Antes de entrar a valorar el correo enviado por José Mateu, representante en el Consejo de Administración del Banco Popular de la Sindicatura —el máximo accionista de la entidad—, hay que recordar que, a pesar de los requerimientos de Ángel Ron sobre la necesidad de discreción y consenso de los consejeros, Reyes Calderón hizo caso omiso de los mismos y continuó con sus planes. La situación generada, junto con el conocimiento por parte de Ron de que la consejera se había entrevistado con algún colega en ejercicio para ofrecerle el cargo y también con otros potenciales candidatos, determinó que el 11 de noviembre se celebrara una inusual y atípica reunión con los consejeros a los que Calderón había ocultado el proceso, así como con el secretario y el presidente. Tras el requerimiento de explicaciones, reconoció haber procedido a contratar letrados para que la asesoraran en sus gestiones a favor del interés de Antonio del Valle. Tal contratación se hizo en nombre del banco, sin autorización del consejo, ni del presidente, ni del consejero delegado, ni de ningún otro responsable, pero con cargo a la entidad. El reconocimiento se hizo ante varios consejeros que recriminaron duramente su actuación y la advirtieron del carácter ilícito de la misma, así como de su disposición a entablar acciones legales contra ella. Entre ellos estaba Ana Molins, consejera y miembro de la Comisión de Nombramientos, desconocedora absolutamente de todos los hechos que comentó Calderón. Inmediatamente después de la finalización de esta reunión, Ángel Ron recibe una llamada de Antonio del Valle preguntándole que «qué le habían hecho a Reyes Calderón, que estaba muy afectada».El representante de la Sindicatura de Accionistas en el Consejo de Administración del Banco Popular envió un correo el día 25 de noviembre de 2016 en el que, entre otras cosas, denunció irregularidades jurídicas en el proceso de sustitución del presidente Ángel Ron que Reyes Calderón había iniciado. En concreto, ese e-mail hace referencia a la convocatoria de la Comisión de Nombramientos que tenía como finalidad única la remoción de Ron y el nombramiento como presidente de Emilio Saracho, cuya gestión terminó con la resolución de la sexta entidad financiera de España y su venta por un euro al Santander, una operación que tuvo como consecuencia fundamental la ruina de más 1,2 millones de personas.Mateu censura el modo en que se gestionó la convocatoria de la Comisión de Nombramientos porque el proceso se estaba llevando a cabo de una «forma incompatible incluso con los estándares menos exigentes de gobierno corporativo», se afirma en el correo al que ha tenido acceso Diario16, que, además, indica que, como representante de la Sindicatura, presentó una «enmienda a la totalidad de todo lo que se dijo se había hecho hasta ahora en torno a la posible sucesión del presidente».A continuación, Mateu es muy contundente al afirmar lo siguiente:
Por otro lado, se hace mención al hecho de que Reyes Calderón intentó que los consejeros que no pudieran asistir a dicha reunión del Comité de Nombramientos pudieran dar su opinión. Es decir, que, a pesar de que hubo consejeros que indicaron su imposibilidad de asistir a dicha reunión, la convocatoria se mantuvo en unas fechas en las que pudiese haber ausencias importantes para debatir una cuestión tan importante como la sustitución del presidente de una entidad bancaria sistémica por un banquero de inversión. Además, hay que tener en cuenta que, con una visión retrospectiva, esa fue una de las decisiones más equivocadas que se adoptó en el Banco Popular desde su fundación. Mateu es contundente en este aspecto:
Para finalizar, Mateu afirmó con contundencia que:
Este correo se envió el 25 de noviembre de 2016, sólo unos días antes de la dimisión de Ángel Ron y del nombramiento de Emilio Saracho. Reyes Calderón, hay que recordar, que el día 8 de noviembre recibió la orden de trabajo de la empresa Spencer Stuart en la que se indica, nada más empezar que había un interés por parte del Consejo en iniciar «la búsqueda de un presidente para Banco Popular, planteando que sea un reemplazo del actual presidente, Ángel Ron». Como ya hemos indicado, el Consejo no sabía nada, sólo algunos consejeros.En ese documento se indicaba, además, que una de las funciones de Saracho sería la supervisión del «seguimiento del plan estratégico, desarrollar las relaciones institucionales con los organismos reguladores, así como inversores institucionales y apoyar al Consejero Delegado en el desarrollo de la restructuración operativa de la organización para orientarla hacia la consecución de objetivos estratégicos del negocio que impliquen un potentísimo relanzamiento del banco». En este caso, Saracho no cumplió ninguna de las funciones expresadas en el documento. No hizo seguimiento de ningún tipo del plan estratégico de 2016, sino que lo paralizó; no desarrolló ningún tipo de relación institucional con los reguladores puesto que un mes después de su nombramiento ya «amenazó» al BCE con la resolución de la entidad si no lograba venderla.La respuesta de Reyes Calderón al correo de José Mateu es «espectacular» porque da una idea de la profundidad de la conjura que inició la caída de la sexta entidad financiera de España. Pero eso es otra historia que, por supuesto, conocerán próximamente, en exclusiva, los lectores de Diario16.
