Los afectados del Banco Popular están viendo cómo el dinero público de toda la ciudadanía está siendo utilizado por diferentes organismos del Estado para la contratación de despachos de abogados y expertos que tumben el arbitraje de Antonio del Valle. Todo ello, evidentemente, a quien favorecerá será al Santander…, como siempre.
En un momento de crisis sanitaria, en el que el Gobierno está intentando utilizar todo el dinero público para favorecer a las personas, las empresas y los autónomos para, en primer lugar, superar la pandemia, y, en segundo término, allanar el camino para que la vuelta a la normalidad no deje nadie atrás, el Banco de España ha adjudicado tres contratos, un asesor jurídico y dos firmas expertas en arbitraje, para el procedimiento arbitral interpuesto contra España por Antonio del Valle por el Caso Popular.
En concreto, el Banco de España ha contratado al despacho de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton como asesor jurídico por un valor de 2,2 millones de euros. Por otro lado, se ha contratado a la firma británica Versant Partners por 450.000 euros en calidad de perito especialista y, finalmente, pagará 180.000 euros por los informes periciales realizados por la especialista en regulación bancaria Rosa María de Lastra.
Estas cantidades hay que unirlas a los 6 millones de euros ofertados por el FROB y los 480.000 de la CNMV, es decir, que el Estado español va a gastarse 10 millones de euros en su lucha contra los afectados del Popular, algo que, por extensión, favorecerá al Santander, la entidad que lo compró por un euro y que se está aprovechando de las potencialidades, de los 11.000 millones de patrimonio neto y de los activos del Popular.
Por un lado, es lógico que el Reino de España quiera defenderse en el arbitraje de Antonio del Valle. Sin embargo, el Estado dispone de su propia Abogacía, con grandes expertos en arbitrajes internacionales, que podrían haber ahorrado ese coste, sobre todo ahora, en un momento en el que cada euro es fundamental para la lucha contra el coronavirus o para comprar material para el sector sanitario.
Tampoco es lógico el empecinamiento en defender una operación que arruinó a más de 1,2 millones de personas y que está plagada de causas de nulidad, empezando por el propio Banco de España que aprobó la venta por un euro al Santander cuando aún no se había ejecutado la resolución ni realizado la subasta, y siguiendo con el FROB, que permitió la venta fuera de plazo o la CNMV que no paralizó las operaciones a corto del Popular, al contrario de lo que hizo una semana después de la resolución con Liberbank o la medida adoptada en los primeros días de la pandemia con todo el mercado español.
¿A quién se empeña en proteger el actual Ejecutivo y, principalmente, todos los organismos dependientes de la ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta Nadia Calviño? Sorprende, sobre todo cuando el Caso Popular fue una herencia recibida del gobierno de Mariano Rajoy. En el aspecto económico la operación fue «muñida» y dirigida por el ex ministro y actual vicepresidente del BCE Luis de Guindos. La ejecución de la misma fue realizada, con mano de cirujano, por Emilio Saracho en todo lo referente al aspecto financiero, a la comunicación, el tráfico de información/filtración, contrataciones jurídicas clave. Además, no se puede olvidar la presencia paralela de personas cercanas a Soraya Sáenz de Santamaría y que en la actualidad podrían estar cobrando de forma directa o directa del banco presidido por Ana Patricia Botín.
Es inexplicable cómo el actual Gobierno, con el maltrato, la deslealtad y la mezquindad que está recibiendo del Partido Popular, continúe protegiendo a la derecha más cruel, la derecha que representa al capitalismo destructor de los derechos del pueblo. A eso es a lo que se está protegiendo, a ese poderoso capitalismo deshumanizado, incluso utilizando dinero del pueblo que tanta falta hace para cosas más importantes.
Ahora es el momento de demostrar la humanidad de este gobierno respecto a un pueblo que sufre, mucho más los oprimidos por el capital deshumanizado tan bien representado por el Santander. La señora Calviño tiene una oportunidad de pasar a la historia en este momento de la épica de la verdad. La verdad es que lo tiene muy fácil, no tiene más que separar sus criterios y acciones de las de Luis de Guindos y del BCE. El propio presidente Sánchez ha exigido a la UE que es el momento de los hechos, de que Europa se identifique con sus pueblos y se distancie del capital inhumano que maneja los poderes democráticos. Calviño debe actuar con la coherencia mostrada por el resto del gobierno o como demuestra y desea ser «el después que nos espera».
Un Estado democrático no puede permitirse, por ética, gastarse 10 millones de euros para ir contra su propio pueblo para favorecer los intereses del Santander. ¿Cuándo llegará el momento en que un país como España deje de estar sometida a los intereses del sector financiero? Es la hora de que el Estado proteja a su pueblo del capitalismo deshumanizado.