Habrá quien pretenda culpar a la SEPI de que conceder un rescate a Abengoa, como ya lo ha hecho con otras empresas estratégicas como Duro Felguera o Air Europa, es una locura y un riesgo muy importante. Sin embargo, no se puede culpar a la ministra de Hacienda por las acciones negligentes de Nadia Calviño, vicepresidenta tercera del Gobierno.
Lo que ha provocado la ministra de Asuntos Económicos no es otra cosa que dejar a una multinacional estratégica, que tiene mucho recorrido en el corto plazo por la priorización que se está haciendo del desarrollo de la generación de energía limpia, al albur de los intereses de un fondo buitre. Además, indirectamente, está beneficiando la estrategia de los directivos cercanos al Santander en contra de los accionistas minoritarios.
Todo esto se podría haber evitado si Nadia Calviño hubiese accedido en agosto a que el ICO hubiera avalado 161 millones de euros. El hecho de no hacerlo o no autorizarlo ha provocado la exposición a que Abengoa termine controlada por un fondo buitre que, casualmente, llegó en agosto de la mano del Santander.
La filial AbenewCo1, a la que se han traspasado los activos más valiosos de Abengoa, publicó un hecho relevante el pasado 17 de marzo en el que se detallan los detalles del plan de salvamento. En el documento se anuncia que Abenewco1 había presentado a la SEPI «una solicitud de apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas por importe total de 249 millones de euros».
Además, en el mismo hecho relevante se indica que « Abenewco 1 ha recibido una oferta no-vinculante por parte de un grupo de inversores liderado por TerraMar Capital LLC (“TerraMar”). Dicha oferta consistiría en proporcionar 150 millones de euros en forma de préstamo y 50 millones de euros en forma de aportación de capital a Abenewco 1. El préstamo de 150 millones de euros se dividiría en dos desembolsos, uno inicial de 35 millones de euros que dotaría a Abenewco 1 de liquidez en el corto plazo, y 115 millones de euros adicionales que estaría sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes. Una vez cumplidas las condiciones precedentes, Abenewco 1 realizaría una ampliación de capital que subscribiría TerraMar por un importe de 50 millones de euros, con el objetivo de llegar a ostentar el 70% del capital social de Abenewco 1. Dicha oferta de financiación e inversión está condicionada a que las instituciones financieras de relación de la compañía aporten nueva financiación y nuevas líneas de avales, en línea con los acuerdos firmados y anunciados en agosto 2020».
Esto es un verdadero disparate, tal y como lo han calificado la sindicatura de minoritarios AbengoaShare, dado que, de llevarse a efecto este plan, Terramar acabará controlando el 70% de Abenewco1, además de denunciar que este fondo buitre basa su modelo de negocio en la «deslocalización, despiece y liquidación de las compañías en las que interviene». Esto pone en riesgo el dinero público y los 14.000 empleos de Abengoa.
Los minoritarios señalan que, además, «este fondo apenas cuenta con 21 empleados y solo ha realizado tres operaciones desde su creación en 2016, por un valor de apenas 30 millones de dólares (25 millones de euros), y en sectores que nada tienen que ver con el de Abengoa».
El Estado, por tanto, se juega un total de 749 millones de euros si nos circunscribimos a lo señalado la Fase 2 del plan presentado en el hecho relevante:
