Duro Felguera, la empresa asturiana de ingeniería, logrará el rescate de 120 millones de la Sociedad Estatal de Participaciones Empresariales (SEPI) que será cargado a los fondos especiales aprobados por el Gobierno para que las empresas estratégicas pudieran recuperarse de las consecuencias de la pandemia.
Para que la solicitud de rescate haya tenido éxito ha sido fundamental la participación de Acento, la empresa fundada por el exministro socialista Pepe Blanco y que cuenta entre sus filas a importantes exlíderes del PSOE y del PP de diferentes épocas.
La cuestión no es tanto si el Estado está obligado o no a rescatar a una empresa como Duro Felguera, sino en si el dinero que se le va a entregar va a servir para lo que aprobó el Consejo de Ministros o no y, sobre todo, aspecto fundamental es que, no cumpliendo con esos requisitos fundamentales, la importancia que tienen los lobbies y las empresas de intermediación para lograr para las compañías dinero público que no les correspondería.
Tal y como hemos publicado en Diario16, los problemas de Duro Felguera no se han producido por la pandemia del Covid19, sino que vienen de bastantes años atrás. En estas páginas informamos en exclusiva sobre la perniciosa gestión que realizó Miguel Zorita, los cambios en el Consejo y la eterna promesa de entrada de capital privado que nunca se cumple.
Esta situación, evidentemente, repercute en los proyectos que tenía ya contratados antes del Covid19 y que, por la incapacidad económica de Duro Felguera para acceder a financiación bancaria o a la concesión de avales, se están convirtiendo en verdaderos fracasos que generan retrasos en las obras y, en consecuencia, la ejecución de los avales por parte de los países que contrataron los servicios de la compañía asturiana, tal y como ha ocurrido en los proyectos de Dubái y Argelia.
A esto hay que añadir las deudas que tiene contraídas con proveedores, por valor de más de 300 millones de euros, según indican a Diario16 fuentes cercanas a la compañía, y la nada clara situación con la Agencia Tributaria, puesto que, a pesar de la sentencia de la Audiencia Nacional, si los procedimientos judiciales respecto a una deuda fiscal (ahora suspendida) de más de 100 millones de euros fueran contrarios a los intereses de Duro Felguera y Hacienda ejecutara dicha deuda, la compañía asturiana se podría encontrar en una situación cercana a la quiebra porque no tendría capacidad financiera para avalar esa deuda con la Agencia Tributaria, tal y como se indica en la decisión de la Audiencia Nacional.
De ahí que, para el futuro de Duro Felguera, sea fundamental la concesión de los 120 millones del rescate solicitado a la SEPI, un rescate que no se justificaría porque los problemas de Duro Felguera no son consecuencia de la pandemia del Covid19, sino que vienen de más atrás. No en vano, importantes empresas y fortunas de este país que apostaron en un momento determinado por invertir en la compañía e, incluso, hallarse entre los máximos accionistas, salieron huyendo y asumieron importantes pérdidas sobre su inversión inicial. Importantes empresarios consultados por Diario16, además, han sido rotundos al dar su calificación sobre lo que es Duro Felguera actualmente: «un pozo sin fondo», han afirmado.
A pesar de todo lo anterior, todo indica que Pepe Blanco ha conseguido su objetivo con sus intermediaciones ante la SEPI y su empresa se ha apuntado un nuevo tanto que, por lo difícil de la gestión con Duro Felguera, ganará muchos clientes que aún están dudando si presentar o no su solicitud de rescate.
Sin embargo, Blanco puede encontrarse con dificultades que no se esperaba y que están personalizadas en el actual consejero delegado de la compañía asturiana, José María Orihuela, puesto que quien fuese CEO de la división de construcción de Sacyr, está reclamando una indemnización millonaria para dejar su cargo como parece ser que exige la SEPI, una cantidad de dinero a la que no puede hacer frente Duro Felguera. Hay que tener en cuenta que cuando se certifique el rescate a la empresa asturiana, previsiblemente será anunciado en el Consejo de Ministros del 26 de enero, el Estado pasará a formar parte del accionariado de Duro y, en consecuencia, querrá cambiar al equipo directivo.
¿Para qué utilizará Duro Felguera los 120 millones de euros? Esa es la cuestión, puesto que con las deudas que tiene, sobre todo con los proveedores, la cantidad solicitada no le da para sanear a la compañía. ¿Ese dinero servirá para mantener negocios que están pendientes de la liquidez de la empresa o para poder acceder a líneas de avales que permitan a Duro Felguera acceder a concursos, sobre todo en Venezuela? Insistimos, el dinero de la SEPI no está orientado a salvar operaciones empresariales, como ya ha ocurrido con Air Europa, sino para solventar los problemas derivados de la pandemia, y en el caso de Duro Felguera no se ajusta a ninguno de los criterios, por más que el poder de convicción de Pepe Blanco sea de categoría Premium.
Transparencia exigida, opacidad conseguida
El Ministerio de Hacienda y la SEPI están obligados a ser transparentes con esta operación de rescate porque, de no serlo, estarían actuando exactamente igual que lo hicieron Luis de Guindos y Mariano Rajoy con el rescate a la banca, en el que se prometió que la ciudadanía no iba a poner ni un euro porque las entidades bancarias lo iban a devolver y, a día de hoy, el coste para el pueblo ya supera los 66.000 millones de euros.
La transparencia es clave para cualquier gobierno, pero, sobre todo, es doblemente exigible para un Ejecutivo socialista. El escritor estadounidense John C. Maxwell afirmó que “la transparencia engendra legitimidad” y para un gobierno de izquierdas, que siempre tiene en la nuca la sospechosa vigilancia de las élites financieras, empresariales y económicas, el único modo de mostrar al pueblo las razones de sus actos es no ocultar nada.
Sin embargo, en el manejo de los fondos de la SEPI para paliar los efectos de la pandemia en empresas estratégicas, ya se han visto acciones que, precisamente, van en contra de la transparencia exigida. El Gobierno está obligado, por transparencia y respeto al pueblo soberano, a publicar quiénes han sido los lobbies o las consultoras que han mediado en la negociación del rescate a Air Europa o a Duro Felguera, lo mismo que las facturas emitidas por las grandes empresas que han auditado si la aerolínea era o no merecedora de recibir ese dinero público.
No obstante, y según ha publicó VozPópuli citando fuentes de Hacienda y cercanas al Ejecutivo, no hay información sobre el planning presentado por Air Europa ni se hará público en el BOE porque eso podría dar información relevante a la competencia de la aerolínea. Es decir, la misma excusa que dan en Europa para negar a los afectados del Banco Popular información clave para su defensa porque, en este caso concreto, afectaría a los intereses comerciales del Grupo Santander. ¿Harán lo mismo con Duro Felguera?
Si ya hay una opacidad, un silenzio stampa absoluto en referencia a la situación de Vicente Fernández, el presidente de la SEPI elegido por María Jesús Montero, que tuvo que dimitir por su imputación en el caso de las Minas de Aznalcóllar y que, en realidad, está en el banquillo en espera de una más que probable desimputación, ¿qué se puede esperar de cara a las operaciones de rescate que serán aprobadas en las próximas semanas? Por otro lado, ¿volverá Fernández a ocupar el puesto para el que fue designado si la Justicia toma la decisión que tanto en Sevilla como en Madrid esperan? ¿O tal vez será que Pepe Blanco iba a tener razón con la presentación de su empresa que envió a las principales empresas de España? En la actualidad, Vicente Fernández ocupa su puesto de funcionario en la Junta de Andalucía con el que le podría resultar difícil cubrir las exigencias económicas derivadas de su nueva situación de vida. Según información llegada a Diario16, parece ser que, dentro de su capacidad legal, pudiera estar trabajando con despachos de influencia para resolver tal situación.
La falta de transparencia es la mayor ilegitimación que puede tener un gobierno, sobre todo si la opacidad viene provocada por el entreguismo a las dictaduras privadas o a los y las representantes del capitalismo más deshumanizado que es tan capaz de generar una hambruna en África, como de provocar catástrofes que se cobran millones de vidas en todo el mundo, con el único fin de mantener su margen de beneficios por encima del 40%.
Un gobierno de izquierdas no puede caer en la opacidad ni, por supuesto, utilizar la coartada de la “razón de Estado” como modelo de actuación. Todas las explicaciones que se den sobre los rescates aprobados por la SEPI serán insuficientes si hay un atisbo de falta de transparencia porque ésta se encuentra implícita dentro del socialismo verdadero, del que espera el pueblo.