Tendemos a creer que el pasado es un país extraño. Eso, en parte, es así. Nuestros antepasados tenían otra forma de pensar. Sin embargo, ellos también tenían nuestras mismas necesidades básica: comer, beber, vivir bajo un techo… Ahora nos preocupa, por ejemplo, el desmesurado precio de los alquileres. Este era también uno de los problemas de España bajo la Segunda República, por lo que entonces se generaron protestas en ciudades como Sevilla, Cádiz o Huelva.
En el verano de 1931, la CNT, el sindicato anarquista, convocó una huelga de alquileres en Barcelona que encontró el apoyo de 100.000 familias obreras y se prolongó a lo largo de varios meses. El gobierno, aunque era de izquierdas, al menos en teoría, desató una enérgica represión contra los protagonistas de las movilizaciones, tal como nos explica la hispanista Helen Graham. Las autoridades recurrieron a viejos procedimientos, como las detenciones preventivas, la censura de prensa o la prohibición de mítines o la censura el incipiente gobierno. Un cuerpo policial de nueva creación, la Guardia de Asalto, se ocupó de los desalojos. No parecía, a primera vista que las cosas hubieran cambiado demasiado respecto al tiempo de la monarquía. Una vez más, quien estaba al mando esgrimía el “principio de autoridad” contra los más débiles. Todo para defender los intereses de las clases medias.
En diciembre de 1931, la ley hizo posible que los inquilinos solicitaran a los propietarios una reducción de los precios. Matthew Kerry, en Un pueblo revolucionado (Comares, 2024), nos dice que esta medida facilitó la aparición de ligas de inquilinos por todo el país. Estas organizaciones, en el nuevo contexto político, encontraron el terreno abonado para crecer en multiplicarse. Así, en mayo del año siguiente, ya habían constituido en Asturias una federación regional. Las mujeres, en este tipo de movilizaciones, tuvieron un protagonismo decisivo. Se ponían en acción porque sus familias tenían que pagar una renta desmesurada y eso hacía que sus hijos fueran descalzos y mal alimentados.
Las reivindicaciones se formularon con distintos grados de radicalidad. Por lo general, los inquilinos prefirieron las negociaciones o arreglar las diferencias por la vía judicial, es decir, sin violencia. Los caseros, sin embargo, tendían a rechazar con intransigencia cualquier pacto. Preferían medidas de fuerza como la subida de los alquileres o los desahucios. A su juicio, toda la culpa la tenía la República por interferir en su derecho a disponer de sus inmuebles según su capricho. Estaban acostumbrados a que, en el mercado inmobiliario, la regulación brillara por su ausencia.
La cuestión social, de esta manera, afectaba profundamente al funcionamiento de la democracia. En la actualidad, casi cien años después, nos encontramos con similares desafíos. ¿Puede funcionar el sistema si la libertad no va acompañada de la igualdad? La República se enfrentó a graves problemas y no siempre fue capaz de dar una respuesta operativa. Ayer, como hoy, la gente deseaba una solución para cuestiones que no admitían demora. La enseñanza histórica es la misma para ambos periodos: cuando los políticos no atienden al pueblo, los demagogos amenazan con hacerse los amos.