Tal y como publicamos en Diario16, ha sido presentada una denuncia ante la Fiscalía Europea contra la Junta Única de Resolución (JUR) y el Banco Central Europeo (BCE) para que inicie una investigación criminal por las irregularidades cometidas durante el proceso de resolución del Banco Popular.
Según el documento, al que ha tenido acceso Diario16, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) comunicó a las entidades financieras españolas la documentación correspondiente al Proyecto Hipócrates (nombre clave dado a Popular) en el que, entre otras cosas, se incluían las condiciones de la subasta que realizaría el propio FROB.
Ese documento va detallando tanto el cronograma de la subasta como la metodología de la misma. En el cronograma, que viene recogido en la página 3 y 4 del documento en inglés, se marca las 12 de la noche del día 6 de junio para presentar las ofertas en sobre cerrado. Tal y como hemos publicado en este medio, existe un reconocimiento formal de que las puestas fueron presentadas tres horas más tarde, lo que quiebra la subasta.
Por otro lado, según el cronograma del FROB la hora prevista de cierra era la 1 de la madrugada, hecho que sucedió a las 3.12 de la mañana.
Por tanto, se produce una grave irregularidad en cualquier acto administrativo, dado que, no habiendo presentado las ofertas en tiempo y forma, la subasta, en vez de paralizarse, continuó, lo que anula todo el procedimiento.
Por otro lado, la denuncia ante la Fiscalía hace referencia a una respuesta de la JUR a las demandas de los afectados en donde especifica cómo las autoridades de resolución no tienen la obligación de supeditar los preparativos de la gestión de la crisis a la toma de la decisión de inviabilidad o probable inviabilidad (FOLTF).
Sin embargo, la preparación en la gestión del procedimiento de una resolución no es lo que indica el FROB en dónde iniciaron el proceso de venta del Banco Popular, el día 3 de junio de 2017, cuando se aprueba el cronograma. Por tanto, no se trató de un preparativo sino de la ejecución de la venta del Banco Popular. Todo lo anterior se realizó, según la denuncia, a pesar de lo indicado en el Reglamento 806/2014 donde se señala que el procedimiento de resolución sólo podrá iniciarse tras la declaración de inviabilidad o posible inviabilidad, es decir, el estado FOLTF.
Mientras que para el BCE la concesión de líneas de liquidez se supedita a la solvencia de la entidad o grupo de entidades, la JUR en el mismo escrito señalado en la denuncia, «hace un ejercicio intelectual para concluir que una crisis de liquidez puede llevar a una insolvencia y, por tanto, esa crisis de liquidez puede llevar a que la autoridad de resolución prevea las posibles inviabilidades por motivos de liquidez inadecuada. Dentro del ejercicio para poder realizar esta afirmación se arroga la JUR unas facultades que, por normativa, corresponden al BCE para realizar la declaración FOLTF», indica la denuncia.
Por otro lado, la JUR finaliza su respuesta con la lacónica y contundente afirmación de que «el banco fue declarado FOLTF por el BCE debido a una crisis de liquidez».
Una crisis de liquidez que, atendiendo a las normas de Basilea III, el Banco Popular intentó solucionar y paliar, al menos sobre el papel. Sin embargo, atendiendo a las mismas normas de Basilea III, el supervisor debía aplicar medidas para paliar esa crisis de liquidez, medidas que llegaron tarde, mal y que fueron claramente insuficientes.