Nadia Calviño lo ha vuelto a hacer. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos ha adoptado una decisión que favorece los intereses de Banco Santander.
En concreto, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha autorizado a Santander Vida Seguros y Reaseguros la ampliación de su actividad aseguradora al ramo de accidentes, según la orden publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado {BOE).
Economía señala que Santander Vida Seguros y Reaseguros ha dado cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 7 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para la ampliación de la actividad al ramo de accidentes.
Esta autorización supone un verdadero espaldarazo en el maltrecho negocio del Santander en España, puesto que, en primer lugar, según los resultados del primer semestre, el beneficio de la filial española fue de solo 390 millones de euros y, en segundo término, el negocio asegurador es el que más incremento está teniendo un mayor crecimiento para el sector financiero.
La orden de Calviño puede ser recurrida
Contra la orden del ministerio se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma.
Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación.
Banco Popular, el regalo de Calviño a Ana Patricia Botín
Nadia Calviño llegó al gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura. Ana Patricia Botín no tardó ni un segundo en bendecir, cual papisa, el nombramiento:
Sólo dos meses después, Nadia Calviño respondió al recibimiento de Ana Patricia Botín «regalándole» de manera definitiva el Banco Popular, al autorizar la fusión por absorción sin esperar a que los tribunales, tanto españoles como europeos, dictaminaran sobre la legalidad de la resolución y de la operación.
El Santander eliminó rápidamente la personalidad jurídica de la sexta entidad financiera, lo que propició el escenario de tierra quemada de cara a una decisión judicial contraria.
Las causas de nulidad de la resolución del Banco Popular, tanto en el derecho español como en el comunitarios, superan la treintena, tal y como llevamos demostrando documentalmente en Diario16 desde hace más de cuatro años. ¿Qué ocurrirá si la Justicia es justa y decide anular la resolución? ¿Quién devolverá el banco a sus legítimos dueños? ¿Quién indemnizará a los afectados?
Nadia Calviño, con la decisión de aprobar la fusión por absorción sin esperar a que los tribunales determinaran la legalidad o ilegalidad de la operación, supondrá que el Santander se quede con el Popular y el Estado español se tenga que hacer responsable de pagar más de 30.000 millones de euros a los afectados. Como dice el refrán, «señores lo dan y siervos lo lloran». No hace falta decir nada más.