Es muy grave lo que está ocurriendo con las instituciones públicas en referencia al Caso Banco Popular y cómo su cómplice silencio está sirviendo de escudo para tapar la realidad de esta operación que ha arruinado a más de 305.000 familias. Que la Secretaría de Estado de Economía retrase o niegue la entrega de documentación al Defensor del Pueblo es muy grave pero no es la primera vez que ocurre respecto a otras instituciones públicas, tanto españolas como europeas.Recordemos cómo el BCE, a través de la presidenta del MUR, Danielle Nouy, negó a europarlamentarios españoles el acceso a los documentos de la intervención del Popular, entre los que se encontraba el informe de Deloitte, con el argumento de que hacer públicos esos documentos podría afectar a los intereses comerciales del Santander. Tampoco se facilitaron esos documentos al Congreso de los Diputados cuando los requirió la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, esta vez con la excusa de que hacerlos públicos podría generar una crisis del sistema financiero de la Unión Europea.Todas aquellas instituciones públicas que han tenido una relación directa o indirecta con la operación han guardado silencio o, directamente, han obstruido la labor de la Justicia a la hora de entregar documentación cuando se ha requerido, hecho que obligó al juez de la Audiencia Nacional a emitir un auto a todas las instituciones públicas y privadas reclamando toda esa información documental. Sin embargo, en el caso de los juzgados de primera instancia ha habido casos en que el Banco de Santander se ha negado a entregar los documentos, tal y como ocurrió con el número 27 de Barcelona, al que se le negó el acta del Popular del día 6 de junio porque contenía «información relevante y delicada». En cuanto tuvo conocimiento de la noticia, Diario16 se puso en contacto con este juzgado e indicarle que esa acta se encontraba a su disposición en el paquete de documentos que fueron entregados y admitidos por el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional a instancias del Fiscal Anticorrupción.Las instituciones públicas, españolas y europeas, están teniendo un comportamiento de silencio cómplice ante la Justicia y ante otras instituciones en el Caso Banco Popular, un silencio que, en el caso de la JUR, ha llegado a la contratación de uno de los despachos de abogados más caros del mundo, Linklaters, para que redactara un informe justificando la opacidad ante los ciudadanos. Es muy grave el hecho de que los organismos públicos estén actuando de este modo, ocultando información requerida tanto por los órganos de Justicia como por los legítimos representantes del pueblo español. ¿Qué esconden? ¿Acaso no quieren que se hagan públicos los datos de la operación o las cifras que publicaremos mañana en Diario16 y que demuestran la realidad económica del Santander y por qué fue necesaria la intervención del Popular y la ruina para más de 305.000 familias? El silencio es cómplice y, además, es un modo de aquiescencia.
Caso Banco Popular: el cómplice silencio del Estado
17
de Abril
de
2018
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
Guardar
Nuevo caso de negación de documentación sobre el Caso Banco Popular por parte de las instituciones. Sin embargo, aquí nos hallamos con que la no entrega de esos documentos proviene de un organismo público que le niega documentos a la institución cuya función es la defensa de los intereses del pueblo ante los abusos del poder.En una carta remitida por la oficina del Defensor del Pueblo, y firmada por el señor Francisco Fernández Marugán, a la que ha tenido acceso Diario16, se indica a una afectada del Caso Banco Popular que solicitó amparo a esta institución que «ante la tardanza en recibir la información que esta institución solicitó a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, se le informa de que con esta misma fecha se ha requerido su remisión urgente».Es muy grave lo que está ocurriendo con las instituciones públicas en referencia al Caso Banco Popular y cómo su cómplice silencio está sirviendo de escudo para tapar la realidad de esta operación que ha arruinado a más de 305.000 familias. Que la Secretaría de Estado de Economía retrase o niegue la entrega de documentación al Defensor del Pueblo es muy grave pero no es la primera vez que ocurre respecto a otras instituciones públicas, tanto españolas como europeas.Recordemos cómo el BCE, a través de la presidenta del MUR, Danielle Nouy, negó a europarlamentarios españoles el acceso a los documentos de la intervención del Popular, entre los que se encontraba el informe de Deloitte, con el argumento de que hacer públicos esos documentos podría afectar a los intereses comerciales del Santander. Tampoco se facilitaron esos documentos al Congreso de los Diputados cuando los requirió la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, esta vez con la excusa de que hacerlos públicos podría generar una crisis del sistema financiero de la Unión Europea.Todas aquellas instituciones públicas que han tenido una relación directa o indirecta con la operación han guardado silencio o, directamente, han obstruido la labor de la Justicia a la hora de entregar documentación cuando se ha requerido, hecho que obligó al juez de la Audiencia Nacional a emitir un auto a todas las instituciones públicas y privadas reclamando toda esa información documental. Sin embargo, en el caso de los juzgados de primera instancia ha habido casos en que el Banco de Santander se ha negado a entregar los documentos, tal y como ocurrió con el número 27 de Barcelona, al que se le negó el acta del Popular del día 6 de junio porque contenía «información relevante y delicada». En cuanto tuvo conocimiento de la noticia, Diario16 se puso en contacto con este juzgado e indicarle que esa acta se encontraba a su disposición en el paquete de documentos que fueron entregados y admitidos por el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional a instancias del Fiscal Anticorrupción.Las instituciones públicas, españolas y europeas, están teniendo un comportamiento de silencio cómplice ante la Justicia y ante otras instituciones en el Caso Banco Popular, un silencio que, en el caso de la JUR, ha llegado a la contratación de uno de los despachos de abogados más caros del mundo, Linklaters, para que redactara un informe justificando la opacidad ante los ciudadanos. Es muy grave el hecho de que los organismos públicos estén actuando de este modo, ocultando información requerida tanto por los órganos de Justicia como por los legítimos representantes del pueblo español. ¿Qué esconden? ¿Acaso no quieren que se hagan públicos los datos de la operación o las cifras que publicaremos mañana en Diario16 y que demuestran la realidad económica del Santander y por qué fue necesaria la intervención del Popular y la ruina para más de 305.000 familias? El silencio es cómplice y, además, es un modo de aquiescencia.
Es muy grave lo que está ocurriendo con las instituciones públicas en referencia al Caso Banco Popular y cómo su cómplice silencio está sirviendo de escudo para tapar la realidad de esta operación que ha arruinado a más de 305.000 familias. Que la Secretaría de Estado de Economía retrase o niegue la entrega de documentación al Defensor del Pueblo es muy grave pero no es la primera vez que ocurre respecto a otras instituciones públicas, tanto españolas como europeas.Recordemos cómo el BCE, a través de la presidenta del MUR, Danielle Nouy, negó a europarlamentarios españoles el acceso a los documentos de la intervención del Popular, entre los que se encontraba el informe de Deloitte, con el argumento de que hacer públicos esos documentos podría afectar a los intereses comerciales del Santander. Tampoco se facilitaron esos documentos al Congreso de los Diputados cuando los requirió la Comisión de Investigación sobre la Crisis Financiera, esta vez con la excusa de que hacerlos públicos podría generar una crisis del sistema financiero de la Unión Europea.Todas aquellas instituciones públicas que han tenido una relación directa o indirecta con la operación han guardado silencio o, directamente, han obstruido la labor de la Justicia a la hora de entregar documentación cuando se ha requerido, hecho que obligó al juez de la Audiencia Nacional a emitir un auto a todas las instituciones públicas y privadas reclamando toda esa información documental. Sin embargo, en el caso de los juzgados de primera instancia ha habido casos en que el Banco de Santander se ha negado a entregar los documentos, tal y como ocurrió con el número 27 de Barcelona, al que se le negó el acta del Popular del día 6 de junio porque contenía «información relevante y delicada». En cuanto tuvo conocimiento de la noticia, Diario16 se puso en contacto con este juzgado e indicarle que esa acta se encontraba a su disposición en el paquete de documentos que fueron entregados y admitidos por el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional a instancias del Fiscal Anticorrupción.Las instituciones públicas, españolas y europeas, están teniendo un comportamiento de silencio cómplice ante la Justicia y ante otras instituciones en el Caso Banco Popular, un silencio que, en el caso de la JUR, ha llegado a la contratación de uno de los despachos de abogados más caros del mundo, Linklaters, para que redactara un informe justificando la opacidad ante los ciudadanos. Es muy grave el hecho de que los organismos públicos estén actuando de este modo, ocultando información requerida tanto por los órganos de Justicia como por los legítimos representantes del pueblo español. ¿Qué esconden? ¿Acaso no quieren que se hagan públicos los datos de la operación o las cifras que publicaremos mañana en Diario16 y que demuestran la realidad económica del Santander y por qué fue necesaria la intervención del Popular y la ruina para más de 305.000 familias? El silencio es cómplice y, además, es un modo de aquiescencia.
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