Se acerca el tercer aniversario de uno de los hechos másgraves de la historia de la banca española y de la política de la Españademocrática, la expoliación del Banco Popular a sus accionistas, clientes yempleados en favor del Banco Santander, mediante su resolución.
A estas alturas la solvencia y viabilidad del Popular sonhechos incontrovertidos, probados en el informe de los peritos del Banco deEspaña: más de 11.000 millones de patrimonio y una capacidad para generar 1.150millones de beneficios ordinarios recurrentes. Todo esto se fue al garetemediante un proceso colmado de irregularidades y se entregó por un euro al BancoSantander más 2.000 millones de obligaciones que se amortizaron de manerairregular, según la documentación que obra en poder de Diario16.
Para entender este expolio, la lentitud de la instrucción delas causas en la Audiencia Nacional y la apertura de un frente de reclamacionesa los directivos históricos del Banco, que nada tuvieron que ver con laresolución de un banco solvente y rentable, hay que entender los diferentesintereses en juego que propiciaron el desgraciado final del Banco Popular.
Hay que evitar las anécdotas y los lugares comunes ycentrarse en lo fundamental. Sirva como resumen introductorio que la catástrofe(dolorosa para 1,2 millones personas) de la resolución del Popular se debió ala confluencia de dos intereses principales: salvar al Santander y tapar lainvestigación de la pieza separada Cantón, dentro de la Gürtel.
A esto hay que añadir que los verdaderos muñidores de laoperación —el Santander, Luis de Guindos, Sebastián Albella, Luis María Linde,Jaime Ponce y Fernando Restoy— utilizaron la vehemencia del accionista mexicanoAntonio del Valle que ansiaba hacerse con la presidencia del Popular.
Unos y otros, conscientes unos y ávidos de un dinero fácilotros, contrataron a un ejecutor, Emilio Saracho que, en menos de seis meses, destruyóal Popular Español y, con él, a 305.000 familias del Estado español, de losque, por cierto, no se preocupa ningún partido del Congreso de los Diputados y,con ellos, hasta ahora la mayoría del poder judicial. En este caso, losasesores políticos, en sus decisiones de gobernanza, no se van a equivocar enmarcar los tiempos, porque siguen manteniendo de forma absolutamenteincomprensible el apoyo a una Justicia injusta.