Caso Popular: el Ministerio de Economía obligado a entregar documentación

En el mes de junio de 2019, dos años después de la resolución del Banco Popular, de su venta por un euro al Santander y de la ruina de más de 1,2 millones de españoles, el Ministerio de Justicia de Dolores Delgado y el Ministerio de Economía de Nadia Calviño suscribieron un convenio con la CNMV, el Banco de España y el FROB para hacer frente al arbitraje internacional impulsado por el mexicano Antonio del Valle.Según el antiguo consejero del Popular y responsable de los movimientos que permitieron la llegada de Emilio Saracho a la presidencia de la entidad, el Gobierno de Mariano Rajoy adoptó medidas que dañaron la situación financiera del Popular antes de la resolución, lo que provocó la salida de miles de millones de euros de liquidez, es decir, la única causa por la que posteriormente se resolvió el sexto banco español. Por otro lado, en relación a la subasta, Del Valle indica en su arbitraje que se realizó sin dar opción a bancos internacionales y que la información que se ofreció a las entidades interesadas era inadecuada, lo que dejaba sólo al Santander como candidato.La firma de este convenio provocó que varios afectados presentaran una reclamación ante el Consejo de la Transparencia y del Buen Gobierno para que el Ministerio de Economía hiciera público o facilitara a los afectados interesados en conocer cuánto le iba a costar ese convenio al Estado y, en consecuencia, a todos los españoles. Tras deliberar y estudiar dicha reclamación, el Consejo de Transparencia ha decidido ordenar al ministerio de Nadia Calviño la entrega una copia de toda la documentación para que, además del coste, se puedan estudiar y valorar todas las implicaciones económicas y legales que supone la aprobación de este convenio.El Gobierno de Pedro Sánchez está actuando en el Caso Popular, cuanto menos, del mismo modo que el de Mariano Rajoy. Tanto el Ministerio de Economía como el de Justicia, con sus ministras a la cabeza, siempre se han posicionado en favor de los intereses del Santander puesto que no han retirado a la Abogacía del Estado del recurso que exige la anulación de la operación en la jurisdicción europea, aprobaron la absorción por fusión del Popular por el Santander, lo que tuvo como consecuencia inmediata la pérdida de personalidad jurídica del sexto banco español y la creación del escenario de «tierra quemada» que más favorecía a la entidad presidida por Ana Patricia Botín.[colabora]El ministerio dirigido por Nadia Calviño tiene en su mesa la acción de nulidad de la operación del Popular, por las irregularidades del FROB y del Banco de España, ejercitada por uno de los afectados en la que se contienen argumentos jurídicos y pruebas documentales de tal peso que la no aceptación de la misma supondría un verdadero escándalo político, económico y judicial para el que la democracia española no está preparada.Por otro lado, Diario16 ha tenido conocimiento de la presentación en las próximas fechas de una querella criminal contra el Estado español por la presunta implicación de los organismos públicos en la operación del Banco Popular, una querella que despejará aún más el camino para que los 1,2 millones de personas arruinadas recuperen su dinero.