En la misma medida en que la democracia iba madurando en España, el Banco Santander iba ganando poder e influencias. Han sido muchas las operaciones en las que se ha visto beneficiado por la indulgencia de los tres poderes y, sobre todo, del llamado cuarto poder.
En las últimas décadas, antes y después de septiembre de 2014, la ciudadanía española ha visto cómo se pagaron jubilaciones multimillonarias a José María Amusátegui y a Ángel Corcóstegui para que dejaran el campo libre Emilio Botín sin que fuesen condenados; se ha visto cómo se archivó la querella presentada por Rafael Pérez Escolar en referencia a la intervención de Banesto por delitos como apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, revelación de secretos, uso de información privilegiada, cohecho, prevaricación, estafa o malversación de caudales públicos que fue archivada por Baltasar Garzón justo antes de que se marchara a Estados Unidos con financiación del Santander. Todo ello por no hablar de la doctrina Botín o de los 2.000 millones ocultos en el HSBC de Suiza ni, por supuesto, del caso Banco Popular.
El Santander se ha convertido en una razón de Estado y, en cuanto tiene dificultades, ahí ha estado el gobierno de turno, ya fuera Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy e, incluso, Pedro Sánchez, no en vano recientemente se ha sobreseído una causa de blanqueo de capitales en la que estaban presuntamente implicados varios directivos o la ministra Nadia Calviño aprobó la fusión por absorción del Popular sin que se hubiesen resuelto las causas en la Justicia que podrían determinar la nulidad de toda la operación.
Respecto al Caso Popular, hay que decir que el sistema sabía de las dificultades que estaba pasando el Santander y se puso a trabajar para evitar su caída. El modus operandi del primer movimiento es tan similar a la operación del Popular que se podría interpretar que fue un simulacro de lo que vendría después.
Ahí hubo un hombre clave, Fernando Restoy que fue subgobernador del Banco de España y presidente del FROB de 2012 a 2016. Antes había sido vicepresidente de la CNMV, organismo del que salió entre polémicas. A Restoy se le llegó a vincular al PSOE. De hecho, fue nombrado subgobernador a sugerencia socialista mientras que Luis María Linde fue gobernador por la del PP. Durante esos años mantuvo una relación tirante con el «padrino» del Gobernador, Luis de Guindos.
Con el paso de los años, la relación entre el actual vicepresidente del BCE y Linde se agrió por la oposición del segundo a algunas decisiones atrabiliarias del primero durante la reestructuración financiera y, en cambio, la relación entre De Guindos y Restoy se fue destensando. Ya saben, la ley de los vasos comunicantes.
Desde mediados de 2015 la preocupación sobre la situación del Banco Santander era vox pópuli en el mercado. El banco cántabro era y es una cuestión de Estado. Fernando Restoy maniobró para que el banco portugués Banif (Banco Internacional do Funchal), intervenido y bajo custodia del Estado portugués cayese en manos del Santander, en detrimento de otros competidores, en una solución atípica ya que contenía un esquema de protección de activos a pagar por el Estado y que los técnicos estiman que proporcionó más de mil millones de euros de beneficios al Santander. Restoy se implicó personalmente en la adjudicación de Banif, para perplejidad de Carlos Costa, Gobernador del Banco de Portugal.
Banif —un problema mayúsculo para el país vecino— era una pieza menor y sólo alivió transitoriamente las cuitas de Santander. Otra cosa diferente era el Popular, sus once mil millones de patrimonio, su capacidad de generar beneficios y su liderazgo en el negocio de pymes; un objetivo prioritario para arreglar las cuentas del Santander, sobre todo desde que en el mes de febrero de 2016 el primer ministro británico, David Cameron, anunciara la celebración del referéndum del Brexit. Concretamente, ese anuncio se produjo tres días después de que Emilio Saracho contratara al despacho de cabecera del Santander y el mismo día en que fue nombrado presidente de la entidad a la que llevó a la resolución. Nada es casual, créannos, na-da.