Tal y como publicábamos en Diario16, la Agencia Tributaria es muy clara al considerar que lo ocurrido el 7 de junio de 2017 fue una reestructuración del banco y no una extinción. No obstante, tanto la JUR, como Deloitte, así como determinados organismos (incluido alguno judicial, como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) siguen defendiendo que tras la resolución se creó un «nuevo Banco Popular» que nada tendría que ver con el antiguo.
El Santander defendió esta tesis en el recurso a su imputación que tuvo como consecuencia la creación de la «Doctrina Botín II» en la que la citada Sala llegó, incluso, a no aplicar un artículo del Código Penal para exonerar al Santander de indicios para su imputación.
Esta decisión de Hacienda pone de relieve un punto muy relevante para los afectados del Banco Popular, dado que se demuestra que la entidad, técnicamente hablando, nunca fue resuelta, sino que fue expoliada a sus accionistas sobre la base de una declaración de inviabilidad cuestionada por alguno de los consejeros que asistieron a distancia a la reunión del consejo del 6 de junio.
En concreto, tal y como publicó Diario16 en exclusiva, el acta notarial del exconsejero recientemente fallecido, Jaime Ruiz Sacristán, indica claramente que en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 6 de junio de 2017, participaron dos abogados del despacho de cabecera del Banco Santander que presentaron al Consejo una carta pre-redactada dirigida al Banco Central Europeo en la que se declaraba la inviabilidad del Popular. Es decir, el ex consejero revela que la decisión de declarar el estado FOLTF, fundamental para poder iniciar la resolución, estaba adoptada sin contar con el Consejo de Administración.
Además de otras irregularidades, Ruiz Sacristán indica en el acta notarial que «lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés previamente leída por el secretario Sr. Hervada. Es más, ni los abogados externos presentes en la reunión, ni el presidente o el secretario del Consejo de Administración explicaron, advirtieron o aclararon a los Sres. consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».
En consecuencia, se procedió a amortizar las acciones y los bonos y, simultáneamente, se le entregó el Popular al Santander que -y esto es lo que demuestra lo que la Hacienda Tributaria dice- en el cierre del primer semestre, 23 días después, hizo unos ajustes contables que nunca debería haber hecho el Popular si hubiese seguido funcionando y que supusieron una transferencia del patrimonio del Popular y de sus plusvalías latentes, que eran propiedad de los accionistas, a Banco Santander.
A pesar de la magnitud de estas irregularidades, fuentes consultadas por Diario16 consideran que es escandaloso que este tema, siendo evidente, no sea objeto de actuaciones en la Audiencia Nacional.