dar más detalle, y después el secretario General Técnico elimina a Goldman Sachs –el más duro competidor de JP Morgan y de Saracho en su carrera de banquero de inversión- y a Morgan Stanley con una borrosa causa que tiene que ver con el «uso de su Balance», cuando son de los dos principales asesores mundiales de bancos y decide elegir a JP Morgan porque su propuesta es más competitiva.