Anticorrupción decidirá sobre las últimas reclamaciones judiciales del Caso Popular

En los últimos días Diario16 ha publicado las diferentes reclamaciones presentadas ante la Audiencia Nacional por un bufete de Barcelona en las que se pedía de manera urgente a Deloitte, BlackRock y Banco Santander la aportación de documentación que, tras la entrega del informe pericial del Banco de España, es fundamental para la resolución del Caso Popular.En primer lugar, este despacho reclamaba al Santander el listado de afectados del Popular con los que hayan podido cerrar algún tipo de acuerdo extrajudicial. En concreto, en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional se indicaba que «dichos pactos, de ser ciertos, supondrían un reconocimiento implícito de las irregularidades cometidas […] interesamos se requiera a Banco Santander a través de su representación procesal, a fin de que en el término de cinco días aporten al Juzgado copia íntegra de cuantos pactos extrajudiciales haya suscrito con los afectados, así como que justifiquen y aclaren las razones de dichos acuerdos».Esta reclamación es fundamental porque, según el mismo escrito, la asunción de acuerdos extrajudiciales contradice de manera clara con las propias alegaciones realizadas por el Banco Santander en el recurso interpuesto en contra del auto de imputación de la entidad presidida por Ana Patricia Botín y que fue archivado con una interpretación de la ley que muchos juristas indican que se trata de una nueva Doctrina Botín.En segundo lugar, el bufete barcelonés reclamó a la Audiencia Nacional que el máximo accionista del Santander, el gestor de cartera BlackRock, aportar toda la documentación acerca de los movimientos que realizó en los días previos a la resolución del Popular y una relación detallada del «número de acciones que prestaron de Banco Popular Español S. A. a fondos o inversores bajistas desde 1 de enero de 2017 hasta la fecha de resolución del banco, relación detallada de fondos o inversores bajistas a quienes prestaron dichas acciones y justifiquen documentalmente cuánto cobraron por prestar sus acciones».Esta reclamación se basaba en que uno de los principales objetos de las diligencias que se están desarrollando en la instrucción del Caso Banco Popular es la presunta manipulación del mercado de valores. BlackRock, una de las mayores gestoras de fondos a nivel mundial y máximo accionista del Santander, era titular de 115 millones de acciones del Popular que, según el escrito del bufete barcelonés, fueron «prestadas a los fondos bajistas obteniendo suculentos beneficios hundiendo la cotización». «Casualmente», una semana antes de la resolución, BlackRock exigió «a los fondos bajistas que le devolvieran sus 115 millones de acciones de Banco Popular con las que, evidentemente, obtuvo suculentos beneficios para, posteriormente, deshacerse de las acciones vendiéndolas en el mercado apenas dos días antes de la resolución, hundiendo la cotización». Esto supuso que BlackRock redujo su participación en el Popular del 4,09% al 0%, quedándose sólo «con la deuda sénior no afectada con la resolución del Banco».En tercer lugar, este despacho de abogados reclamó la comparecencia urgente de Deloitte en la Audiencia Nacional para que aporte a la causa la copia íntegra sin censura del informe provisional que provocó la resolución. Este punto es fundamental puesto que, de aceptar el juez Calama esta reclamación, ese informe se trasladaría de manera definitiva a todas las partes personadas en las causas que se están instruyendo en la Audiencia Nacional. Además, se exigía a Deloitte que presente todos los documentos que se utilizaron para la realización de la valoración provisional del mes de junio de 2017. Este punto también es muy importante, puesto que fue la propia auditora la que reconoció que la documentación que utilizó para realizar el documento clave para la resolución fue insuficiente: «la información de la que hemos podido disponer no ha sido suficiente para realizar una estimación detallada y viable». Según Deloitte, la causa principal fue «la escasa disponibilidad de información a nivel de entidad individual […] falta de claridad sobre activos y pasivos intragrupo, así como al hecho de que el deterioro de la posición de liquidez es probable que dé lugar a cambios significativos en la estructura del pasivo». La propia auditora reconoció, además, que el informe estaba orientado a la resolución, no a la valoración del Popular.En un escrito de la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Diario16, el Juzgado de Instrucción número 4 ha dado traslado de estas tres reclamaciones al Fiscal especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción para que decida sobre las solicitudes formuladas.Este traslado es muy importante porque, como ha ocurrido en otras ocasiones, de haber encontrado poca base en las reclamaciones el propio juez las habría desestimado. Sin embargo, la premura en que se ha dado traslado a la Fiscalía hace indicar que se ha encontrado indicios para que las solicitudes sean atendidas. Hay que recordar que la documentación presentada por Manuel Domínguez Moreno, editor y presidente del Consejo Editor de Diario16, fue admitida a instancias y según las instrucciones dadas por Fiscal Anticorrupción y no por el juez Andreu, entonces instructor de la causa.Por tanto, a priori, se trata de un nuevo paso adelante para la resolución del Caso Banco Popular en favor de los afectados.