Un número determinado de jueces y fiscales parecen decididos a demostrar a todos los españoles y españolas que las togas son el uniforme oficial de la guardia pretoriana de la banca. El volumen de sentencias o de decisiones incomprensibles que favorecen al sector financiero español se acerca al infinito, lo que está generando un sentimiento de indefensión a toda la ciudadanía. Da la sensación de que desde los tribunales se quiere lanzar el siguiente mensaje: «la banca no se toca». Si alguien lo intenta, ya está la marea de togas para evitarlo.
El último caso se ha visto con el Caso Bankia. Si ya había sido escandalosa la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que absolvió a Rodrigo Rato y a otros 33 procesados, más lo es la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de no presentar recurso. La sentencia se basaba en que la salida a Bolsa contó con la aprobación de todos los supervisores, Banco de España, CNMV, FROB y EBA, que el folleto contenía una «amplia y certera» información financiera y no financiera, además de destacar que en el juicio solo se expusieron actitudes genéricas de los acusados y no actos concretos.
Según ha adelantado ABC, la Fiscalía justifica su decisión en que no se dan los criterios técnicos para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el sistema lo tiene todo atado y bien atado, porque, según la doctrina del Alto Tribunal, es muy difícil que una sentencia absolutoria se convierta en absolutoria en casación.
Sorprende aún más esta decisión de no recurrir cuando fue la Fiscalía quien estuvo más en desacuerdo tanto con la sentencia como con la manera en que la Sala de lo Penal valoró las pruebas aportadas, además de la postura inquisitorial adoptada respecto a las acusaciones y la propia Fiscalía.
Esta decisión de la Fiscalía Anticorrupción, por muy ajustada que pudiese estar a criterios técnicos, es una nueva demostración de que el sistema protege a la banca. Casos hay muchos y muy escandalosos: las cesiones de crédito del Santander, donde se llegó a crear una doctrina legal para evitar que Emilio Botín fuera condenado, el presunto fraude fiscal en la compra de Banesto, archivada por el juez Garzón, el IRPH, donde hay tribunales que han llegado a «vanagloriarse» de no hacer caso a la legislación europea para dictar sentencias que favorecían al sector financiero, la sentencia del Supremo sobre el pago de los impuestos de las hipotecas, y un largo etcétera.
El peligro de una decisión como esta es que la ciudadanía se siente indefensa frente a la banca y sirve, en muchos casos, como un elemento preventivo que se resume en la siguiente expresión: «para qué voy a denunciar, si los bancos siempre ganan». Esto es muy triste y es un verdadero insulto a un Estado de Derecho como debería ser España pero que no lo será hasta que no se produzca la ruptura total de la Administración de Justicia.