El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) recibió una reclamación por responsabilidad patrimonial por parte de afectados del Banco Popular. Diario16 ha tenido acceso a la respuesta remitida por el organismo presidido por Jaime Ponce, donde, por un lado, se decide no atender a las reclamaciones y, por otro lado, se pretende trasladar esa responsabilidad a Europa, en concreto, a la Junta Única de Resolución (JUR).
La reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración fue presentada solicitando una indemnización por los daños sufridos como consecuencia de la Resolución de la Comisión Rectora del FROB de fecha 7 de junio de 2017, por la que se acordó adoptar las medidas necesarias para ejecutar la Decisión de la JUR, en su Sesión Ejecutiva Ampliada de fecha 7 de junio de 2017, por la que se decidió el dispositivo de resolución del Banco Popular. A raíz de esto, el FROB inició el correspondiente Expediente de Responsabilidad Patrimonial.
Los afectados que interpusieron la reclamación, pidieron que se les diera acceso a determinada documentación para ejercitar su defensa. Sin embargo, el FROB, señala en el documento que «el derecho de los interesados a la utilización de los medios de prueba pertinentes para ejercitar su defensa no es absoluto ni ilimitado, es decir, no faculta para exigir la admisión de todo lo que puedan proponer las partes, sino que les atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas pruebas que sean admitidas por el Órgano Instructor dada su procedencia o necesidad, motivando razonadamente aquellas que sean denegadas. Es más, su denegación no puede considerarse por sí misma una vulneración al derecho de defensa garantizado en el artículo 24 de la Constitución, pues dicha protección solo alcanza a los supuestos en que la prueba denegada resulte decisiva en estrictos términos de defensa». En consecuencia, el FROB, al igual que la JUR, vulnera derechos fundamentales recogidos en la legislación europea como, por ejemplo, el de la tutela efectiva que, al ser denegada, provoca indefensión. Se acogen a la Constitución y, a la vez, se están contradiciendo puesto que esa documentación que Europa tiene secuestrada para proteger los intereses comerciales del Santander es decisiva en «estrictos términos de defensa».
El FROB, por otra parte, señala que en lo referido a la delimitación de la actividad del FROB interesa aclarar varios aspectos para llegar a la conclusión de que la solicitud de documentos e informes manejados por la JUR para la adopción de la Decisión «debe ser denegada por improcedente».
Por otro lado, para cubrirse las espaldas, el FROB deniega el acceso a la documentación que fue utilizada por la JUR en la resolución del Banco Popular que fue ejecutada por el organismo presidido por Jaime Ponce porque, atención a esto, «no afectan ni guardan relación directa con la actividad desempeñada por el FROB al acordar su Resolución de 7 de junio de 2017 ni para determinar si hubo o no una actividad susceptible de ser resarcida a través del instrumento de la responsabilidad patrimonial por parte del FROB». Entonces, lo que se quiere dar a entender es que al FROB llegó la orden de Europa de resolver al Popular y se ejecutó sin tener los razonamientos ni el conocimiento de los documentos utilizados para ello. Esto es muy grave, además de que indica que es tirar balones fuera para que las reclamaciones de responsabilidad patrimonial vayan a Europa.
El FROB, además, señala que esa documentación goza de un especial carácter reservado, pues se trata de un documento de la JUR respecto del cual «dicha Agencia comunitaria ya ha declarado su confidencialidad, instando al FROB a preservar dicho carácter confidencial», se afirma en el documento. Es decir, que el ejecutor final de la resolución se convierte en cómplice de la opacidad que el propio Luis de Guindos criticó duramente en la Audiencia Nacional.
En consecuencia, el FROB se oculta bajo el manto de opacidad de Europa y, por extensión, se niega a aceptar su responsabilidad patrimonial porque, al parecer, «pasaba por allí». Es muy grave que se haya arruinado a más de 1,2 millones de personas por la resolución y que el ejecutor de la misma se parapete en la falta de transparencia para no dar explicaciones o asumir su responsabilidad. Pronto visitará Jaime Ponce la Audiencia Nacional, entonces los afectados podrán ver cómo las excusas no le servirán de nada.