Caso Popular: el Defensor del Pueblo Europeo investiga a la JUR

Tal y como publicamos en Diario16, la Junta Única de Resolución (JUR) organizó un procedimiento para gestionar el derecho de audiencia a los afectados del Banco Popular, a través de un formulario en línea. El Defensor del Pueblo Europeo recibió varias reclamaciones relativas al hecho de que la JUR no respondió en un tiempo razonable a las personas interesadas sobre el derecho a ser oído y al retraso en la toma de una decisión sobre la posibilidad de compensar a los afectados del Banco Popular.Por esta razón, la institución inició una inspección a la JUR que tenía como objetivo obtener una visión general de los pasos que la JUR ha dado en relación con el procedimiento de análisis de los comentarios presentados por los accionistas y acreedores afectados del Banco Popular en el ejercicio de su derecho de audiencia y, en particular, saber cuándo la JUR tiene la intención de adoptar una decisión final sobre la posible compensación. Diario16 ha tenido acceso al reporte de esa inspección.Por un lado, la JUR expuso a los inspectores cómo había realizado el procedimiento y, esto es importante, cómo derivó 58 de las cuestiones enviadas por los afectados a Deloitte. Ceder esa información de los afectados a un asesor externo no es ético, por más que se hicieran referencias a él en las alegaciones presentadas por las personas que acudieron al derecho de audiencia.El Defensor del Pueblo, por otro lado, interrogó a los representantes de la JUR sobre una fecha aproximada para la finalización de este procedimiento, a lo que la institución que resolvió al Banco Popular indicó que «no tiene pleno control con respecto a la finalización de este proceso y la adopción de la decisión final».Por otro lado, la JUR comunicó que publicará esta decisión en su página web pero que, en función de lo que Deloitte afirme en su informe, «podría tener que consultar al Banco Santander, S.A. sobre la supresión de información potencialmente sensible desde el punto de vista comercial».Es muy importante el hecho de si Europa será quien se haga cargo de las indemnizaciones a los afectados del Popular, puesto que, nuevamente, nos encontraremos con un rescate con dinero público a un banco privado que, por diferentes factores, estaba en una situación límite en el año 2017, tal y como reflejaron sus cuentas y los movimientos realizados en ellas para ocultar un agujero de 8.000 millones de euros, tal y como ya publicamos en Diario16 en los diferentes análisis de un documento pericial presentado ante los tribunales.Hay que recordar cómo, en la noche del 7 de junio de 2017, para la confección del documento contractual de la venta del Popular al Santander fuera necesario levantar hasta tres actas notariales —en una notaría del Paseo de la Habana de Madrid— porque quienes estaban en el proceso desconocían el modelo de registro una operación de este tipo al ser el primero que se realizaba a través de la aplicación del Mecanismo Único de Resolución.El Santander presionó para que se hiciera del modo más conveniente para la entidad cántabra y finalmente se impuso un documento preparado por Uría y Menéndez.La primera acta era un contrato de compraventa al uso, algo que el Santander no podía permitir porque había que blindar la operación. Por eso impusieron el documento preparado por Uría y en el que se recogía de forma específica que la venta era consecuencia de un proceso de resolución para, de este modo, evitar responsabilidades judiciales posteriores y que esas responsabilidades fueran para la JUR y el FROB.Ese documento sólo se firmó una vez que el Popular había sido resuelto, es decir, cuando la JUR y el FROB ya habían ejecutado la reducción a cero del valor de las acciones y los bonos. Esta fue la forma por la que se justificó el euro que se pagó en metálico.Por tanto, la inspección del Defensor del Pueblo Europeo indica que en la UE tampoco están muy seguros de que el procedimiento aplicado fuera el correcto y ya se estarían preparando movimientos preventivos de cara a la justificación del pago de miles de millones de euros como indemnización a los 1,5 millones de ciudadanos y ciudadanas de la Unión a los que se les quitaron los ahorros de toda una vida de trabajo.