Casado sigue poniendo como condición para renovar el Poder Judicial que Sánchez eche a Iglesias del Gobierno

Pablo Casado siempre desmiente lo que ha afirmado el día anterior. Si hoy es un purista de la democracia que arremete contra Vox, mañana comprará el discurso franquista de Abascal sobre los “enemigos de España”; si hoy bloquea las ayudas europeas a la reconstrucción para que se hunda el país y poder reflotarlo (o sea la teoría Montoro), mañana negará el sabotaje, jurando y perjurando que él no ha maniobrado nada en contra de los intereses nacionales. Y así todo. La última incoherencia casadista es que ahora dice que nunca ha paralizado la renovación de los altos cargos del Poder Judicial, cuando en realidad lleva meses dinamitando la negociación y negándose a sentarse con Sánchez, ese “traidor” que ha vendido España a filoetarras y separatistas. 

Hoy ha sido su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, quien tras advertir que el PP no va a aceptar “ningún tipo de presión” del Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha expresado la disposición del partido a cerrar un pacto si se “cumplen” las condiciones que han puesto encima de la mesa. Es decir, esto y lo otro en el mismo párrafo; sí y no en la misma frase; pura contradicción en sus propios términos. “El PP nunca ha dicho no a llegar a un acuerdo. El PP lo que ha dicho muy claramente al Gobierno de España es que hay unas condiciones muy claras y esas condiciones han de cumplirse”, insiste Montesinos.

Con un jefe de la oposición que practica la ambigüedad como libro de estilo no se puede ir ni a la esquina, de manera que Sánchez ha decidido seguir a lo suyo y tirar para adelante con la reforma exprés que en el futuro evitará bloqueos partidistas y el secuestro de la Justicia para utilizarla como juguete político en beneficio propio. Ese y no otro es el auténtico objetivo de la nueva regulación, que rebajará las mayorías parlamentarias a la hora de proceder a la renovación de la cúpula judicial. La Unión Europea le ha dicho al Gobierno de coalición que para cualquier modificación legal en ese sentido deberá contar con la oposición bajo riesgo de quedar como chavista bolivariano pero, ¿qué más se puede hacer con un hombre como Casado que lo torpedea todo y se resiste a cualquier tipo de diálogo o consenso por el bien del país?

De momento, PSOE y Unidas Podemos ya han registrado en el Congreso de los Diputados una nueva proposición de ley para limitar las funciones de un CGPJ caducado como es del Carlos Lesmes, que dicho sea de paso tampoco parece tener demasiada prisa el hombre por solucionar el problema. Lo único cierto a estas alturas es que el Partido Popular es capaz de utilizar un pilar esencial de la democracia, como es la Administración de Justicia, para hacer tacticismo, estrategia y chantaje al Gobierno. La obligación de Casado es sentarse a negociar, tal como establece la Constitución que dice idolatrar, y dejarse de cuentos. La separación de poderes y la independencia judicial son principios sagrados de la democracia y a Casado debería darle vergüenza mercadear de esa manera tan descarada con un asunto tan serio. ¿Pero qué podemos esperar ya del líder de un partido heredero de aquella Alianza Popular fraguista algunos de cuyos diputados dijeron no o se abstuvieron cuando tocó votar la Carta Magna?

Montesinos, pregonero de las mentiras de Casado, insiste en las tres condiciones del PP para sentarse a negociar. En primer lugar, la retirada de la reforma judicial de PSOE y Unidas Podemos; segundo, que Pablo Iglesias “no entre en la ecuación de las negociaciones”; y en tercer término que “se avance hacia la despolitización de la Justicia”. “Las tres condiciones que el presidente Casado ha planteado al Gobierno de España y el Partido Socialista están muy claras. Nuestras cartas están boca arriba”, alega Montesinos, que cree que su partido ha sido “coherente” en todo el proceso. Lo raro es que, para terminar de hacer el pacto todavía más inalcanzable, el PP no le haya puesto a Sánchez cláusulas mucho más severas antes de firmar un acuerdo, como el rechazo de los indultos a los soberanistas catalanes actualmente en prisión −que podrían quedar libres antes de las catalanas de febrero−, y que Iglesias se corte la coleta.

Una vez más, nos encontramos ante una reprobable práctica maquiavélica típica del filibusterismo político, ya que si bien es cierto que la primera y la tercera condición serían asumibles sin mayores problemas para Moncloa, exigirle a Sánchez el imposible de que aparte a Iglesias de la negociación es tanto como obligarle a romper el Gobierno de coalición y a convocar nuevas elecciones. O sea, que Casado le está pidiendo al presidente que se coloque la soga al cuello y se suicide políticamente. Ningún gobernante sería tan tonto como para aceptar el plan-trampa del líder popular (mucho menos Sánchez que ha dado sobradas muestras de astucia en el arte del trilerismo o póquer parlamentario). Negociar de una forma sincera y leal es lo contrario a poner trabas y obstáculos todo el rato, como hace Casado. Para haber pasado por la escuela de ciencias políticas de Harvard, su idea del diálogo en busca de acuerdos no deja de ser ciertamente peculiar. De cualquier manera, siempre nos quedará el optimista ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que da por cerrado un acuerdo Gobierno/PP quizá para Reyes. De momento, la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, lo niega tajantemente. Lo dicho: casadismo al poder.