Caso Popular: el «matrimonio en gananciales» de CNMV y Santander

Tal y como hemos referido en multitud de ocasiones en Diario16, la finalidad principal de la resolución del Banco Popular fue el rescate al Santander, un hecho que contó con la connivencia de todo el aparato del Estado, tanto del Ministerio de Economía de Luis de Guindos —y todos los organismos dependientes de él— como de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La presunta utilización de información privilegiada por las administraciones públicas para la retirada masiva de depósitos el primer día laborable tras el inicio del Proyecto Hipócrates, que está siendo investigada por la Justicia, la no autorización por parte de la Secretaría de Estado del Tesoro del Proyecto Sunrise, la pasividad de la CNMV a la hora de paralizar la cotización tras los ataques indiscriminados de las posiciones bajistas —algo que sí hizo con Liberbank—, la aprobación de la venta del Popular por un euro por el Banco de España un día antes de que fuera resuelto, son algunos de los puntos que muestras esta presunta implicación del Estado en el rescate del Santander.Sin embargo, la relación entre la CNMV y el banco presidido por Ana Patricia Botín se ha convertido en una especie de «matrimonio en régimen de gananciales», sobre todo tras la llegada de Sebastián Albella a la presidencia del supervisor de los mercados. Existe un documento de más de 1.000 páginas que ha sido entregado a la Justicia, analizado por los tribunales y no rechazado en el que se muestra la realidad del Santander y para qué se utilizó en realidad la ampliación de capital que, supuestamente, estaba destinada a « reforzar y optimizar la estructura de recursos propios del banco para dar adecuada cobertura a la adquisición del 100% del capital social del Popular» una vez que fue adquirido por un euro, según se afirmaba en el Hecho Relevante del 3 de julio de 2017. En verdad, esos más de 7.000 millones de euros fueron destinados a otro fin del comunicado a la CNMV y, por tanto, el Santander presuntamente mintió. Albella, como ya ha hecho en otras ocasiones —tuit Ana P. Botín en referencia a DIA o la comunicación sobre la contratación de Andrea Orcel—, ni siquiera ha abierto expediente ni, por supuesto, iniciado una investigación.Sin embargo, son los propios datos del Santander los que demuestran que esos más de 7.000 millones de euros fueron utilizados para otra cosa. El Informe de Auditoría y Cuentas del banco cántabro del ejercicio 2017, sorprende por el hecho de que, a pesar de esa ampliación de capital y de los más de 8.000 millones que declaran de beneficios, el patrimonio neto de la entidad presidida por Ana Patricia Botín sólo se incrementó en 4.134 millones de euros, casi la mitad de los beneficios netos declarados.La razón de estas cifras, tan sorprendentes desde un punto de vista financiero y contable, es apreciable en la página 25 de dicho Informe de Auditoría donde, en el epígrafe «Otros resultados Globales» hay un cargo de 7.320 millones de los que 7.232 están encuadrados en el apartado «Elementos que pueden reclasificarse en resultados». La partida más importante es la destinada a la conversión de divisas, donde se cargan más de 8.000 millones de euros. Es clave el hecho de que, por otras partidas, el cargo neto sea el anteriormente indicado.El Santander decidió no transferir esos datos negativos a los resultados del ejercicio 2017 porque, de haberlo hecho, el banco cántabro habría dado sólo 881 millones de beneficio pero que habría sido negativo si sólo se toman las cifras de la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Por tanto, los accionistas del Santander habrían tenido pérdidas.Por tanto, el banco cántabro presuntamente utilizó la ampliación de capital para una finalidad diferente de la anunciada al mercado. Ante esta situación que se pudo comprobar en los propios resultados del Santander del ejercicio 2017, la CNMV no hizo nada.