Mientras en Reino Unido y otros países sí se investigan los escándalos del Santander, en España la Audiencia Nacional, en concreto, el juez Santiago J. Pedraz, sobreseyó provisionalmente la causa por el blanqueo en un auto al que Diario16 ha tenido acceso. El magistrado aceptó todos los argumentos presentados por la Fiscalía y señala claramente que «tras un pormenorizado análisis de los hechos y evidencias de contrastación, y a pesar de podrían quedar incardinadas en el delito continuado de blanqueo de capitales del art. 301 del C. Penal, pues la operativa de las dos entidades bancarias analizadas ha contribuido al aprovechamiento y ocultación del producto de hechos constitutivos de delitos: el trabajo llevado a cabo por los peritos judiciales ha puesto de manifiesto la existencia de numerosos elementos que deberían haber alertado del importante riesgo asumido por los responsables de las entidades investigadas en la operativa llevada a cabo que facilitó la ocultación y el aprovechamiento del producto de los delitos […] Este riesgo se deducía del país ordenante de la operativa (Suiza); de la entidad cliente (HSBC Private Bank Suisse) con un importante historial de colaboración en la ocultación de fondos de contribuyentes europeos y españoles, público y notorio; y de la concreta operativa analizada que favorecía la ocultación del titular real de los fondos. Asimismo, el profundo análisis llevado a cabo por los peritos, ha puesto de manifiesto la muy notoria e irregular ausencia de valoración del riesgo desarrollada por los investigados en los expedientes de diligencia debida en los supuestos de autos, en contra incluso de los criterios asumidos en sus propios Manuales de Procedimiento internos».
Sin embargo, para Santiago Pedraz estas evidencias resultan insuficientes «para alcanzar la convicción del reproche penal a título de dolo, a la vista de la ausencia de una prueba directa, inequívoca y sin fisuras, que acredite el conocimiento cabal de que, a través de los instrumentos puestos a disposición por ambas entidades, Banco Santander y BNP Paribas, a otra entidad de alto riesgo, HSBC Private Bank Suisse, se canalizasen fondos procedentes de actividades delictivas».
Es decir, existen múltiples evidencias de que hubo comportamientos del Santander que podrían ser catalogados como un presunto delito de blanqueo de capitales, pero la Justicia española afirma que no son suficientes. ¿Qué necesitan Pedraz o la Fiscalía? ¿Un vídeo en el que se hubiera grabado cómo se hacían las operaciones? Tal vez, ni eso habría servido porque para el Santander siempre hay un elemento jurídico (y si no lo hay, se inventa, como ocurrió con la Doctrina Botín) para salvarlo de las grandes condenas.
Sin embargo, Santander, blanqueo de capitales y fraude fiscal son elementos que sí son investigados en otros países. Diario16, a través de los documentos sacados a la luz por el ICIJ, ya publicó cómo el banco presidido por Ana Patricia Botín canalizó más de 450 millones de euros en transacciones de dinero sucio.
En concreto, según los archivos de la investigación del ICIJ, a los que ha tenido acceso Diario16, fueron 30 operaciones en las que estuvo implicado, de una manera u otra, el banco presidido por Ana Patricia Botín.
Las operaciones se realizaron, principalmente, desde JP Morgan, Deutsche Bank, Standard Chartered y desde el New York Mellon Bank. En concreto, desde esta entidad financiera, se ejecutaron 2 operaciones: la primera, en junio de 2016, por un valor de 454.888.333 de dólares. Este movimiento se inició en el New York Mellon Bank, pasó por la oficina del Santander en las Islas Caimán y terminó en la Winterbotham Trust Company Limited de Bahamas.
Respecto a la segunda, realizada en enero de 2013 y un valor de 550.000 dólares, tuvo el mismo origen, pasó por Santander España, para finalizar en el Caledonian Bank Limited de las Islas Caimán. Otras operaciones que aparecen en la investigación de ICIC, se canalizaron desde el New York Mellon y utilizaron al Santander en Portugal y Uruguay.
Deutsche Bank es el que más operaciones realizó con o a través de Santander, en total 22. Estos movimientos se ejecutaron en las oficinas en Argentina (2), Brasil (11), Hong Kong (2), España (3), Suiza (3) y Uruguay (1). Lo mismo ocurre con JP Morgan, con una operación a través de Santander Totta (Portugal). Respecto al Standard Chartered, según los datos de la investigación de ICIJ, realizó con Santander operaciones a través de Brasil y España.
Uno de los máximos accionistas del Santander, Bank of New York Mellon, blanqueó miles de millones de euros, según los Papeles FinCEN.
Este escándalo, que acumula de manera global más de 2 billones de euros blanqueados, ya está siendo investigado por las autoridades de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Suiza. En España, como es lógico, no se está haciendo nada a pesar de que, además del Santander, hay otras entidades que fueron utilizadas para realizar estas operaciones.
Sin embargo, el banco presidido por Ana Patricia Botín también está siendo investigado en el mayor caso de fraude fiscal de Europa: los dividendos Cum-Ex. La cifra presuntamente defraudadasuperaría los 55.200 millones de euros. Diferentes testigos de entidades financieras involucradas han hecho referencia al papel activo del Santander que se habría beneficiado con la financiación y las transacciones que dieron lugar a cientos de casos de fraude fiscal.
La investigación en Alemania comenzó en abril de 2013 y se está juzgando en el Tribunal Regional de Bonn, donde ya se ha dictado sentencia del primer caso derivado de las investigaciones de la Fiscalía de Colonia. La fiscal jefe de Colonia, Anne Brorhilker, tras cinco años de investigación solicitó a laFiscalía Anticorrupción de Madrid que se registrase la Ciudad Financiera del Santander en Boadilla. Sin embargo, el fiscal español Luis Rodríguez Sol se negó a ello y tan sólo remitió un requerimiento escrito al banco que fue despachado con una simple contestación de cuatro páginas y varios documentos adjuntos. El fiscal español tras la negativa a ejecutar el registro, y después de 14 años en la Fiscalía Especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, fue nombrado juez de enlace en Roma, destino ideal para un miembro del Opus Dei.
A diferencia del Santander otros bancos como el australiano Macquarie Bank, los franceses BNP Paribas y Societe Generale o el alemán Deutsche Bank si sufrieron el registro judicial.
Pese a la negativa al registro de la sede del Santander, la fiscal alemana no se amedrentó y comunicó a la entidad cántabra la apertura de una investigación penal por su presunta intervención en el fraude que afectaría a empleados y altos responsables del Santander, entre ellos a Stephen Woodhead, jefe del departamento de «short term equity trading» en Londres. La acusación de la fiscalía mantendría que, dada la magnitud de las transacciones y préstamos concedidos para ejecutarlas, el fraude debía ser conocido necesariamente por la alta dirección del banco.
Este caso se sigue investigando y juzgando en Alemania, donde ya ha habido las primeras condenas a dos banqueros que han logrado evitar la cárcel porque están colaborando activamente con la Justicia, lo que abre claramente la posibilidad de que las investigaciones sean aún más precisas y así se indica en un informe de la Fiscalía alemana: hay más de 600 personas presuntamente implicadas y más de 130 bancos están bajo sospecha, entre los que se encuentra el Santander.
Durante el juicio, el juez Roland Zickler fue muy claro: «¿Todos queremos vivir en un mundo donde todos se estafan entre sí?». La propia fiscal, Anne Brorhilker, afirmó que una condena más dura habría «encubierto el hecho de que el mayor robo de impuestos en la historia alemana no fue realizado por dos personas sino por cientos de personas».
El pueblo español ya está harto de que Banco Santander tenga en su mano decidir en qué casos gana o pierde en los tribunales. No se han enfriado aún las brasas del escándalo que supuso el sobreseimiento provisional de la causa por la presunta puesta a disposición de los canales del banco presidido por Ana Patricia Botín para que clientes españoles de HSBC pudieran, supuestamente, blanquear y ocultar dinero a la Hacienda española, cuando el Santander se ha visto obligado a comunicar a la US Securities and Exchange Commision (SEC) –la CNMV de los Estados Unidos– que la entidad cántabra está siendo investigada por las autoridades del Reino Unido por su política antiblanqueo del periodo 2012-2017, según ha publicado VozPópuli.
Mientras esto ocurre en el mundo, el Santander vive en España con la impunidad que le da el control judicial y político de las instituciones. Esto está provocando que nuestro país se haya convertido en un Estado fallido, que la democracia española, si ya tenía suficientes deficiencias por la falta de renovación de los diferentes poderes democráticos tras la Transición, soporte la lacra de la sumisión política y judicial a los intereses del Santander.
En primer lugar, sorprende que el banco presidido por Ana Patricia Botín esté obligado a comunicar a la SEC que está siendo investigado en Reino Unido por presunto blanqueo de capitales pero que en España no haya publicado en los últimos tres meses ningún hecho relevante en la CNMV informando al mercado de ello. Un caso más de negligencia del supervisor de los mercados, que ya tanto daño hizo a los 1,2 millones de personas afectadas por el Caso Popular al no paralizar las operaciones en corto cuando, tras la resolución, sí lo hizo con Liberbank, o que el actual presidente, Rodrigo Buenaventura, redactara un informe con argumentos falsos sobre la imagen fiel de las cuentas, teoría e informe que están siendo desmontados por este medio.
En segundo término, la Justicia española ya ha sido puesta en evidencia ante las autoridades europeas y la protección que concede al Santander es catalogada en diferentes denuncias como el mejor ejemplo de la presunta corrupción judicial en España.
Desde el punto de vista político, ¿qué le deben los distintos gobiernos españoles al Santander? No puede ser que los diferentes ejecutivos desde la Transición hayan actuado como si fuesen proxenetas que entregaron la democracia al banco cántabro a cambio de unos pocos millones de euros para la financiación de las campañas electorales. Esto sería muy grave, sobre todo por lo barato que le saldría al Santander controlar España.
Tiene que haber algo más. Tal vez, como hipótesis, el servicio de «documentación» del banco presidido por Ana Patricia Botín sea tan efectivo como lo son los servicios de inteligencia y dispongan de dosieres suficientes como para tener sujetos a todos y todas las que pudieran someterse al imperio de la verdad y no caer en el temor al escándalo público. Podría ser que haya algo más y que el Santander esté pasando las facturas por la salida de la crisis económica de 2008. Podría ser, podría ser, pero nadie lo sabe mientras la entidad cántabra sigue escapando del poder de la Justicia.
El actual Gobierno, con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Nadia Calviño como máximos responsables, no han hecho nada para terminar con esta situación. Es más, de un modo u otro, se han convertido en cómplices y, como sus antecesores, han seguido sometidos a cumplir con su supuesta obligación de proteger al banco cántabro, tanto por acción como por omisión. La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos permitió, por ejemplo, que el Santander se beneficiase del patrimonio del Banco Popular cuando aún hay pendientes diferentes procedimientos judiciales, tanto en España o en Europa, que podrían anular la resolución y, en consecuencia, la venta de la sexta entidad por un euro. ¿Qué hará entonces el Santander, después de llevar años reclamando créditos a los clientes del Popular y obteniendo beneficios milmillonarios? Recurrirá al Estado para que vuelva a sacarle las castañas del fuego y, por desgracia, recibirá sin ningún problema lo que solicite.
El señor Sánchez y el señor Iglesias Turrión deberían recordar quiénes son los máximos accionistas del Santander para entender que es inexplicable la protección que se le da por parte del sistema: bancos custodios, gestores de cartera o grandes fondos internacionales que son opacos con los propietarios del dinero que invierten en las grandes empresas españolas. El Santander ya no es un banco español, sino que está controlado por grandes entidades extranjeras.
El Santander es lo contrario a lo que representan, o deberían representar, el PSOE y Unidas Podemos. Es la antítesis y la señora Botín debería ser la némesis. El banco cántabro afirma ser feminista y se ceba en los ERE con las mujeres, con las madres con reducción de jornada o utiliza la lucha contra el cáncer de mama para publicitar sus seguros. El Santander afirma que es ecologista, incluso Jesús Calleja, amigo de Pedro Sánchez, se llevó a la señora Botín a hacer un publirreportaje a Groenlandia, mientras el Santander aparece en todos los informes como uno de los bancos del mundo que más invierte o financia a empresas altamente contaminantes e incrementa esa apuesta con, por ejemplo, las sociedades que explotan las tierras raras.
El feminismo y el ecologismo son algunos de los puntos clave del actual Gobierno progresista y de izquierdas. Entonces, ¿cómo pueden seguir defendiendo a este banco? ¿No ha llegado ya la hora de investigarlo a fondo y descubrir la verdadera situación en la que se encuentra?
El Santander no es razón de Estado, no es una cuestión de Estado, es, simplemente, una empresa privada que puede caer como lo puede hacer una zapatería o un supermercado. A lo largo de la historia, muchos bancos no han recibido la protección del sistema, han quebrado o han sido vendidos por cantidades ridículas (simbólicas es un eufemismo muy utilizado para esto) de dinero. Y no ha pasado nada, como no pasaría nada si el Santander es intervenido o vendido por la simbólica cantidad de 0,5 euros a otra entidad que, con su esfuerzo, no se ha convertido en un peligro sistémico, como afirmó el FMI, ni que tenga miedo a abrir investigaciones independientes (forensic) sobre sus escándalos, como ya ha reclamado por escrito, tanto al Consejo de Administración como a los fondos internacionales que controlan más del 40% del Santander, algún que otro accionista minoritario.