Uno de los elementos clave para entender las causas de la resolución del Banco Popular fue la reunión que Emilio Saracho mantuvo en el Banco Central Europeo (BCE) el día 16 de marzo de 2017. Sin embargo, el juez José Luis Calama Teixeira no la ha tenido en cuenta en su auto de pase a procedimiento abreviado en el que ha exonerado de toda responsabilidad al presidente que llevó a la resolución a la entidad.
En este aspecto, hay que recordar que los peritos del Banco de España, en su informe pericial entregado a la Audiencia Nacional en octubre de 2019, afirmaron con rotundidad que la única causa de las pérdidas económicas de los afectados fue la decisión de resolver el banco, una resolución que, como es bien sabido, no se debió a cuestiones de solvencia sino a la crisis de liquidez iniciada en el segundo trimestre de 2017.
Según señala el recurso presentado por AEMEC, esa visita de Saracho al BCE «es un indicio de la ocultación de sus propósitos a los consejeros, y de su estrategia de presión a los funcionarios, llevando a estos a engaño, de tal manera que vieran posible la resolución […] podría constituir una evidencia de que su actuación como presidente condujo a la resolución del Popular; ayudando también a explicar, tan extraña e injusta declaración de inviabilidad».
En esa reunión en el BCE, Saracho planteó tres escenarios posibles, en su opinión, para el Popular. Por un lado, se encontraba una ampliación de capital, operación corporativa en la que no creía, tal y como afirmó en repetidas ocasiones. En otro orden, estaba la venta del banco, un movimiento que, según admitió Saracho, era lo que el mercado vería en su nombramiento.
Finalmente, Saracho planteó como tercer escenario el de la resolución, en un momento en el que no se habían incumplido ningún tipo de ratios normativas. En consecuencia, el entonces presidente del Popular, que conocía el banco porque había tenido acceso a toda la información y documentación interna posible, sabía que el Popular no podía caer por una cuestión de solvencia, sino que el único camino hacia la resolución era el de una crisis de liquidez, como así sucedió.
Los informes periciales ratificados por Calama dejan claro que Banco Popular era un banco solvente en el momento de su resolución. Esto se demuestra en el análisis que se hizo a la hora de conceder una línea de liquidez de emergencia (ELA, por sus siglas en inglés) de 9.500 millones de euros.
Por tanto, el patrimonio de 11.000 millones de euros que señalaron los peritos del Banco de España estaban respaldados por el BCE, puesto que el supervisor no podría conceder tal línea de liquidez sin un patrimonio cuanto menos equivalente que la respaldara. En consecuencia, el 5 de junio de 2017, el Popular había superado el examen de solvencia del supervisor.
En otro orden, la entidad disponía de la capacidad para generar 1.150 millones de euros de beneficios recurrentes, según señalaron los peritos del Banco de España. Según fuentes jurídicas, los inspectores fueron taxativos al respecto durante su declaración ante Calama. Además, indicaron un hecho que hace que el contenido del auto del juez instructor sea tan sorprendente. La paralización del plan de negocio por parte de Saracho detuvo en seco la consecución de los objetivos de la ampliación de capital.
Los hechos demuestran que Saracho no gestionó al Popular porque no sabía cómo hacerlo y optó por rebajar su valor para poder venderlo con mayor facilidad.
«Además, presumiblemente trataba de amedrentar a las autoridades para que facilitasen su plan, para que viesen con buenos ojos una operación de venta a la desesperada o la resolución. Y esas conductas, debidamente acreditas, creemos nosotros que incurrirán claramente en el tipo de administración desleal», afirma con rotundidad el recurso de AEMEC.
Además de diferentes declaraciones al respecto, Jaime Ponce, expresidente del FROB, señaló en sede judicial que la JUR le transmitió que estaban alertados por lo que Saracho había dicho en el BCE sobre la situación del banco.