Cada día que pasa y son ya más de 1000 días, está claro el por qué el PP se niega a renovar el ya caducado Consejo General del Poder Judicial. La derecha política ha concebido, y así lo utiliza, al máximo órgano de los jueces como parte de la oposición al gobierno.
Más allá de las consabidas propuestas neoliberales, el PP se muestra incapaz de ofrecer propuestas realistas a los múltiples problemas que aquejan al país, sobre todo a las de calado de protección social y de desarrollo de derechos a los más desprotegidos. Para soslayar dicha incapacidad no pone reparo alguno en utilizar al CGPJ, gracias a la composición actual del mismo, para oponerse a las iniciativas legislativas del Gobierno. El PP se niega a renovar el CGPJ para desde allí hacer política y la composición actual de dicho órgano así se lo permite.
Cerca de un año ha tardado el CGPJ en emitir el pertinente, aunque no vinculante, informe jurídico sobre la nueva ley de la vivienda. Ha trascendido el avance del informe, en el que el CGPJ muestra su reparo por encontrar sesgos ideológicos en la ley.
Al parecer les asombran y no admiten que un gobierno imponga sesgo ideológico en sus propuestas legislativas, ¿para qué si no le han votados los ciudadanos? Los ciudadanos con sus votos hacen que se gobierne de una forma u otra en función de los resultados. Pero no se asombran ni les causa reparo que sean elegidos para el cargo de vocal del CGPJ principalmente en función de sus afinidades políticas.
Sus doctas señorías, bien cebadas con fondos y recursos económicos públicos y ajenos absolutamente a la realidad, sin embargo, no ponen reparo en prestarse como herramienta eficaz para oponerse al Gobierno y dar munición política a la oposición, en este caso a la derecha, devolviendo de esta manera el favor que hace que sean miembros del órgano judicial y que sigan siendo, aunque dicho órgano lleve más de mil días caducado.
A los miembros del órgano de Gobierno de los jueces no les preocupa en demostrar la falta de imparcialidad de un órgano cuya principal labor es la de garantizar la imparcialidad de la Justicia. El descrédito de la justicia y la desafección ciudadana a la misma vienen desde arriba y caen en cascada hasta el más de los recónditos de los juzgados.
El PP ha anunciado recursos contra el reparto de los fondos europeos en las comunidades autónomas y ayuntamientos. De esta manera ya lo han anunciado las comunidades autónomas de Galicia, Madrid, CyL, Murcia y Andalucía, casualmente todas gobernadas por el PP.
No apuesten por el sentido favorable del dictamen del CGPJ a la norma que regulará dicho reparto, porque a buen seguro que perderán.