Un Gobierno que se autocalifica de "progresista de izquierdas" no puede permitir que una empresa que, a pesar de dar pérdidas, comunica que ha obtenido más de 3.000 millones de euros en 2020, lo que provocó un repunte de su decrépito valor en bolsa, ejecute un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 3.000 trabajadores. A todo esto hay que añadir la crueldad con la que el Santander suele gestionar sus despidos colectivos. En una situación como la actual, anunciar un ERE de este tipo es cruel e inoportuno, además de la muestra de que cuando la rentabilidad está en peligro, el banco cántabro la consigue atacando a su plantilla, al lado más débil de la balanza. ¿Está utilizando el Santander las pérdidas "reales" que está aflorando para justificar los despidos o para intentar acceder a los créditos fiscales? Esto requiere que el Gobierno inicie una investigación a fondo, caiga quien caiga, de las cuentas del Santander.
La visión del Banco Santander que ayer presentó Ana Patricia Botín en la Junta General de Accionistas no se correspondía con la realidad de la entidad cántabra que, por un lado, presentó unos resultados con más de 9.000 millones en pérdidas. En segundo término, el diario económico Expansión publicaba en portada que el Santander «planea un ERE de 3.000 empleados por motivos económicos». La noticia fue confirmada unas horas después por el consejero delegado, José Antonio Álvarez, quien ha afirmado que no sería traumático.
Este anuncio provocó la reacción inmediata de los sindicatos mayoritarios, sobre todo después de que recientemente Rami Aboukhair, Country Head de Santander España, emitiera un mensaje a la plantilla en el que afirmaba que «cuento con vuestro compromiso» o que Ana Patricia Botín afirmara en la Junta General, en respuesta a uno de los accionistas, afirmó que, si se tomaba una decisión de reducción de plantilla, «los primeros que lo van a conocer van a ser los representantes de los trabajadores, con los que tenemos una relación muy fluida y de quienes apreciamos el trabajo que hacen y que hacemos el conjunto por el bien de todos».
Ante esta noticia, que citaba fuentes cercanas al proceso, UGT publicó una circular interna en la que se afirma rotundamente que el sindicato desconocía la noticia y desmiente que el Santander se hubiese puesto en contacto con los representantes de los trabajadores para comunicarles el ERE. «Una noticia de este tipo solo genera incertidumbre, ansiedad y sienta una pésima base para la gestión y negociación de las condiciones posibles y futuros expedientes, por lo que agradeceríamos a “esas fuentes cercanas al proceso” que dejasen de dinamitar negociaciones futuras que, de producirse, marcarían la estabilidad económica y laboral de muchos trabajadores», afirma UGT.
CCOO, por su parte, «manifiesta su más enérgica repulsa a una forma de actuar que dinamita todos los puentes que se han venido manteniendo».
Una noticia de este tipo sólo pudo ser filtrada por quienes están en los más altos niveles ejecutivos de la entidad, o de sus departamentos de comunicación y el hecho de que haya sido confirmada por el consejero delegado indica que así fue. Un ejemplo de cómo se puede dinamitar el diálogo social.
Lo que queda claro es que, de confirmarse la intención del Santander de despedir a más de un 11% de la plantilla comunicándolo previamente a la prensa antes que a los sindicatos supone, en primer lugar, la ruptura del diálogo social como se haría en cualquier dictadura y, en segundo término, desmiente totalmente lo afirmado por Ana Patricia Botín.
La gestión de la actual presidenta se resume en eso: Expedientes de Regulación de Empleo y ampliaciones de capital, es decir, que va en contra de los trabajadores y de sus accionistas, sobre todo de los minoritarios. Ayer se aprobó un nuevo refuerzo de capital para poder pagar dividendos, lo que diluye aún más el valor de las acciones, lo que, evidentemente, machaca más a los pequeños accionistas que a los grandes que, a pesar de haber perdido desde 2014 una cantidad superior a los 70.000 millones de euros, aún no han planteado la remoción del actual Consejo de Administración.
Infligir daño para aumentar la rentabilidad
Los constantes expedientes de regulación de empleo del Santander logran mejorar su rentabilidad a costa del sufrimiento de familias o de empeorar las condiciones laborales de sus empleados y empleadas hasta unos niveles insostenibles para el ser humano. No se puede ser más cruel.
Gracias al nuevo ERE, el Santander logrará que la ratio de rentabilidad por empleado se dispare un 15%. Esa ratio reúne diferentes factores como las comisiones generadas por la actividad comercial, el margen de intereses conseguido por los préstamos concedidos, además de las operaciones financieras. Es evidente que, al reducirse el número de empleados, la rentabilidad aumenta. Sin embargo, ¿a qué coste humano y social lo logra el Santander?
Los testimonios recogidos por Diario16 durante el anterior ERE demostraron la crueldad con la que se aplicó este proceso de reestructuración de personal, sobre todo porque se hizo pasar por «voluntarios» despidos que, en realidad, no lo eran. Hay que recordar cómo, según los testimonios de trabajadores y trabajadoras, se les llegó a amenazar en los diferentes departamentos de recursos humanos con que si no se iban «voluntariamente» perderían una importante cantidad de dinero porque, firmaran o no firmaran, iban a salir del banco. Además, esas reuniones se realizaron sin la presencia de los representantes legales de los trabajadores (RLT), algo a lo que el empleado o empleada siempre tiene derecho.
Queda claro que para el Santander el sufrimiento, el dolor y la crueldad estuvieron bien empleados puesto que han logrado incrementar la rentabilidad por trabajador.