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Batalla judicial del PSOE contra un presunto «Pelotazo Urbanístico» de Almeida

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un recurso del PSOE contra un movimiento en el que los socialistas consideran que el Ayuntamiento habría encontrado una solución que no solo evita la demolición de un edificio ordenada por el Supremo sino que además permite incrementar su edificabilidad

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra lo que denuncian como un claro caso de «pelotazo urbanístico» impulsado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, en Méndez Álvaro. La disputa se centra en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para la creación del Área de Planeamiento Específico «Nuevo Sur Méndez Álvaro», una maniobra que según el PSOE, se ajustaría presuntamente a intereses privados.

El fondo del conflicto radica en una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2015 que obligaba a demoler una ampliación ilegal de una edificación en Méndez Álvaro. Lejos de ejecutar esta demolición, el Ayuntamiento de Madrid parece haber encontrado una solución que no solo evita la demolición sino que además permite incrementar su edificabilidad.

Según el PSOE, esta modificación del plan no se presenta como una maniobra aislada sino como parte de una estrategia que incluye la creación de dos torres de oficinas de hasta 27 plantas y nuevas zonas verdes. Según el acuerdo municipal, esta reestructuración permitiría dividir la parcela actual, cediendo al Ayuntamiento aproximadamente el 72% de la superficie original para dotaciones públicas locales, mientras que el resto se destinaría a usos terciarios.

Desde la perspectiva del Grupo Municipal Socialista, esta operación es una «estafa consentida». Argumentan que la ley exige que cualquier incremento en la edificabilidad debe compensarse con la cesión de una parte de esos metros cuadrados al Ayuntamiento para el desarrollo de servicios públicos. Sin embargo, critican que, al no haber espacio suficiente para estos servicios en la operación planeada, se ha optado por «ceder un equipamiento en el sótano de la zona verde», lo que consideran un arreglo insuficiente y engañoso.

Los socialistas también señalan que esta maniobra no solo afecta a los ciudadanos, al reducir el espacio público y los servicios disponibles, sino que también puede ser perjudicial para empresas implicadas. Según el PSOE, la irregularidad de la operación podría suponer una condena al recorrido judicial que podría resultar en más pérdidas que ganancias.

El caso de «Nuevo Sur Méndez Álvaro» también refleja tensiones más amplias dentro de la gestión urbana de Madrid. Ocho meses después de la aprobación inicial de la modificación por el pleno municipal, la Comunidad de Madrid rechazó el proyecto citando «carencias y deficiencias» que hacían inviable su ejecución. Esta situación evidencia un conflicto entre niveles de gobierno y plantea preguntas sobre la viabilidad y legalidad de las prácticas urbanísticas en la capital.

En respuesta a estos desarrollos, el Grupo Municipal Socialista ha reafirmado su compromiso de recurrir a la vía judicial siempre que consideren que se están vulnerando los derechos de los madrileños. Este no es un caso aislado; recientemente, el partido celebró una victoria judicial con la anulación de la ordenanza de terrazas, un precedente que refuerza su postura crítica frente a la gestión del gobierno municipal actual.

El escenario está pues configurado para una batalla legal significativa que podría tener implicaciones profundas tanto para el desarrollo urbano de Madrid como para la política local. El caso pone de relieve la delicada balanza entre el desarrollo económico y la preservación de los espacios públicos y derechos ciudadanos, en un contexto donde las decisiones urbanísticas pueden tener un impacto duradero en la vida de la comunidad.

A medida que el proceso avanza, la ciudadanía madrileña y los actores políticos observan de cerca, esperando que la resolución de este caso pueda ofrecer un precedente en la lucha contra las maniobras urbanísticas que priorizan intereses particulares sobre el bien común. El resultado podría no solo decidir el futuro de Méndez Álvaro, sino también influir en cómo se lleva a cabo la planificación urbana en grandes ciudades.

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