Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, y Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, han enviado este lunes una nueva carta a la Comisión Europea en la que reclaman una solución comunitaria a la subida "sin precedentes" del precio de la luz, al tiempo que advierten de que la situación actual pone en riesgo tanto la recuperación económica como la transición verde de la UE.
El Gobierno español insiste a Bruselas en la necesidad de reformar el funcionamiento mercado mayorista de electricidad y propone la creación de una plataforma centralizada que se compre gas con el objetivo de como forma de reducir la dependencia del bloque mediante la generación de reservas.
"Creemos que si las reglas del juego se establecen a nivel europeo, las soluciones también deberían", señala la misiva enviada al vicepresidente del Ejecutivo comunitario para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, la vicepresidenta responsable de la cartera de Competencia, Margrethe Vestager, y la comisaria de Energía, Kadri Simson.
Según las dos vicepresidentas españolas, la Comisión Europea "debería tener el objetivo de aumentar la certidumbre" del sistema a través de un "conjunto flexible de directrices" que "ofrezcan a los Estados miembros diferentes opciones para amortiguar el efecto de incrementos repentinos en los precios de la energía".
"La situación no solo pone en riesgo la tan necesaria recuperación económica sino que también puede hacer descarrilar nuestra estrategia de descarbonización", advierten Calviño y Ribera en su carta a las autoridades comunitarias, a quienes también avisan de que "el contexto actual" también "pone en riesgo" el hecho de que los ciudadanos europeos "deben ser siempre el centro" de la transición verde.
Además, han apuntado que, aunque la situación actual puede deberse a factores "puntuales", el "camino" de la UE hacia una economía libre de emisiones de gases de efecto invernadero "sufrirá nuevos pasos hacia atrás por eventos inesperados" a los que el club debe "intentar anticiparse y prepararse" para afrontarlos.
Protestas como las de los Chalecos Amarillos
Calviño y Ribera han añadido a la carta un documento informal con ideas para "enmarcar el necesario debate" que se debe desarrollar a nivel europeo, en el que desarrollan algunas de las ideas expresadas en la carta.
En este segundo texto, España señala que el escenario actual "no es sólo un problema nacional" sino que también tienen "una dimensión europea" porque el marco legal comunitario "está perdiendo credibilidad".
A esto se añade que los altos precios y la volatilidad del mercado son "políticamente insostenibles" y "la situación puede provocar protestas" contra las iniciativas que reducen el uso del carbón en la UE similares a la de los 'chalecos amarillos' en Francia.
¿Qué propone el Gobierno a Bruselas?
España defiende en el documento de propuestas una revisión del mercado mayorista de electricidad "para que los consumidores se puedan beneficiar de las tecnologías de energías renovables", que son "más baratas".
"Con el diseño de mercado de hoy, los consumidores no están participando de los beneficios que ofrece un 'mix' renovable de generación", señala el texto. "No debemos olvidar que no hay descarbonización sin la electrificación de la economía. Nuestros objetivos dependen de esto", añade.
Otra de las propuestas que hace el Gobierno es crear una "plataforma europea centralizada para comprar gas" que facilite "la construcción de reservas estratégicas". "La autonomía estratégica de Europa es incompatible con el nivel de exposición actual a las fluctuaciones de los mercados internacionales de energía", advierte el documento.
Una plataforma común permitiría a la UE ganar poder de negociación en los mercados energéticos globales. "Ya lo hemos hecho con bastante éxito para obtener vacunas y deberíamos reproducir este modelo en otros campos estratégicos como este", apostilla el documento.
Otra de las ideas de España es adoptar medidas para evitar la "especulación financiera" en el mercado europeo de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), en el que no deberían participar "todos los agentes" porque "hay una correlación significativa entre los niveles crecientes de precios y la mayor presencia de 'no propietarios' en el mercado".