La resolución del Banco Popular fue preparada minuciosamentepor todos los actores presuntamente implicados desde hacía mucho tiempo, tal ycomo demuestran la documentación y las informaciones publicadas por Diario16desde hace más de 3 años. Entre otras cosas, ya indicamos cómo el día 2 demayo, en una reunión del BCE, se comenzaron los trabajos y cómo a partir del 23de ese mes la JUR contrató a Deloitte para que hiciera su informe basado en unborrador de reglamento de la AEB, borrador que no entró en vigor hasta el mesde marzo de 2019. Así lo reconocieron los propios organismos europeos en uncorreo electrónico publicado por Diario16.
En concreto, el email remitido a un afectado afirma losiguiente: «Las dos normas técnicas de regulación que Ud. menciona han sidoadoptadas por medio de sendos Reglamentos publicados en el DOUE el 9 de marzode 2019. De conformidad con lo dispuesto en sus textos respectivos, los mismosentrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial dela Unión Europea».
Por su parte, el FROB contrató a sus asesores externos eldía 30 de mayo, cuando aún no se habían producido las salidas de depósitos quefueron fundamentales para que la crisis de liquidez fuera irreversible yllevara al Popular a ser resuelto. En concreto, el organismo presidido porJaime Ponce contrató a Jefferies International Limited y a Baker & McKenzieMadrid, tal y como se reconoce en un documento al que Diario16 tuvo acceso:
El motivo fue la «Contratación del servicio deasesoramiento en la preparación y, en su caso, ejecución de la resolución deuna entidad de crédito» en el caso de Jefferies y la «Contratación delservicio de asesoramiento jurídico en la preparación y, en su caso, ejecuciónde la resolución de una entidad de crédito», en el caso de Baker &McKenzie. ¿Preparación y ejecución? Esto sólo se realiza cuando se tieneconstancia de que el hecho se va a producir, sobre todo por el coste que supusopara las arcas públicas: 310.000 euros en los dos contratos.
Además, hay otros aspectos a tener en cuenta. En primerlugar, se realiza el procedimiento de contratación sin publicidad, esdecir, que no se hizo pública la licitación, lo que demuestra que toda laoperación se estaba realizando en el más absoluto secreto. En segundotérmino, la contratación de Baker & McKenzie supone que se contrataron losservicios de un bufete que tiene relación con Emilio Saracho.
Al día siguiente, el 31 de mayo, se produjo la filtracióna Reuters a la que Saracho no le dio mucha importancia —«es sólo un refritode unas declaraciones anteriores», dijo en un correo electrónico que respondía aJaime Ruiz Sacristán— que generó una importante fuga de depósitos y una bajadadel valor de la acción.
El día 2 de junio Saracho recibió las instrucciones de Uríay Menéndez de cara a la declaración de inviabilidad y el plan de comunicacióndel «Día R», es decir, el día posterior a la resolución. Esa misma noche la JURconvocó una reunión para el 3 de junio que fue donde se inició todo elproceso de resolución del Popular, el Proyecto Hipócrates. ¿Estuvierontambién presentes los abogados del despacho de cabecera del Santander en esareunión?
El 4 de junio, Jefferies envió las cartas a las cincoentidades financieras españolas anunciándoles que el Popular iba a ser resueltoy que se iba a vender a través de un proceso de subasta. Es decir, que elasesor contratado por el FROB apenas tardó 4 días, con un fin de semana pormedio, en preparar y asesorar la resolución de la sexta entidad financiera delpaís.
Casualmente, al día siguiente, los organismos,administraciones y empresas públicas comenzaron a retirar sus depósitos deforma masiva, tal y como demuestran los documentos publicados en este medio.
En consecuencia, el FROB contrató a dos importantesempresas para asesorar y preparar la resolución. Casi al mismo tiempo, Sarachorecibía ofertas de ampliación de capital o de venta de activos no estratégicosque hubiesen salvado al Popular y que hubieran evitado la ruina de más de305.000 familias. Pero, como dijo aquel, todo estaba «atado y bien atado».