El pasado día 10 de diciembre se hizo pública la sentencia a Banco Santander, a quien la Justicia condenóa pagar a Andrea Orcel 68 millones de euros.
Por mucho que el banco presidido por Ana Patricia Botín anuncie que va a recurrir, lo cierto es que todos los españoles fuimos testigos de los hechos por los que el señor Orcel llevó a la entidad cántabra a los tribunales. Todos vimos la presentación del nuevo consejero delegado, realizada personalmente a bombo y platillo por la señora Botín, un anuncio que abrió telediarios y protagonizó portadas de periódicos, tanto en papel, como digitales.
También fuimos testigos de cómo los múltiples “palmeros” de la señora Botín, cuando caprichosamente decidió rescindir el contrato del banquero italiano, en vez de destacar lo escandaloso de la situación, se dejaron utilizar gustosamente para desacreditar a Andrea Orcel de quien, personalmente, reconozco no conocer nada de su condición humana.
Sin embargo, sí admito conocer en profundidad y, más aún, poseer, documentación con la que acreditar que el Banco Santander presidido por doña Ana Patricia Botín fue capaz, sin escrúpulo ético ni humano, directa o indirectamente, de llevar a cabo la operación diabólica más cruel e injusta de la historia financiera de España con la que se llegó a sustraer a más de 305.000 accionistas del Banco Popular Español el valor integro de su patrimonio en dicho banco. Con ello, vía la colaboración de una decisión política por parte de su íntima amiga, la ministra Calviño, llevó al haber del Santander, con la ligereza preocupante, o presuntos contubernios, según las propias declaraciones del señor Jaime Pérez Renovales en este caso, de gran parte de los administradores de justicia de las diferentes jurisdicciones jurídicas, bienes, propiedades, herencias y fortuna de miles de pequeñas, medianas y grandes empresas y de centenas de miles de españoles y españolas.
Ahora, la presidenta del banco cántabro ha llegado a reprochar, incluso, que ante la trampa de que fue víctima, el banquero europeo de nacionalidad italiana optase por grabar la conversación y defenderse legítimamente.
Pues bien, ya hay sentencia pero, además del resultado de la misma y de la obligada felicitación al señor Orcel y a su abogado, habrá que hacer un análisis más profundo de la situación.
Estamos viendo últimamente titulares de periódico que apuntan al expresidente del BBVA por el daño reputacional que supuestamente supone para la entidad el Caso Villarejo. No obstante, este caso no es nada comparado con la pérdida de 68 millones de euros propiciada directa y únicamente por el capricho y la impericia de la presidenta del Santander y su asesor áulico, el mencionado Pérez Renovales. ¿Nadie va a dimitir?
Evidentemente, Ana Patricia Botín no es su padre, quien jamás habría cometido tan descomunal y evidente error. Don Emilio hubiese conseguido sacar una nueva doctrina Botín. Tampoco Pérez Renovales es el más apropiado para el puesto que ocupa. Un banco no es lugar para Abogados del Estado sobrados de soberbia y faltos de conocimiento del negocio que acuden a visitar al señor Orcel para ofender a nuestro Estado de derecho constitucional y democrático espetando al banquero italiano “que en España el Banco Santander solo pierde los pleitos que quiere perder”.
Un banco requiere de dirigentes prudentes, en este caso discreta, que tenga muy claro que la ganancia se la dan esos pequeños clientes, a quienes a menudo desprecian, porque se sienten únicos dueños o influyentes de un sistema que favorece su ego malo y beneficia su patrimonio socialmente injusto y deshumanizado. Pero, por favor, doña Ana, no utilice ni el feminismo de la igualdad real ni la conciencia social .
¿Alguien se ha parado a pensar qué participación tiene la familia Botín en el banco o cómo fue designada su presidenta como sucesora de su padre, con la simple apertura por Rodrigo Echenique de una carta que dicen señalaba a doña Ana como la heredera? Me pregunto, ¿no tiene nada que decir sobre lo ocurrido el BCE y el amigo del alma de la señora Botín, Luis de Guindos, a las sazón vicepresidente del BCE? ¡Qué vara de medir tan especial se le aplica a esta entidad y a esta señora!
En todo caso, convendría recordar al señor Pérez Renovales que en España todavía quedan jueces honrados y trabajadores a los que no impresiona tanto el Santander, ni el señor Pérez Renovales, que ya no está, por cierto, detrás de la ex responsable del CNI, la señora Soraya Sainz de Santamaría, su antigua jefa.
Quizás convendría también que los pequeños accionistas del Banco Santander supieran que los asesores de toda esta comedia, que negaron la existencia de contratos y compromisos y defendiendo ante los tribunales al Banco Santander, forman parte de un despacho de profesionales distinguidos, formados, repleto de nombres o apellidos que medran en muchísimos juzgados del Estado y que, por su solo nombre, se les permite facturar hasta sin IVA.
Es conocido que ese prestigioso y privilegiado despacho profesional de cabecera del Santander es el estratega y el ejecutor en muchas ocasiones del propio sistema existencial del Banco Santander.
Sin ir más lejos, fue el cerebro estudioso, teórico, mental, especulativo y fundamental sin el que no se entendería la operación diabólica del Popular. ¿Cómo es posible que nadie se cuestione el papel de este despacho en el escandaloso caso del Popular y que se vea como algo natural que el mismo despacho que asesoró a Emilio Saracho y gestionó el Popular durante las semanas que condujeron a su resolución, sea el despacho que defiende al Santander en la Audiencia Nacional en este mismo caso?
Uría no sólo asesoró a Saracho para llevar el Popular a la resolución, como demuestran cientos de documentos presentados por este medio a la Audiencia Nacional, sino que defiende al Santander contra los directivos del Popular a los que demandó sin causa alguna, sólo para poner sobre ellos la sombra de la duda ante la opinión pública.
Esa estrategia la diseñó el despacho en cuestión instruyendo a Saracho en cada momento de la operación, con el apoyo del FROB, Ministerio de Economía, Presidencia del Gobierno, la JUR y el BCE, según consta en múltiples documentos que existen en los diferentes procedimientos de oposición, así como en el Proyecto Noya o venta del banco, derechos económicos de los directivos y cuarta línea de defensa.
La implicación de los asesores de Saracho fue tal que redactaron, entre otros documentos, la nota presentada al Consejo del Popular, presionando para que el día 6 de junio de 2017 se declarase la inviabilidad de un banco solvente, interviniendo en el propio consejo con la finalidad de asegurarse tal declaración, absolutamente irregular.
La implicación en las decisiones finales de Saracho fue absoluta, incluyendo la sustitución del departamento de comunicación, del departamento de análisis y estudio de la liquidez de la entidad.
¿Están de acuerdo los accionistas de Banco Santander en sostener esta situación que llevó a más de un millón de españolas y españoles a la ruina económica y emocional? ¿Esto es solidaridad? ¿Es conciencia social? ¿Es beneficio, en el caso que lo consigan, ético y lícito?
Por mucho que diga el Abogado General de la Unión Europea (algún día habrá que hablar de eso), lo del Banco Popular tiene un nombre, enriquecimiento injusto del Banco Santander, al entregarle por 1 euro (realmente por -2.000 millones que se anotaron el mismo día de la compra) un banco solvente, con valor de 11.000 millones de euros, para tapar los agujeros y los problemas, los muchos problemas, que tiene el Banco Santander.
En fin, estas son algunas de la razones para que la Justicia siga actuando con ética y razón sin miedo, más aún para que actúe el Gobierno al completo del Estado español, socialdemócratas, progresistas de izquierda e, incluso, neoliberales, porque existen 68 millones de razones, incluidas las del Vaticano de Pablo VI, que todos los españoles y españolas hemos visto. Ya está bien de sacrificar a España y lo que haga falta para “tapar” las vergüenzas de las dictaduras privadas de un banco que tiene mucho que auditar.