Afectados Popular: «El Rey no se acordó de las 305.000 familias arruinadas»

Los afectados por el Caso Banco Popular, o «los robados», como se denominan ellos mismos, han leído con estupefacción las revelaciones de estos días, tanto por la información publicada en Diario16 como por lo sucedido en la Audiencia Nacional con la declaración de Francisco Aparicio Valls o los últimos recursos presentados por la inadmisión de la denuncia contra la JUR y Deloitte.Uno de los aspectos que, un año más, han destacado los afectados del Popular ha sido que el Jefe del Estado nuevamente se olvidara de ellos: «El Rey no se acordó de las 305.000 familias arruinadas», decía uno de ellos. Este hecho sorprende aún más si tenemos en cuenta, como publicamos en Diario16, que existe la posibilidad de que el propio Felipe de Borbón y Grecia sea uno más de los afectados, un hecho que Casa Real no ha confirmado ni desmentido a pesar de que este medio ha solicitado esa información por escrito en diferentes ocasiones.Después de la declaración de Francisco Aparicio Valls, en la que confirmó, entre otras cosas, que el hecho relevante de la reexpresión de las cuentas fue encargado por Saracho a Uría y Menéndez, el despacho de abogados de cabecera del Santander, los afectados fueron muy claros en sus reacciones: «Con toda la documentación que está saliendo y las declaraciones el juez no va a tener más narices que lo paguen».En referencia a las pruebas publicadas por Diario16, uno de los afectados apuntaba hacia la propia idiosincrasia de España: «solo con la mitad de las pruebas e indicios de delito en cualquier país mínimamente democrático y con una justicia de verdad el caso estaría anulado». Estas referencias al papel de la Justicia en España, sobre todo cuando el Banco Santander está de por medio, son constantes por parte de los afectados, sobre todo viendo las sanciones que se le imponen al banco cántabro en otros países donde la entidad presidida por Ana Patricia Botín está implantada.Esa misma desconfianza en los tribunales españoles provocaba que otro afectado afirmar que sólo «en los tribunales europeos podremos sacar algo. En España no hay nada que hacer». Es muy triste que la ciudadanía de un país piense que sólo Europa puede hacer justicia y que, directamente, que sus juzgados y los profesionales del tercer poder no lo harán. Una demostración más del estado de la democracia en España.«Parece mentira, si lo analizamos profundamente, en lo que se ha quedado esta democracia. El gobierno de la nación “estafa” a 305.000 familias regalando el patrimonio de éstas a otro banco y lo vemos como si fuera algo totalmente normal. Sin embargo, no nos debería “sorprender” que la justicia, o sea, el señor Calama nos diera la razón y obligara al Santander, al gobierno de esta nación o a las autoridades a devolver íntegramente a cada accionista la inversión realizada. Ni más ni menos. Luego quedarían las causas penales. Esto debería ser así y no extrañar a nadie, pero parece ser que estos señores ahora son los opresores, pero los oprimidos seguimos siendo los mismos», afirmaba otro afectado en este mismo sentido.Por tanto, podemos comprobar cómo el Caso Popular ha levantado una ola de escepticismo hacia la democracia de 1,2 millones de personas que antes creían en ella pero que, viendo cómo el sistema les dejó desvalidos y arruinados, han terminado por volverse ateos democráticos.