Caso Popular: el juez Calama activa las alarmas de los defensores de la gestión de Saracho

Los urdidores, ejecutores, justificadores y aplaudidores de la operación que dejó en la ruina a las más de 305.000 familias del Banco Popular han activado todas las alarmas porque el juez Calama Teixeira está centrando sus interrogatorios en la etapa de Saracho y no en la cortina de humo de la situación de las cuentas o en la ampliación de capital.El duro golpe recibido por quienes justifican la operación diabólica, los mismos que se pretenden convertir en la muralla que proteja al Santander de la opinión pública, con el informe de los peritos del Banco de España se ha quedado pequeño con la estrategia que el magistrado de la Audiencia Nacional ha implementado en los dos primeros interrogatorios: buscar la responsabilidad en la época de Saracho en vez de en la de Ángel Ron.Hay que recordar, porque este punto es muy importante que quede en la cabeza de todo el mundo, que, según el informe pericial del Banco de España, el Banco Popular fue resuelto por una crisis de liquidez que se generó en el segundo trimestre de 2017, es decir, durante la presidencia de Emilio Saracho.El Popular era un banco solvente y viable y los resultados del primer trimestre así lo revelaron. Además, los peritos indicaron cuatro fechas concretas en las que Saracho fue protagonista. En el mes de abril, el hecho relevante de la re expresión de las cuentas y el discurso en la Junta de Accionistas. En mayo, la filtración a El Confidencial sobre la presunta quiebra y el artículo de Reuters. Esos momentos, añadidos a las salidas de depósitos del primer día laborable tras iniciarse el Proyecto Hipócrates, fueron clave para que el día 6 de junio Saracho declarara la inviabilidad, el 7 de junio se resolviera la entidad y fuera vendida fuera de plazo al Santander por 1 euro.Si el Banco Popular era un banco solvente, como afirman los peritos del Banco de España, era viable, como demostraron los resultados del primer trimestre que dio beneficios en el negocio principal, y que fue resuelto por una crisis de liquidez generada en el segundo trimestre de 2017, la misión de un juez es buscar a los responsables entre quienes gestionaban la entidad cuando se produjo la causa principal, no aspectos del pasado que nada tuvieron que ver con la resolución.En este sentido, el juez Calama Teixeira tendrá la oportunidad de confirmar el informe pericial en el mes de febrero, fecha en que ha citado a declarar a los peritos que firmaron el documento del Banco de España en el que se dejaba muy claro que la caída del Popular fue causada por esa crisis de liquidez y no por solvencia.En otro orden, contrasta la posición de quienes defienden la operación que arruinó a más de 305.000 personas hacia el juez instructor de la Audiencia Nacional con la que tienen hacia el fiscal Antonio Romeral porque éste ha centrado su estrategia en el estado de las cuentas y en las ampliaciones de capital.Además, durante los días previos al inicio de las comparecencias y en las fechas posteriores a la declaración de Emilio Saracho se ha vuelto a lanzar globos sonda de distracción que, según fuentes jurídicas consultadas, no tienen otro fin que el de condicionar la estrategia del juez.En consecuencia, la actuación del juez, cuando aún sólo han comparecido dos de los imputados, está asustando a quienes están demasiado acostumbrados a controlar los tribunales. En una democracia, ¿cómo se puede tener miedo de la independencia de la Justicia?