Tal y como publicamos en Diario16, en el mes de mayo unaccionista minoritario remitió una carta a José Antonio Álvarez, actual consejerodelegado del Santander, en la que solicitaba información sobre una presunta conexióncon los cárteles de narcos de México. En concreto, este accionista se refería asi la ampliación de capital aprobada en 2019 para comprar acciones en México«guarda alguna relación directa o indirecta con los cárteles de la drogamejicanos y si los mismos ostentan el 9% del banco en México (antigua BancaSerfin)», se indicaba en la carta.
Santander contestó por burofax sin dar respuesta a ningunade las preguntas realizadas por el accionista, documento al que ha tenidoacceso Diario16, y que ha provocado que el mismo minoritario haya remitido unanueva misiva al consejero delegado del Santander en la que se solicitainformación sobre un hecho mucho más peliagudo: un posible secuestro de lapresidenta del Santander, Ana Patricia Botín, por orden de un cártel denarcotraficantes colombianos.
En concreto, la carta, a la que ha tenido acceso Diario16,indica lo siguiente: «En cuanto al motivo de esta carta, le solicito me aclarelas siguientes cuestiones: si la presidenta, Sra. Botín Sanz de SautuolaO´Shea, fue secuestrada en Colombia, supuestamente por una deuda connarcotraficantes como ha sido publicado en algún medio».
En segundo término, el accionista solicita información sobre una serie de posibles relaciones entre el banco y algunos ciudadanos colombianos que tienen o han tenido cercanía con el mundo del narcotráfico: «si don Ernesto Samper Pizano reclama al banco la entrega de un importe de 65 millones de euros y por qué concepto; nos aclare las posibles vinculaciones de la entidad, y en su caso de su presidenta o anteriores mandatarios, con las redes de narcotráfico en Nicaragua, ya que, por ejemplo, la entidad aparece en documentación de la CIA, según la cual el ex ministro del Interior de Nicaragua, Tomás Borge, tenía una cuenta abierta en el Santander de Panamá con fondos provenientes del tráfico de cocaína; si la entidad, su presidenta o anteriores mandatarios tienen o han tenido relación con una red de falsificación de billetes y narcotráfico que fue intervenida en la localidad de Villarcayo y si la presidenta o algún miembro de la entidad visitó, solos o en compañía de Jesús Samper Gaviria, la finca en la que se realizaban dichos actos ilegales».
Según el accionista, la trascendencia de la información que solicitaes vital para el crédito de la entidad y sus administradores, por lo que «confíoque seré debida y específicamente informado sobre cada uno de las cuestionesque le planteo, sin las habituales evasivas de la entidad», se indica en eldocumento.
En otro orden, el accionista minoritario señala los hechospor los que pregunta son muy graves y que «de ser cierto uno sólo de ellos, [losaccionistas] exigirían la inmediata dimisión y cese de la presidenta y de todosaquellos otros que hubiesen participado o que teniendo conocimiento de ellos nolos hubieran investigado o denunciado. Creo que todas las cuestiones que leparticipo exigen la creación de una investigación “forensic”, como ha ocurridoen otras instituciones bancarias, por lo que apelo a su buen criterio paraencargar la investigación a una entidad independiente para que se nos aclarenestos hechos a los accionistas y cesen los contantes rumores que incrementancada día el riesgo reputacional de la entidad, ya de por sí, dañado y queperjudican el valor de la acción».