En el año 2009 la República Islámica de Irán fue el primer cliente de las empresas españolas que exportaron material de «doble uso», es decir, de uso civil pero que podría ser utilizado con fines militares. Las compras del país persa alcanzaron en ese año los 67 millones de euros en un momento en que Irán sufría las consecuencias de sanciones internacionales por el temor a que ese material de estuviera siendo utilizado para la construcción de un arma nuclear.
La secretaria de Estado de Comercio del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Silvia Iranzo, afirmó en el Congreso de los Diputados en 2010 que ese material vendido a Irán había sido analizado por España. Sin embargo, si el régimen de los ayatolás no permitía ni siquiera el acceso de observadores independientes, ¿cómo es posible que el Ejecutivo de Zapatero hubiera logrado verificar que a las turbinas, tubos, válvulas y repuestos para maquinaria de la industria petrolífera se les había dado un uso exclusivamente civil?
Sin embargo, la inacción de Zapatero y su Gobierno con las relaciones empresariales y financieras con Irán no quedaba en las exportaciones, sino que durante años no se inició ninguna investigación sobre las operaciones bancarias de presunto blanqueo de capitales que se estaba realizando a través de entidades españolas, dinero que, finalmente, terminaba en bancos iraníes que financiaban el programa nuclear.
El exfuncionario del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Avi Jorisch, publicó un libro sobre los bancos iraníes y el modo en que estaban logrando burlar las sanciones internacionales. En ese libro se exponen una serie de informes de la Fiscalía de Nueva York, aún clasificados en el año 2010 (fecha de publicación), que demostrarían cómo los principales bancos europeos habrían ayudado a Irán a través de un sistema de presunto blanqueo de capitales que terminaba pagando las compras que se hacían del material necesario para el programa nuclear. Entre los bancos españoles que aparecen está el Santander.
A esto se añaden las investigaciones de la Fiscalía de Nueva York iniciadas contra 9 entidades europeas por actividades relacionadas con el lavado de dinero para financiar el programa nuclear iraní, lo que supuestamente estaría violando las resoluciones de la ONU y los embargos de Estados Unidos y la Unión Europea al régimen de los ayatolás.
Los documentos publicados por Jorisch dividen las actividades de las entidades europeas en cinco grupos y en ellos se muestra la presencia del Banco Santander en toda la trama.
En primer lugar, la documentación demuestra cómo el régimen iraní evitó las sanciones internacionales utilizando bancos de terceros países para transferir dinero que presuntamente fue utilizado para financiar el programa nuclear.
En este documento podemos ver cómo el dinero sale de las cuentas iraníes en Citibank o Deutsche Bank en Estados Unidos, algo que es absolutamente legal, pero pasa por el Santander para llegar al Banco Sepah.
En segundo término, la documentación muestra cómo bancos españoles, entre ellos la entidad presidida por Ana Patricia Botín, proporcionaron «servicios» de manera regular a entidades iraníes que se encontraban bajo la lupa de Estados Unidos y la UE por las sanciones internacionales y, por tanto, no deberían haber recibido ningún tipo de «servicio» de ningún banco extranjero.
Por otro lado, los bancos españoles durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero aparecieron también mencionados en resoluciones de Naciones Unidas respecto a las violaciones de las sanciones impuestas por la ONU a Irán por su programa nuclear. El Santander vuelve a aparecer.
Además, en los informes de la Fiscalía de Nueva York recogidos en el libro de Avi Jorisch, se muestra cómo el Santander tenía cuentas con capital iraní que en aquella época deberían haber sido comunicadas puesto que estaba bajo sanciones internacionales.
Dentro de esta parte de la investigación realizada por la Fiscalía de Nueva York hay un aspecto muy revelador. La nomenclatura UN3 colocada al lado de los bancos iraníes con los que trabajaron el Santander y el resto de las entidades españolas significa que se trata de las tres entidades señaladas por la ONU como las responsables de la financiación del programa nuclear, dado que hace una especie de juego de palabras con el uranio enriquecido para uso militar. El hecho de que aparezca con esa nomenclatura es un aviso claro de que se trataba de bancos que estaban violando las sanciones internacionales, no sólo de Estados Unidos, sino también de Naciones Unidas.
Además, el listado de entidades españolas que aparecen en esta investigación sobre la financiación del régimen iraní que coincide con la época en que gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, es el mismo que en una investigación realizada en 2008 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En esa época, las relaciones de algunas entidades españolas con la banca de los ayatolás eran muy fluidas y llevó a la presunta comisión de las violaciones constantes de las sanciones impuestas a Irán por su programa nuclear tanto por Estados Unidos, la ONU y la UE. Sin embargo, el gobierno español no hizo nada ni abrió ningún tipo de investigación, sobre todo cuando había petróleo de por medio y el comercio de crudo afectaría a grandes empresas españolas. Más o menos lo mismo que ocurrió durante años con el petróleo iraquí y Saddam Hussein.
Mientras la Fiscalía española o la Audiencia Nacional no movieron un dedo para investigar a Santander o Aresbank (de la que el banco cántabro tuvo una participación hasta el año 2006) la Fiscalía de Nueva York sí que lo hizo y trató los movimientos de las entidades españolas como de un caso de Estado que financiaba actividades terroristas. Esta es una de las consecuencias de la inacción de Zapatero en este sentido que pudo colocar al país en una situación muy difícil de cara a las relaciones internacionales en un momento de crisis global en el que era muy necesario el buen entendimiento con los socios, sobre todo, en la UE.
