Se acerca el tercer aniversario de uno de los hechos más graves de la historia de la banca española y de la política de la España democrática, la expoliación del Banco Popular a sus accionistas, clientes y empleados en favor del Banco Santander, mediante su resolución.
A estas alturas la solvencia y viabilidad del Popular son hechos incontrovertidos, probados en el informe de los peritos del Banco de España: más de 11.000 millones de patrimonio y una capacidad para generar 1.150 millones de beneficios ordinarios recurrentes. Todo esto se fue al garete mediante un proceso colmado de irregularidades y se entregó por un euro al Banco Santander más 2.000 millones de obligaciones que se amortizaron de manera irregular, según la documentación que obra en poder de Diario16.
Para entender este expolio, la lentitud de la instrucción de las causas en la Audiencia Nacional y la apertura de un frente de reclamaciones a los directivos históricos del Banco, que nada tuvieron que ver con la resolución de un banco solvente y rentable, hay que entender los diferentes intereses en juego que propiciaron el desgraciado final del Banco Popular.
Hay que evitar las anécdotas y los lugares comunes y centrarse en lo fundamental. Sirva como resumen introductorio que la catástrofe (dolorosa para 1,2 millones personas) de la resolución del Popular se debió a la confluencia de dos intereses principales: salvar al Santander y tapar la investigación de la pieza separada Cantón, dentro de la Gürtel.
A esto hay que añadir que los verdaderos muñidores de la operación —el Santander, Luis de Guindos, Sebastián Albella, Luis María Linde, Jaime Ponce y Fernando Restoy— utilizaron la vehemencia del accionista mexicano Antonio del Valle que ansiaba hacerse con la presidencia del Popular.
Unos y otros, conscientes unos y ávidos de un dinero fácil otros, contrataron a un ejecutor, Emilio Saracho que, en menos de seis meses, destruyó al Popular Español y, con él, a 305.000 familias del Estado español, de los que, por cierto, no se preocupa ningún partido del Congreso de los Diputados y, con ellos, hasta ahora la mayoría del poder judicial. En este caso, los asesores políticos, en sus decisiones de gobernanza, no se van a equivocar en marcar los tiempos, porque siguen manteniendo de forma absolutamente incomprensible el apoyo a una Justicia injusta.