El ministro Escrivá ha sacado la calculadora y se ha echado las manos a la cabeza al comprobar que no hay dinero en las arcas públicas para sostener las pensiones a medio plazo. Una vez más, nos encontramos ante otro gran problema endémico de este país que viene a sumarse a la gran tragedia nacional que supone la pandemia. El desastre de las pensiones se veía venir desde hace años, pero los dos grandes partidos han ido aparcando el asunto de forma irresponsable o lo han utilizado como arma arrojadiza para sus habituales trifulcas políticas. El Pacto de Toledo aprobado en abril de 1995 pretendía ser una mesa de trabajo y de amplio consenso social para el “análisis de los problemas estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse”, pero finalmente ha quedado en papel mojado, en buena medida por la actitud obstruccionista del Partido Popular, que fiel a su máxima ultraliberal no intervencionista jamás ha querido reformar nada. El PP nunca fue un partido político sino una gran multinacional dedicada a sus negocios y espionajes más que a resolver los problemas de los ciudadanos.
Ahora que el Pacto de Toledo amenaza defunción, la principal medida que se le ocurre a nuestro Gobierno para mantener el sistema de pensiones es alargar la edad de jubilación, es decir, poner a trabajar a los españoles en la vejez cuando lo que se merecen tras treinta o cuarenta años en el tajo es retirarse para disfrutar de la familia y de los últimos años de la vida. En palabras del propio ministro, para superar el bache de las pensiones se debe fomentar el retraso en la edad de jubilación, incrementando los incentivos económicos a las empresas y reforzando fórmulas que permitan a una persona compatibilizar el cobro de la pensión y seguir trabajando más allá de los 67 años. Todo lo cual, y ahí está el problema de fondo, recuerda más a la mano invisible de Adam Smith que al intervencionismo público de John Maynard Keynes.
Según Escrivá, “tenemos un exceso de jubilación anticipada voluntaria”, mostrando una vez más su obsesión por el fraude laboral y anticipando una penalización de las prejubilaciones. Pero vayamos a los datos reales. La edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8, en línea con los países europeos de nuestro entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es del 35,4 por ciento, también en los parámetros homologables. Hasta ahí todo correcto. Sin embargo, cuando vemos lo que invierte el Estado en mantener las jubilaciones de nuestros mayores concluimos que el gasto en pensiones en España es del 10,9 por ciento, frente a la media del 12,4 por ciento del resto de países. Para el ministro Escrivá, este dato no supone una anomalía ni un problema de sostenibilidad, sin embargo, desde cualquier perspectiva económica socialdemócrata podría decirse coloquialmente que ahí está la madre del cordero. España invierte menos que la media de la UE en gasto en pensiones cuando estamos hablando de un pilar básico del Estado de Bienestar, quizá el más importante. A este déficit se une que los salarios en países como Luxemburgo, Alemania y países nórdicos son sensiblemente más altos, de manera que las pensiones también son mucho más potentes. No hace falta recordar que hasta que llegó el covid-19 nuestro país había vivido del turismo, los famosos sueldos de los precarios camareros que cuando llega la hora del ansiado retiro se convierten en una pensión tercermundista. O dicho de otra manera, el jubilado alemán puede comprarse una gran casa en Mallorca con su paga estatal y sus ahorros de toda la vida mientras que a un pensionista español la prestación le da para una semana de vacaciones en Berlín (con suerte) y poco más. Es decir, cuando comparamos nuestras pensiones con las que se perciben en la Europa rica estamos hablando de galaxias distintas.
Sin pretender descender a los números y a los tecnicismos (eso se lo dejamos al ministro Escrivá que sabe mucho más de la materia) es evidente que una vez más, como todo en la vida, nos encontramos ante una cuestión política. Es de puro sentido común que un país que aplica recetas socialdemócratas de redistribución de la riqueza y gasto público permite que sus ciudadanos puedan gozar de un mayor nivel de renta y bienestar, tanto durante la vida laboral como al término de ella. Sin embargo, si todo se deja a la selección natural, a la voracidad de los mercados y a la ley de la selva del dinero, pasa lo que está ocurriendo en España: que no tenemos recursos ni para mantener a nuestros mayores. Todo es política en la vida, lo apuntó muy bien Gabriel Rufián ayer durante la sesión de control al Gobierno: los Presupuestos Generales del Estado son la música del proyecto y no es lo mismo gobernar con un partido como Ciudadanos, que va de la mano de la extrema derecha y de las élites económicas, que con Esquerra; no es lo mismo gobernar con partidos ultraliberales que con partidos progresistas. De ahí el “aguanten” del líder catalán.
Una sociedad es tanto o más avanzada cuanto mayor es el nivel de renta que disfrutan sus mayores. Conviene recordar lo que ocurrió en la anterior crisis de 2008, cuando las cuentas públicas se vieron al borde la quiebra, al igual que la banca privada, y fueron precisamente las pensiones de nuestros jubilados las que ayudaron a mantener la supervivencia de millones de familias, evitando así un auténtico colapso social. La gran injusticia está en que hoy los bancos no han devuelto los 70.000 millones del rescate de Rajoy mientras a los trabajadores se les condena al infierno de una paga miserable.
Por eso extraña que un partido como el PSOE insista una vez más en la trampa liberal. Por eso pone los pelos de punta que alguien como Escrivá, que forma parte de un supuesto Gobierno de izquierdas, pueda avanzar alegremente que se está trabajando en un acuerdo para introducir “planes de pensiones privados ligados al empleo a través de la negociación colectiva”. Esa música gustará mucho a las empresas, pero es un desastre para el trabajador y el pensionista. El PSOE no debería salirse del programa trazado con Unidas Podemos en aquel Pacto del Comedor que ahora, tras la pandemia, parece cosa de la prehistoria. Por tanto, sistema impositivo fuerte que grave a las rentas más altas y a las grandes fortunas; subida de los sueldos raquíticos de los trabajadores para aumentar las cotizaciones y reactivar el consumo; y control del fraude fiscal y laboral y de los privilegios de la banca y las grandes fortunas. No hay otro camino para garantizar el futuro de las pensiones y lo contrario es engañar al ciudadano y entregar el país al neoliberalismo rampante que ya sabemos a dónde conduce: al nuevo esclavismo de las clases trabajadoras y al hundimiento del Estado de Bienestar.
