Banco Santander no es una entidad que se caracterice por su responsabilidad y su compromiso social. Sí, hacen mucho marketing, pero los hechos demuestran que su vocación no es hacer bien a la ciudadanía, sino llenar de millones las cuentas de sus grandes accionistas extranjeros.
La mejor forma de demostrar la responsabilidad social es pagar los impuestos que les corresponden. Sin embargo, el banco presidido por Ana Patricia Botín tiene la obsesiva manía de judicializar contra quien haga falta para incrementar sus beneficios netos.
En España, Banco Santander, junto a Bankinter (el otro banco de la familia Botín), ha sido el más beligerante con el nuevo impuesto de solidaridad a los bancos aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez. La propia Ana Patricia Botín amenazó con una reducción del crédito por un valor de 50.000 millones de euros si se obligaba a pagar al sector bancario 3.000 millones.
Sin embargo, según la documentación remitida a los accionistas de cara a la próxima junta general, los litigios para evitar pagar los impuestos que les corresponde se extienden por todo el mundo, sobre todo en Brasil.
El Santander ha interpuesto acciones judiciales para evitar la aplicación de una ley brasileña que modifica la base de cálculo del Programa de Integraçao Social (PIS) y Contribuçao para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), extendiéndola a todos los ingresos de las entidades y no solo a los ingresos por prestaciones de servicios.
Banco Santander Brasil también ha recurrido ante los tribunales las liquidaciones dictadas por las autoridades fiscales brasileñas. La entidad cuestiona la deducción de las pérdidas por préstamos en el impuesto sobre beneficios en relación con varios ejercicios. El Santander considera que no se han cumplido los requisitos exigidos en la legislación aplicable.
Por otro lado, la entidad presidida por Ana Patricia Botín mantiene varios procesos judiciales contra varios municipios que exigen el pago del impuesto sobre servicios sobre determinados ingresos de operaciones que no se clasifican como prestaciones de servicios.
La filial de Banco Santander en Brasil tiene abiertos varios procesos judiciales contra las autoridades fiscales del país en relación con la sujeción a cotización de la seguridad social de determinados conceptos que no se consideran como remuneración a efectos laborales.
Brasil contra el Santander
Sin embargo, las autoridades brasileñas también tienen abiertos procedimientos contra el banco presidido por Ana Patricia Botín. En mayo de 2003 las autoridades fiscales emitieron actas de infracción contra la actual Santander Brasil Tecnologia y la matriz Banco Santander Brasil en relación con el Impuesto Provisional sobre Movimientos Financieros de los años 2000 al 2002. En la instancia administrativa el proceso se sustanció en condena. El Santander recurrió y sus demandas fueron desestimadas. En diciembre de 2020 se dictó sentencia condenatoria al banco. Actualmente, la sentencia ha sido recurrida ante las instancias superiores.
En diciembre de 2010 las autoridades fiscales brasileñas emitieron un acta de infracción contra Santander Seguros Brasil, actual Zurich Santander BrasilSeguros e Previdência, como sucesor por fusión de la entidad ABN AMRO Brasil dois Participações., relacionado con el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2005, en el que se cuestiona el tipo impositivo aplicado a la venta de las acciones de Real Seguros. El recurso en vía administrativa fue desestimado en el CARF y recurrido ante la Justicia Federal. Como anterior entidad dominante de Santander Seguros, Banco Santander Brasil es responsable de cualquier resultado adverso en este proceso.
Por otro lado, en noviembre de 2014 las autoridades fiscales brasileñas emitieron otra acta de infracción contra Banco Santander Brasil en relación con el impuesto sobre beneficios del ejercicio 2009 cuestionando la deducibilidad fiscal de la amortización del fondo de comercio de Banco ABN AMRO Real practicada con carácter previo a la absorción de este banco por Santander Brasil y admitiendo la practicada con posterioridad a dicha fusión. Actualmente se encuentra recurrido en la Cámara Superior del CARF.