Antonio del Valle, el banquero mexicano y uno de los máximos accionistas del Banco Popular, ha puesto contra las cuerdas al juez José Luis Calama Teixeira y al fiscal Antonio Romeral, quienes, desde octubre de 2021 dejaron de investigar las irregularidades reales que llevaron a la entidad a la resolución, irregularidades que se produjeron a partir del segundo trimestre de 2017. Sin embargo, tanto el juez como el fiscal decidieron tirar dos años de instrucción a la basura centrándose en aspectos anteriores a la llegada de Emilio Saracho que no tienen causalidad alguna con la resolución.
Según el escrito de Del Valle, al que ha tenido acceso Diario16, la formulación de las cuentas se hacía sobre la base de información de los técnicos y ejecutivos del banco, asesorados por despachos de primer nivel, contratados por el banco. Además, todo estaba supervisado la comisión de auditoría y la labor de los ejecutivos venía siempre refrendada por los auditores, bufetes de abogados de primer nivel, el supervisor y la CNMV.
Respecto a la ampliación de capital de 2016, el escrito de Del Valle señala que se informó en el Consejo que la ampliación de capital tenía como objetivo mejorar la cobertura de los NPL, a fin de equipararla a la media del sector, pues al estar por debajo de esa media y aunque eso no implicaba ningún requerimiento, afectaba a la cotización de la acción y a la percepción de los analistas y supervisores.
Además, se indica que la necesidad de incrementar el nivel de cobertura había sido discutido con el BCE, que promueve la reducción de activos no rentables y el aumento de oberturas.
Respecto a las provisiones, se indica que se informó al Consejo que las provisiones del banco siempre se hablan realizado correctamente y que su incremento hasta llegar a la media del 50% obedecía a la necesidad de cumplir la nueva normativa y las expectativas de inversores y supervisores.
Por otro lado, las provisiones realizadas por el banco contaban con la aprobación y conformidad de los auditores y asesores externos justificando la necesidad de su incremento en el futuro normativo y las expectativas del supervisor y los inversores.
Además, las estimaciones de las provisiones se hicieron conforme al modelo interno del banco y a la normativa en vigor ya que no estaba en vigor la circular 4/2016, ni la inspección en curso del BCE.
El escrito de Antonio del Valle es muy contundente al referirse al estado de las cuentas de 2015 y deja en muy mal lugar la estrategia de instrucción aplicada por el juez Calama desde octubre de 2021. Señala que el informe de los peritos del Banco de España confirma que esas cuentas eran acordes a los criterios contables contenidos en la normativa en vigor en ese momento y que la cuentas de 2016 reflejaban los resultados registrados de acuerdo a la normativa contable que entró en vigor en las cuentas de ese año de forma prospectiva, no retrospectiva.
En referencia a la resolución, el escrito presentado por Antonio del Valle es muy duro al hacer referencia a las actas, la intervención del despacho Uría y Menéndez, la falta de información y ocultamiento de las consecuencias de la declaración de inviabilidad, llegando a decir que los consejeros del Banco Popular declararon la inviabilidad sin que previamente se les explicaran la verdaderas consecuencias y que no fueron conscientes porque no se les explicó que el envío de la carta al BCE declarando a la entidad likely to fail estaba autorizando la resolución. Es decir, se pone de manifiesto la existencia la falta de un verdadero consentimiento por miembros del Consejo, señalando además que las actas no reflejan lo que allí se discutió.
Eso sí, Del Valle no cuenta el ataque de los bajistas que, tal y como publicamos hace más de 6 años en Diario16, fue dirigido por él, al igual que sus relaciones con determinados medios para empezar a sacar informaciones negativas o las propuestas que se le hicieron a Ángel Ron para vender el banco. Tampoco se señala el acta del 12 de diciembre de 2016 en la que se señala lo anómalo de la sucesión, de los correos de Reyes Calderón o de los movimientos para la contratación de Saracho. Es muy posible que Ángel del Valle creyera que Saracho trabajaba para él cuando, en realidad, lo estaba haciendo para otro y no hay que mirar más lejos del resultado de su presidencia: 16.000 millones a cambio de 1 euro.