Tal y como publicamos en Diario16, Antonio del Valle presentó un escrito en la Audiencia Nacional en el que reclama el sobreseimiento de la causa.
En dicho escrito, al que este medio ha tenido acceso, se dedica un apartado al proceso de resolución y, para ello, utiliza la declaración que Jaime Ruiz Sacristán realizó en la Audiencia Nacional unos días antes de declararse la pandemia y de fallecer por Covid-19.
Los extractos de esa declaración muestran que todo el proceso de resolución nace de un procedimiento plagado de irregularidades que, en cualquier estado de derecho que se precie de llevar ese nombre, ya habrían servido para anular la resolución y la devolución del banco a sus accionistas.
«A pesar de que el Sr. del Valle ya no formaba parte del Consejo de Administración del Banco cuando éste fue resuelto, introducimos este apartado a los únicos efectos de mencionar que tanto el Informe de los Peritos del Banco de España de 8 de abril de 2019, como el acta de manifestaciones otorgada por D. Jaime Ruíz Sacristán el 3 de agosto de 2017 ante Notario, aportada a la causa por su defensa mediante escrito de 10 de marzo de 2020, permiten concluir: (i) que las causas de la resolución del Banco no están en los hechos que se imputan a los consejeros del Banco y mucho menos son imputables al Sr. del Valle y (ii) que los consejeros que el 6 de junio de 2017 no fueron informados en ningún momento de las consecuencias que esa comunicación iba a traer, ni mucho menos de que el Banco fuera a ser vendido en el marco de una resolución al Banco Santander por 1 euro», señala el escrito.
La declaración de Ruiz Sacristán se produjo el 6 de febrero de 2020 y, en ella, se dice que la carta en la que se declaraba la inviabilidad, la que contiene la presunta firma falsa de Saracho, no hacía referencia, precisamente a la inviabilidad del Banco Popular.
«Esa carta no dice inviable, dice likely to fail porque está hecha en inglés. Se discutió el contenido de esa palabra y por eso yo pedía que se incluyese en la comunicación likely to fail en relación a la iliquidez de la institución. Pero esa carta, el final de esa carta, no lo vimos... Ya se redactó y lo envío el Sr. Saracho», declaró Ruiz Sacristán.
Más adelante, a preguntas del juez Calama, se reconoce que lo que se incluyó en el acta de la reunión del Consejo de Administración del Popular celebrada el 6 de junio de 2017 no reflejaba lo que sucedió porque, entre otras cosas, se hablada de «una situación ahí muy rara de las reservas y las provisiones y cosas que nunca platicamos en el Consejo». Joaquín Hervada reconoció que el acta era parcial y que no reflejaba las intervenciones de los consejeros.
El acta de un consejo de administración de una empresa cotizada es algo muy serio pues ahí quedan reflejadas todas las deliberaciones realizadas para la toma de decisiones. La del Popular de ese día 6 de junio de 2017 no reflejaba «los comentarios de los consejeros, cuando una situación tan relevante como aprobar una carta de estas, no refleja exactamente lo que dijo el Abogado del despacho Uría y se concentra en esa acta en hablar de toda una historia que se inicia de tantos millones de euros de provisiones, etc. que no lo tratamos en ese momento, o sea, no se trató».
Además, Ruiz Sacristán fue muy claro al afirmar que en la reunión no se habló en ningún momento de resolución y, esto es lo más importante, los consejeros no autorizaron a Saracho a que enviara ninguna carta en la que la idea fuera iniciar la resolución del Banco Popular.