El impacto de la reestructuración del sector bancario se traduce en un descenso drástico de todos los elementos relacionados con la atención personalizada al usuario. Desde el año 2008, hasta 2021, se observa una caída del 39,5%, en la cifra de empleados; del 54,2%, en oficinas y del 22,1% en cajeros.
Si relacionamos estos datos con la población española, ligeramente superior en estos momentos, tenemos ratios que reflejan el deterioro en la atención: en 2008, cada oficina bancaria en España daba cobertura a algo más de mil personas, en 2021, tiene que atender a más de 2.200 personas. La retirada de cajeros provoca que, si bien en 2008, cada unidad daba servicio a 741 personas, en 2021, esta cifra se eleve a 970.
En cuanto a los empleados, los despidos masivos se reflejan en la caída año a año de las cifras. Sólo en 2021, el descenso fue del 6,4%, tras destruir de forma estimada algo más de 11.000 empleos, cifra que se espera se repita en 2022. Con ello se ha pasado, en el total del periodo considerado, de 270.855 a 164.000 empleados de banca, es decir, 106.855 trabajadores menos y caída del 39,5%.
El número de oficinas ha descendido este año (hasta el mes septiembre, último dato publicado) de 22.589 a 20.904, una caída del 7,5% en un año. Con respecto a los máximos del año 2008, el descenso desde 45.662 supone más de la mitad, un 54,2%.
En cajeros la caída es menor pero importante, pese a que entre 2015 y 2019 se mantuvieron las unidades e incluso crecieron, compensando la bajada de oficinas, en estos dos últimos años ha vuelto a acelerar su caída, pasando de 49.841, en 2020, a 48.081, el tercer trimestre de 2021; es decir, una merma del 3,5%. El descenso desde máximos de 2008 es del 22,1%.
El principal perjudicado de toda esta situación es el usuario de banca, que finalmente se encuentra con menos oficinas, menos cajeros y servicios, en general, más masificados.
Según Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, "el sector bancario sigue instalado en una actitud negacionista del problema que no contribuye a solucionarlo. Es evidente que muchas capas de la sociedad encuentran barreras claras de acceso al servicio bancario y que la transición a la digitalización no se está realizando con el debido cuidado por la inclusión de todos los sectores. Pedimos empatía y mayores esfuerzos para que la ciudadanía, en general, no sufra de manera drástica la reestructuración de un sector que, aún sometido a las tensiones de búsqueda de rentabilidad, como tantos otros, se distingue por su carácter esencial y básico. Finalmente, también pedimos a las administraciones públicas competentes en la materia que se involucren en esta problemática: de nada sirve afear conductas cuando se tienen obligaciones como servidores públicos para legislar y poner coto a esta situación".