Atado y bien atado, como dijo aquél. Así pensaban que estaba todo el proceso los muñidores de la operación de rescate al Santander y que terminó con la ruina de más de 1,2 millones de personas.
Una nueva muestra la hallamos en una comunicación de la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), la alemana Elke König, a la que ha tenido acceso Diario16, remitida al presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) el mismo día en que se celebró la reunión en la que se diseñó y aprobó el proceso de resolución del Banco Popular. La carta es muy autoritaria en su contenido, una orden en toda regla que, por desgracia para los afectados no recibió ningún tipo de oposición por parte de Jaime Ponce. Sumisión absoluta, como su pudo comprobar cuatro días después.
En la comunicación, König ordena lo siguiente: «Confiamos en que tomará todas las medidas necesarias para implementar la decisión adjunta y que tratará esta carta, la decisión adjunta y su contenido con absoluta confidencialidad, teniendo en cuenta que su divulgación puede tener efectos sobre la estabilidad financiera».
Además, el asunto era bastante concreto y poco susceptible de interpretaciones: «Decisión concerniente a la venta del Banco Popular».
El 3 de junio se reunieron representantes de la JUR y el FROB con el presidente del Popular, Emilio Saracho, y con los abogados de cabecera del Santander y se decidió dar el pistoletazo de salida al Proyecto Hipócrates, es decir, la resolución y venta al Santander del sexto banco español.
La carta remitida por König al presidente del FROB no deja lugar a dudas de que no querían que el Popular pudiera recuperarse. No se le podía dejar respirar. Había mucho en juego, en concreto, la estabilidad del sistema financiero si el Santander no se podía hacer con el control de un banco solvente que tapara los agujeros en el balance que le estaban provocando el Brexit y las divisas en Latinoamérica: 8.000 millones de euros, tal y como mostraron en las cuentas del banco cántabro del ejercicio 2017.
Casualmente, dos días después de que Jaime Ponce recibiera esta comunicación, que era imposible que desconociera el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, se produjeron las salidas de depósitos de las principales cuentas de los organismos públicos que dejaron al Popular en una situación de la que no se pudo recuperar.
Por tanto, a medida que la Justicia vaya investigando sobre la presunta transmisión de información privilegiada respecto a la situación del Popular, el contenido de la carta de König irá tomando sentido, puesto que no puede ser casual que, una vez que se remitió a las principales entidades financieras españolas la noticia de que se iba a resolver al Popular, y que la misma se ejecutaría entre el 6 de junio por la noche y el 7 de junio de madrugada, todos los organismos públicos con cuentas en el Popular retiraran sus depósitos.
Excusas ha habido muchas porque ninguna de las administraciones puede reconocer que pudo haber recibido información privilegiada. Sin embargo, la orden de Europa al FROB es clara y contundente: «Confiamos en que tomará todas las medidas necesarias para implementar la decisión». La SAREB afirmó a Diario16 que esa retirada de sus depósitos se debió a una rebaja del rating que no se dio, por cierto, hasta un día después de dar la orden de retirada de su dinero. También sacaron sus depósitos la CNMC, la Comunidad de Canarias, el Ayuntamiento de Barcelona, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, la Tesorería General de la Seguridad Social, el propio FROB, entre otros. No había razón alguna para que lo hubieran hecho porque el Popular era un banco solvente que tenía capacidad, además, de generar beneficios recurrentes, tal y como afirmaron en su informe los peritos del Banco de España.
Entonces, ¿por qué se hizo lo que se hizo? Esta es una pregunta retórica, evidentemente, porque el fin último de la resolución y venta era el rescate encubierto del Santander. Sin embargo, ¿tan en crisis estaba la entidad presidida por Ana Patricia Botín como para asestar un duro golpe a 1,2 millones de personas? ¿Tanta prisa había?
La carta de Elke König afirma que la decisión y la puesta en marcha de las medidas necesarias para que ésta se implemente debía mantenerse en la más absoluta confidencialidad porque «su divulgación puede tener efectos sobre la estabilidad financiera», tiene más que ver con la situación del Santander que con la del Popular porque, como se pudo ver en la resolución, no hubo ningún efecto negativo para el sistema financiero europeo. Sin embargo, la caída del Santander sí que las hubiera tenido porque, al fin y al cabo, la entidad cántabra está catalogada como too big to fail (demasiado grande para caer).
No obstante, el perjuicio que ha creado esta situación, tras tres años de luchas y litigios aún no ha sido resuelta de manera justa gracias a la complicidad de los gobiernos de España y Europa, es tan grande que podría catalogarse como un crimen de lesa humanidad. La frialdad de la carta de la JUR al FROB recuerda, desgraciadamente, a la que en otros tiempos se remitió para señalar el inicio de la «Solución Final».