Hoy comparece en calidad de testigo en la Audiencia Nacional Luis de Guindos y está obligado a decir la verdad. Según el artículo 458 del Código Penal «1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses. 2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado».
Como decimos, De Guindos deberá decir la verdad en sus respuestas al juez Calama, a los abogados de las partes y al fiscal, porque, con el conocimiento que el magistrado tiene del caso, se podría dar la paradoja, que es posible desde un punto de vista legal, de que el vicepresidente iniciara su declaración como testigo y finalizara como imputado por un delito de falso testimonio. Según fuentes consultadas por Diario16, es prácticamente imposible que se diera la posibilidad de que el juez finalizara la declaración para señalar a De Guindos que buscara atención letrada porque se le volvería a citar en calidad de investigado por los hechos que se analizan en la instrucción.
Luis de Guindos deberá responder sobre cómo, en sus primeros meses como ministro de Economía, vio con buenos ojos una operación propuesta por un banquero catalán que llegó a ofrecer a Ángel Ron ser el vicepresidente de distintas áreas de negocio de su banco en un movimiento que pasaba por una fusión o una absorción, una operación que no salió adelante. Luis De Guindos aceptó la propuesta ese banquero que fue el ariete, desde la presidencia de la CECA, para la destrucción y desaparición de las cajas de ahorro. Para que esa operación fuese adelante, era necesario poner al Popular en una situación delicada para que admitiese la oferta de la entidad absorbente.
Por otro lado, De Guindos deberá dar muchas explicaciones sobre la razón por la que, tras dar el visto bueno al plan de viabilidad de 2016, Economía se echó para atrás una vez que Emilio Saracho había accedido a la presidencia, tal y como se puede comprobar en los correos internos a los que ha tenido acceso Diario16 y que han sido publicados en estas páginas. De haber continuado con ese plan de negocio, Saracho habría necesitado muchos más esfuerzos para lograr que el Popular cayera por liquidez, dado que por solvencia no podía, como se pudo comprobar.
El vicepresidente del BCE tendrá que responder sobre la presunta connivencia de los organismos públicos a su cargo en la operación del Banco Popular. Desde el 2 de mayo de 2017, las autoridades europeas comenzaron a preparar la resolución de la sexta entidad de España. Mientras esto ocurría, en un momento en que aún no se habían producido las importantes salidas de depósitos, el FROB ya estaba preparando la resolución, dado que el día 30 de mayo contrató a dos asesores externos, Jefferies y Baker, para asesorar en el proceso de intervención del Popular. De Guindos tenía que saber esto.
Ya vimos cómo el volumen de negociación se disparó el día 31 de mayo, lo mismo que la salida de depósitos. Dos días después, Uría y Menéndez remitió sus instrucciones a Saracho y el sábado 3 de junio se inició el procedimiento de resolución de un banco que no había declarado el estado FOLTF.
El primer día laborable, «casualmente», se inició la retirada masiva de depósitos las instituciones públicas, mientras que, en paralelo, la negociación en bolsa de los títulos del Popular seguía disparada. Las casualidades no existen y De Guindos, como responsable del Ministerio de Economía, debía de estar informado de que el día 3 de junio de 2017 ya estaba diseñada la resolución, tanto que el FROB ya tenía diseñado el cronograma de la misma.
El 6 de junio de 2017 el ataque a la liquidez continuó. Ese día, además, el Banco de España registró el documento en el que aprobaba la operación de venta por un euro al Santander que no se produciría hasta la madrugada del 7 de junio. Este hecho también debe ser explicado por De Guindos porque es muy grave que se registre un documento un día antes del asunto que se trata en el mismo.
Por otro lado, la pasividad de la CNMV es un aspecto fundamental para el Caso Popular. El hecho de que el supervisor de los mercados no prohibiera los ataques bajistas al valor de la sexta entidad financiera, cuando habían ocupado más del 20% de su capitalización, y, sobre todo, cuando una semana después sí lo hizo con Liberbank en una situación de mucha menos amenaza, es un hecho que De Guindos debe explicar y la razón por la que el Ministerio de Economía no intervino para proteger a un banco sistémico como era el Popular.
Respecto a las reuniones que mantuvo con la señora Ana Patricia Botín y sus viajes a Washington, De Guindos debería dar muchas explicaciones sobre esto. El día 2 de junio de 2017, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó que el Popular era una entidad solvente (no se equivocaba) con el fin de calmar a los mercados. Ese día, el ministro de Economía no acudió a Consejo porque se encontraba en la capital de los Estados Unidos, concretamente en la reunión del Club Bildelberg que se celebraba en Chantilly, Virginia, y donde estaba también Ana Patricia Botín. Mientras esto ocurría, en España, el despacho de cabecera del Santander remitía a Emilio Saracho el plan de declaración de la inviabilidad y el plan de comunicación para el día después de la resolución. Hay que recordar, y De Guindos debería estar enterado de ello, que fue Uría y Menéndez el encargado de redactar la carta que se remitió al BCE y que inició la resolución.
De Guindos, además, deberá explicar al juez Calama la razón por la que dijo que el Popular era un «banco zombi» cuando poco tiempo antes había dicho que no tenía ningún problema. Muchas cosas que explicar, en una videoconferencia, y con la obligación de decir la verdad. La suerte está echada.