Caso Popular: De Guindos citado a declarar en la Audiencia Nacional

El juez José Luis Calama Teixeira ha citado a declarar en la Audiencia Nacional en calidad de testigo al ex ministro de Economía, Luis de Guindos el día 2 de abril de 2020. El testimonio del actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) será clave, sobre todo, para desentrañar la presunta complicidad de su ministerio en la operación que terminó con la resolución de la sexta entidad financiera de España y su posterior venta al Santander por un euro.El hecho de que vaya en calidad de testigo es muy importante, puesto que, a diferencia de los imputados, estará obligado a decir la verdad y a responder a todas las preguntas que las partes quieran hacerle.De Guindos deberá exponer las razones por las que, según afirman algunos de los consejeros del Banco Popular, fue el principal responsable de la candidatura de Emilio Saracho para sustituir a Ángel Ron. El papel de Luis de Guindos, como ya hemos publicado en Diario16, en el Caso Popular no se circunscribe sólo al periodo 2016-17, sino que habría que remontarse más atrás, a la compra, sin ningún tipo de ayudas públicas, del Banco Pastor, operación que el Popular acometió "a pulmón". El ex ministro de Economía también deberá explicar las razones por las que pretendió en el año 2012 que los test de estrés se endurecieran al Popular y a BMN para, posteriormente, que las dos entidades fuesen vendidas a un banco catalán.Volviendo a ese periodo 2016-17, Luis de Guindos también deberá concretar algunos aspectos que tuvieron una relevancia crucial para el desarrollo de los acontecimientos posteriores. En primer lugar, el contenido de los encuentros mantenidos con representantes del Santander en diferentes acontecimientos nacionales e internacionales que determinaron, entre otras cosas, el inicio de la operación diabólica que, casualmente, se cerró en la misma semana en que se había celebrado la reunión del Club Bilderberg en Chantilly (Virginia, USA), a pocos kilómetros de Washington. En segundo término, De Guindos también deberá exponer ante el juez Calama por qué desde el ministerio de Economía se paralizó el Proyecto Sunrise una vez que Emilio Saracho había accedido a la presidencia, según se demuestra en los correos publicados por Diario16. En tercer lugar, el ex ministro de Economía tendrá que decir, sin faltar a la verdad, si hubo información privilegiada para la salida de depósitos de organismos públicos y empresas participadas por el Estado porque, teniendo en cuenta que esas fugas de liquidez se produjeron el primer día laborable tras la puesta en marcha del Proyecto Hipócrates, Luis de Guindos va a tener que dar muchas explicaciones más allá de que fue una coincidencia o la "Ley de Murphy". En cuarto término, De Guindos deberá explicar en la Audiencia Nacional la razón por la que, con la información de la que disponía, afirmó que el banco no tenía problemas, lo que llevó a muchos de los afectados a no vender sus acciones, sobre todo cuando en el Ministerio ya se sabía desde el día 3 de junio que el Popular iba a ser resuelto, sobre todo cuando unos pocos días después de la resolución dijo aquello de que era un "banco zombie". Estos son algunos puntos, pero Luis de Guindos tendrá que aclarar muchos puntos sobre su gestión del Caso Popular.En la providencia hecha pública hoy por el juez Calama, también han sido llamados a declarar en calidad de testigos la ex presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, el ex gobernador del Banco de España, Luis María Linde y el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, cuyos testimonios también serán clave para desentrañar algunos aspectos de la presunta connivencia de los organismos públicos con la operación.Albella deberá determinar, principalmente, la razón por la que no paralizó la cotización del Banco Popular cuando las posiciones bajistas habían ocupado ya un 12% del capital bursátil de la sexta entidad financiera de España, como sí hizo días después de la resolución con Liberbank. La actitud adoptada por la CNMV, una vez que Albella accedió a la presidencia, respecto al Banco Popular fue muy distinta. El supervisor tuvo en su mano frenar toda la operación desde el primer momento, pero, sobre todo, cuando permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Saracho). El presidente de la CNMV también deberá exponer, sin faltar a la verdad, las conclusiones de su asesoramiento respecto a la ampliación de capital de 2016, unos trabajos que fueron fundamentales para dicha operación porque Albella, según está reflejado en el acta de la reunión del Consejo de Administración del Popular del 25 de mayo de 2016, analizó y examinó como presidente de Linklaters las cuentas del Banco Popular en 2016 y fue uno de los asesores que participó en la aprobación de la ampliación de capital de dicho año, proporcionando una Opinión Legal favorable a los bancos comercializadores y asegurando a los consejeros, con manifestaciones contundentes recogidas en acta del Consejo, que una operación de refuerzo de capital nunca acarrearía ningún tipo de responsabilidad.Otro de los testigos clave a los que ha citado el juez Calama es Luis María Linde, quien tendrá que responder a cuestiones como el contenido de sus cartas a Mario Draghi respecto a la concesión de la liquidez de emergencia. El ex gobernador de Banco de España también deberá desentrañar el hecho de que, si el Popular era un banco solvente y viable, como él mismo ha reconocido, por qué no se pusieron todas las herramientas necesarias o se presionó al BCE para la concesión de la totalidad de la ELA que el Popular tenía asignada (9.500 millones de euros). Por otro lado, Linde deberá responder, sin faltar a la verdad, la razón por la que no se puso ningún problema a la operación de venta del Popular por un euro al Santander en un documento fechado en registro del día anterior, sobre todo cuando la comunicación del FROB sí que se realizó en la madrugada del mes de junio.