El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda contra Santander Consumer USA porque la filial americana de la entidad presidida por Ana Patricia Botín negó a diez militares de manera ilegal la finalización anticipada de los contratos de renting de sus coches.
La investigación del departamento, que comenzó en 2019, se originó a partir de una denuncia presentada por el capitán del Ejército Eric McDowell, quien firmó un contrato de renting de tres años en octubre de 2017 para un Jeep Grand Cherokee.
Sin embargo, en mayo de 2019 se enteró de que lo iban a enviar a Afganistán. En agosto de ese año devolvió el vehículo a Santander e intentó rescindir el contrato de renting, pero la filial americana de la entidad presidida por Ana Patricia Botín denegó su solicitud de rescisión.
No fue hasta febrero de 2020, desde de que el Departamento de Justicia abriera su investigación y seis meses después de que el capitán McDowell devolviera su vehículo al concesionario, cuando Santander finalmente aprobó la rescisión del renting, anuló los cargos por rescisión anticipada y reembolsó los cargos que se habían pagado por adelantado. El capitán McDowell sufrió un estrés significativo durante su despliegue en Afganistán como resultado de este retraso de seis meses.
En septiembre de 2021 el Departamento de Justicia anunció que Santander Consumer alcanzó un acuerdo prejudicial para resolver una demanda federal que alega que la compañía negó las rescisiones anticipadas de arrendamiento de vehículos a los miembros del Ejército que calificaron para ellos bajo el Acuerdo para Miembros del Ejército en base a la Ley de Asistencia Civil (SCRA, por sus siglas en inglés).
Llueve sobre mojado
En este caso, llueve sobre mojado, puesto que el Departamento de Justicia ya resolvió una demanda de SCRA contra Santander en 2015 por recuperar los vehículos de 1.112 militares sin una orden judicial.
Según los documentos a los que ha tenido acceso Diario16, la Fiscal General Auxiliar, Kristen Clarke, perteneciente a la División de Derechos Civiles, afirmó que «se deben respetar los derechos civiles de los militares que sacrifican tanto por nuestro país. Estamos comprometidos a garantizar que aquellos que prestan servicio en las Fuerzas Armadas de nuestra nación reciban la gama completa de beneficios y protecciones a los que tienen derecho en virtud de la Ley de Asistencia Civil para miembros del Ejército».
Por su parte, el fiscal federal interino para el Distrito Norte de Texas, Prerak Shah, señaló que «dado que todos nuestros veteranos se ponen en peligro cuando se movilizan o cambian de misión, lo último por lo que deberían preocuparse es por el alquiler de su automóvil. La Ley de Asistencia Civil para miembros del Ejército está diseñada para aliviar las cargas financieras asociadas con el servicio militar en activo. Estamos decididos a defender esta importante ley».
En concreto, la SCRA permite que los militares rescindan sus arrendamientos de vehículos antes de tiempo sin penalización después de ingresar al servicio militar o recibir órdenes militares calificativas para un cambio permanente de destino o para desplegarse en otra ubicación.
Bajo el acuerdo propuesto, Santander deberá pagar una indemnización a los diez militares agraviados y una sanción civil al Tesoro de Estados Unidos como parte del acuerdo, la empresa también actualizó sus procedimientos y capacitación SCRA.