El 3 de junio de 2017 fue un día clave para la resolucióndel Banco Popular, puesto que, en una reunión convocada por la JUR a través deun correo electrónico cifrado y dirigido al presidente del FROB, Jaime Ponce,se aprobó, entre otras cosas, el cronograma del proceso de resolución y deventa de la sexta entidad financiera de España en las mismas condiciones que seencontraban en el Proyecto Neptuno aprobado en el mes de mayo por el Consejo deAdministración del Santander.
Teniendo en cuenta la documentación aparecida en estasúltimas semanas, y la publicada por Diario16 en los primeros meses de 2018,respecto a la intervención omnipresente de los abogados del despacho decabecera del Santander, surge una duda: ¿también estuvieron presentes los letradosde Uría y Menéndez en esa reunión? Según diferentes fuentes consultadas porDiario16, estuvo presente un abogado de ese bufete que era quien coordinabaentre instituciones y el Banco Popular de cara a la resolución.
Distintos afectados personados en diferentes causasjudiciales, tanto en España como en Europa, han preguntado al Banco CentralEuropeo y a la JUR sobre este hecho que es clave para entender que el Santanderestaba monitorizando y controlando todos los movimientos previos a laresolución y a la venta. Estos organismos europeos no han confirmado nidesmentido sobre la presencia de Uría y Menéndez en la reunión del 3 de junio.Diario16, por su parte, se ha puesto en contacto con el FROB para conocer si huborepresentantes del despacho en un encuentro que fue clave, respondiendo que «setrata de cuestiones sujetas a procedimientos judiciales, y no realizamoscomentarios sobre asuntos judicializados».
Esta negativa de las instituciones que estuvieron presentesen dicha reunión a desmentir o a confirmar el hecho es la que da verosimilituda la información recibida.
Esto es fundamental, puesto que, según el acta notarial deJaime Ruiz Sacristán, en la reunión del Consejo del 6 de junio, se presentó unacarta pre redactada en inglés para enviar al Banco Central Europeo y que, enrealidad, fue el único documento que se envió al supervisor financiero de la Eurozona.
La omnipresencia de Uría y Menéndez en todo el proceso esclave. La gran mayoría de los consejeros del Banco Popular que declararon en laAudiencia Nacional coincidieron en que hubo cierta coacción por parte de EmilioSaracho a la hora de declarar la inviabilidad, paso previo para la resolución.La frase de Saracho «o se declara la inviabilidad o ateneos a lasconsecuencias» ha resonado en varias ocasiones en las paredes de la Audiencia.Diferentes versiones, diferentes modos de expresarse, pero en todos los casosel mismo mensaje. Una supuesta amenaza, una presunta coacción.
Sin embargo, la declaración que provocó un verdaderoterremoto fue la del recientemente fallecido Jaime Ruiz Sacristán, quien afirmóque no estaba de acuerdo con la declaración de inviabilidad porque el banco erasolvente, que el procedimiento de resolución era inaudito y que un abogado deUría habló en el Consejo el día de la resolución, advirtiendo de lasconsecuencias de no declarar la inviabilidad. Estos hechos no aparecen en elacta parcial de la reunión del Consejo del 6 de junio, como otras muchasintervenciones de otros consejeros que fueron obviadas. De esta declaraciónpodemos deducir una cierta coacción para votar a favor de la inviabilidad.
Todo lo que declaró el representante mexicano al juez CalamaTeixeira quedó reflejado en un acta notarial fechada el día 2 de agosto de2017, es decir, apenas dos meses después de la resolución y venta por un euroal Santander del Banco Popular.
A esto hay que añadir, además, las declaraciones en sedejudicial de Emilio Balado, exdirector general de Comunicación de la sextaentidad financiera de España, quien, por ejemplo, afirmó que todas lascomunicaciones del banco debían ser supervisadas por Uría y Menéndez, eldespacho de cabecera del Santander, cuyos letrados, por ejemplo, estuvieronpresente en la redacción de las actas de la venta del Popular en una notaríadel Paseo de la Habana.
Esta obligación impuesta por Saracho de que lascomunicaciones fueran siempre supervisadas por Uría y Menéndez es el hecho queintroduce al Santander en la ecuación de la operación. ¿Qué pintaban estosabogados del bufete de cabecera del banco presidido por Ana Patricia Botín enun Consejo de Administración del Popular o en la reunión con el FROB y la JURpara iniciar el Proyecto Hipócrates? Se trata del mismo despacho que horas mástardes de haberse declarado inviable a la entidad estaba redactando las actasnotariales de la venta por un euro.