En abril de 2016, el consejo del Banco Popular se enteró de que el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional había abierto la pieza separada «Cantón» dentro de la causa de la trama Gürtel.
Evidentemente, surge una pregunta: ¿qué tenía que ver el Popular con esa pieza separada? Directamente nada, de hecho, nada se le había comunicado. Sin embargo, un periodista hizo llegar a la entidad el auto en el que se indicaba que se abría una investigación al Banco Pastor durante la presidencia de Arias y antes de la compra, dos años antes, por el Popular, por unos movimientos de transferencias desde Argentina y Uruguay a España y desde España a paraísos fiscales por valor de 600 millones de euros (1.200 si se suman salidas y entradas). Presuntamente, esos movimientos se habrían hecho a través de las oficinas de representación en Argentina del Banco Pastor y de algunas sucursales en Galicia.
De este hallazgo se dio cuenta al Consejo del Popular en abril. Pese a que José María Arias Mosquera, presidente del Pastor y vicepresidente del Popular, dijo que el tema estaba claro y que se había comunicado todo en su momento a las autoridades, Ángel Ron y Francisco Aparicio Valls decidieron abrir una investigación interna, a pesar de que el Popular no era parte del procedimiento.
La investigación fue lenta y los hallazgos notables, la falta de controles en las transferencias recibidas desde Argentina y Uruguay —para los que se había desarrollado una solución informática opaca ad hoc— y sus salidas automáticas desde España para paraísos fiscales habían provocado que la OFAC —agencia norteamericana contra el blanqueo— dictase una orden contra el Pastor años atrás, prohibiendo a éste operar internacionalmente. José María Arias ordenó destruir toda la documentación sobre el asunto días antes de la venta al Popular
Con estas conclusiones, en noviembre de 2016, Aparicio Valls, el ex secretario del Consejo emplazó a Arias para que diese unas explicaciones que no dio, puesto que se dedicó a «marear la perdiz». Contrató a unos abogados madrileños para amenazar con no aprobar las cuentas del Popular -como había hecho con la ampliación de capital- si la investigación salía adelante.
Ni Aparicio Valls ni Ron se arredraron ante las amenazas y pidieron un dictamen de un ex Fiscal General del Estado, documento que llegó en febrero de 2017. Ángel Ron se lo entregó a Emilio Saracho. ¿Qué ocurrió enconces? ¿Qué hizo el expresidente que llevó al Popular a la resolución? Nada se sabe con certeza. Teóricamente, antes de ser cesado por el Santander, Saracho trasladó las conclusiones a la Audiencia Nacional. Nada se sabe de esta pieza separada que apunta claramente al Banco Pastor de Arias como pieza en la financiación de la trama Gürtel.