Diario16 está recibiendo en estos últimos días multitud demensajes y correos electrónicos de los afectados por el Banco Popular en losque nos comunican que están recibiendo llamadas de multitud de despachos deabogados que les instan a que planteen ya reclamaciones judiciales porque elplazo se termina y, si no lo hacen, no van a recuperar su dinero. También hemospodido detectar cómo en anuncios en Google algunos de estos despachos hancolocado anuncios en los que, directamente, afirman que «Hoy se acaba elplazo», cuando, en realidad, eso no es más que publicidad engañosa.
En realidad, esos despachos lo único que están buscando esla captación de miles de afectados para presentar reclamaciones sobre susacciones en base a la estrategia judicial de equiparar lo ocurrido con elPopular con lo sucedido con Bankia, estrategia que se basa en que la ampliaciónde capital de 2016 se realizó en base a una falsedad de las cuentas. Esosbufetes, muchos de ellos con conflicto de interés con el Santander, actúan comolos fondos buitre o algunas empresas de capital riesgo: aprovecharse de ladesesperación para lucrarse con el dolor ajena. Sin embargo, esta estrategia,tal y como quedó demostrado con el informe de los peritos del Banco de España,puede abocar a los afectados a graves consecuencias. Cada cual es libre dereclamar su dinero por la vía que considere adecuada, y, si decidieran acudir alos tribunales por esta vía, el plazo terminaría el día 7 de junio.
La desesperación queha creado la ruina de más de 1,2 millones de personas está llevando a muchosafectados a la elección de estrategias judiciales en las que se les presenta laoportunidad para recuperar de manera rápida el dinero que les fue arrebatado el7 de junio de 2017. Sin embargo, el Caso Popular es complejo y no se puededirimir en un juzgado de primera instancia porque, con todo respeto, nodisponen de toda la documentación que maneja y se ha estudiado, por ejemplo, eljuez Calama Teixeira.
Las declaraciones en la Audiencia Nacional, tanto de losrepresentantes legales de la auditora PwC como del ex CEO Pedro Larena, de losperitos del Banco de España o de los ex consejeros han corroborado de manerataxativa que las cuentas de la entidad y la ampliación de capital fueroncorrectas, que no hubo ningún tipo de falseamiento contable ni de informaciónmanipulada. A todo esto hay que añadir los documentos aparecidos y publicadospor Diario16: el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán, donde se reflejan lasirregularidades de la reunión del Consejo del 6 de junio de 2017, y ladeclaración judicial del ex director general de Comunicación del Popular,Carlos Balado, en la que queda de manifiesto la estrategia de Emilio Saracho parabajar el valor del banco.
Por más que haya sentencias de los juzgados de primerainstancia en las que se condene al Banco Santander (por ser el responsablelegal tras la absorción del Popular) a la devolución al afectado del dineroinvertido en la ampliación de capital de 2016 y que, en segunda instancia, hayaaudiencias provinciales (en un número menor, eso sí) que les sigan dando larazón, una vez que esas causas lleguen a los tribunales superiores o alSupremo, existe un serio peligro de que se archiven los procedimientos porque,en realidad, la estrategia planteada por estos despachos de abogados ⸺y algunasasociaciones dirigidas por bufetes con conflicto de interés con el Santander⸺ nose ciñe a la realidad de lo que ocurrió con el Banco Popular.
Aquí es donde se halla el verdadero peligro para el afectadoporque se puede encontrar con la situación de tener que hacer frente al pagode unas costas muy superiores al dinero perdido y, por tanto, se hallarían enun escenario en el que no recuperen lo perdido y que tengan que pagar variosmiles de euros en costas.
El Santander dispone de equipos judiciales que, no sólodisponen de letrados especializados en litigios financieros, sino que tienenmucha influencia dentro de los órganos judiciales. Por esta razón, por más quehaya sentencias en primera y segunda instancia que dan la razón al afectado,una vez que en un órgano judicial superior se archive la causa es más queprobable que dicho archivo vaya acompañado de una condena al pago de lascostas judiciales a la que tendrá que hacer frente el afectado, no el letradoni la asociación.
Es cierto que la situación límite en que la resolución dejóa muchas familias ha provocado que haya afectados que se hayan visto obligadosa buscar ayuda en lugares donde se les ofreció asesoramiento y asistencia legalen base a un variable del dinero recuperado. Sin embargo, la falta deespecialización, en muchos casos, en derecho bancario de algunos de estosbufetes deja a los arruinados a estar expuestos a una condena en costas.
La paralelización del Caso Popular con la salida a bolsa deBankia está siendo utilizado como argumento de captación de afectados. Sepretende hacer ver que ese camino agilizará el cobro del dinero. Sin embargo,el informe pericial del Banco de España, para cuya realización fue necesario untrabajo de un equipo de expertos de más de un año y con todos los datos encimade la mesa, afirma claramente que el Popular era un banco solvente y viable,por lo que el paralelismo con Bankia queda absolutamente descartado. Estofue corroborado en la Audiencia Nacional por el ex gobernador del Banco deEspaña, Luis María Linde.
A pesar de estas evidencias, estos despachos de abogados«buitres» llegan a decir a los afectados que no deben preocuparse del informedel Banco de España porque el camino más efectivo es el que ellos proponen. Contodo nuestro respeto a esos profesionales pensamos, desde el conocimientohistórico del caso y la valoración de miles de documentos en poder de Diario16,que se equivocan y tememos que su error pudiera perjudicar económicamente aúnmás de lo que ya lo están todos los afectados y afectadas.
La realidad es que el Banco Popular fue resuelto por lacrisis de liquidez provocada durante el segundo trimestre de 2017, unacrisis que se pudiera haber evitado si Saracho hubiese, en primer lugar,implementado el plan de negocio de 2016 y, en segundo término, si Sarachohubiera aceptado las ofertas de ampliación de capital de Deutsche Bank yBarclays, además de las ventas de activos no estratégicos enmarcadas en el Plande Capital que él mismo aprobó horas antes de dinamitar el banco en la JuntaGeneral de Accionistas celebrada en el mes de abril de 2017.
Lógicamente, los afectados quieren recuperar su dinerocuanto antes, pero para ello no todo vale porque ante un Juzgado. Sóloel planteamiento de argumentos válidos y con documentación oficial es el quetiene garantía de éxito, por más que los procesos se alarguen. El Caso Popularse dirimirá en la Audiencia Nacional, en las demandas por enriquecimientoinjusto contra el Santander y en las reclamaciones de anulación de la operaciónplanteadas en España y en Europa. Cualquier otro camino pone a los afectados enun serio peligro.