Tal y como hemos publicado en Diario16, la declaración de Luis de Guindos ha seguido una línea basada en los hechos que este medio lleva publicando desde casi 4 años, antes, incluso, de la resolución.
Dentro de los afectados por la testifical del actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) hay tres damnificados: Emilio Saracho, el Santander y los organismos europeos.
En primer lugar, el hecho de que no haya negado los argumentos del Banco de España, que a defendido que la caída del Popular fue causada única y exclusivamente por una grave crisis de liquidez focalizada en momentos puntuales que coinciden con maniobras de Saracho, coloca al expresidente de la entidad en una situación en el que las responsabilidades recaen sólo en él.
La declaración de Luis de Guindos, en realidad, ha vuelto a poner el foco en Emilio Saracho, como ha venido ocurriendo a lo largo de esta ronda de declaraciones. Cada día que el juez Calama, evidentemente salvo el que declaró el expresidente del Popular, ha interrogado a las personas imputadas o a los testigos, todos han focalizado, de un modo u otro, en la gestión y en las consecuencias que tuvo el modo de gobernar al Popular desde febrero de 2017. Lo que realmente ha hecho De Guindos ha sido colocar a Saracho como único responsable de la resolución y el mejor ejemplo de ello fue la visita que hizo en el mes de marzo de 2017 al BCE donde ya afirmó que sólo había tres soluciones para el Popular: venta, ampliación de capital o resolución.
Respecto a Europa, De Guindos ha dejado en muy mal lugar al organismo del que ahora es vicepresidente, puesto que ha puesto al pie de los caballos tanto a la JUR como al asesor externo contratado para realizar las valoraciones. Ha sido muy concluyente el hecho de que el juez Calama haya dado mucha importancia a un aspecto que en Diario16 llevamos años denunciando: la opacidad de los organismos europeos y la falta de transparencia a la hora de adoptar decisiones.
Respecto al Santander, Luis de Guindos ha afirmado que habló con Ana Patricia Botín, quien le indicó que se iban a retirar del proceso de compra del Popular porque el banco tenía un patrimonio neto negativo. Esto demuestra que la entidad cántabra sí que estuvo negociando, tal y como afirmamos en Diario16 hace más de dos años.
Estas palabras se contradicen con otra parte de la declaración del vicepresidente del BCE, dado que, tal y como han preguntado tanto el fiscal como las acusaciones, era muy incongruente que una entidad con un patrimonio negativo pudiera acceder a una línea de liquidez de emergencia de 9.500 millones de euros, como se le concedió, puesto que para ello es necesaria la presentación de colaterales y garantías. Sorprende, además, que Ana Patricia Botín le dijera eso cuando el Consejo de Administración Santander había aprobado el día 23 de mayo de 2017 la compra del Popular en un escenario de intervención y por un precio máximo de 200 millones de euros.
De Guindos no dijo nada respecto a lo afirmado por Emilio Saracho en su declaración del mes de octubre, cuando dijo que se dirigió a Luis de Guindos para solicitarle liquidez y que, como no se la daban, le dijo que tendrían que resolver al Popular. Saracho, según indican las mismas fuentes, indicó que el exministro le dijo que, si había que llegar a la resolución, entonces debería hablar con Jaime Ponce, presidente del FROB, el mismo que, según De Guindos, informó de la resolución cuando todo ya estaba hecho.
El hecho de que Saracho le indicara a Luis de Guindos que si no lograba liquidez el Popular iba a la resolución pone muy en duda que las retiradas masivas de depósitos por parte de los organismos públicos no fueran consecuencia de la presunta utilización de información privilegiada, una sospecha que siempre ha rondado sobre De Guindos y que hoy no ha quedado despejada.