Caso Popular: el peligro de una estrategia judicial equivocada

La desesperación que ha creado la ruina de más de 1,2 millones de personas está llevando a muchos afectados a la elección de estrategias judiciales en las que se les presenta la oportunidad para recuperar de manera rápida el dinero que les fue arrebatado el 7 de junio de 2017. Sin embargo, el Caso Popular es complejo y no se puede dirimir en un juzgado de primera instancia porque, con todo respeto, no disponen de toda la documentación que maneja y se ha estudiado, por ejemplo, el juez Calama Teixeira.Las declaraciones de esta semana en la Audiencia Nacional, tanto de los representantes legales de la auditora PwC como del ex CEO Pedro Larena, han corroborado de manera taxativa que las cuentas de la entidad y la ampliación de capital fueron correctas, que no hubo ningún tipo de falseamiento contable ni de información manipulada.Por más que halla sentencias de los juzgados de primera instancia en las que se condene al Banco Santander (por ser el responsable legal tras la absorción del Popular) a la devolución al afectado del dinero invertido en la ampliación de capital de 2016 y que, en segunda instancia, haya audiencias provinciales (en un número menor, eso sí) que les sigan dando la razón, una vez que esas causas lleguen a los tribunales superiores o al Supremo, existe un serio peligro de que se archiven los procedimientos porque, en realidad, la estrategia planteada por ciertas asociaciones y despachos de abogados no se ciñe a la realidad de lo que ocurrió con el Banco Popular.Aquí es donde se halla el verdadero peligro para el afectado porque se puede encontrar con la situación de tener que hacer frente al pago de unas costas muy superiores al dinero perdido y, por tanto, se hallarían en un escenario en el que no recuperen lo perdido y que tengan que pagar varios miles de euros en costas.El Santander dispone de equipos judiciales que, no sólo disponen de letrados especializados en litigios financieros, sino que tienen mucha influencia dentro de los órganos judiciales. Por esta razón, por más que haya sentencias en primera y segunda instancia que dan la razón al afectado, una vez que en un órgano judicial superior se archive la causa es más que probable que dicho archivo vaya acompañado de una condena al pago de las costas judiciales a la que tendrá que hacer frente el afectado, no el letrado ni la asociación.Es cierto que la situación límite en que la resolución dejó a muchas familias ha provocado que haya afectados que se hayan visto obligados a buscar ayuda en lugares donde se les ofreció asesoramiento y asistencia legal en base a un variable del dinero recuperado. Sin embargo, la falta de especialización, en muchos casos, en derecho bancario deja a los arruinados que han elegido esta estrategia a estar expuestos a una condena en costas.La paralelización del Caso Popular con la salida a bolsa de Bankia está siendo utilizado como argumento de captación de afectados. Se pretende hacer ver que ese camino agilizará el cobro del dinero. Sin embargo, el informe pericial del Banco de España, para cuya realización fue necesario un trabajo de un equipo de expertos de más de un año y con todos los datos encima de la mesa, afirma claramente que el Popular era un banco solvente y viable, por lo que el paralelismo con Bankia queda absolutamente descartado.A pesar de estas evidencias, en diferentes charlas de captación de afectados que se están realizando en hoteles de toda España se llega a decir a los afectados que no deben preocuparse del informe del Banco de España porque el camino más efectivo es el que ellos proponen. Con todo mi respeto a esos profesionales pienso, desde el conocimiento histórico del caso y la valoración de miles de documentos en poder de Diario16, que se equivocan. No dudo de buena voluntad pero temo que su error pudiera perjudicar económicamente aún más de lo que ya lo están todos los afectados y afectadas.La realidad es que el Banco Popular fue resuelto por la crisis de liquidez provocada durante el segundo trimestre de 2017, una crisis que se pudiera haber evitado si Saracho hubiese, en primer lugar, implementado el plan de negocio de 2016 y, en segundo término, si Saracho hubiera aceptado las ofertas de ampliación de capital de Deutsche Bank y Barclays, además de las ventas de activos no estratégicos enmarcadas en el Plan de Capital que él mismo aprobó horas antes de dinamitar el banco en la Junta General de Accionistas.Lógicamente, los afectados quieren recuperar su dinero cuanto antes, pero para ello no todo vale porque ante un Juzgado sólo el planteamiento de argumentos válidos y con documentación oficial es el que tiene garantía de éxito, por más que los procesos se alarguen. El Caso Popular se dirimirá en la Audiencia Nacional y en las reclamaciones de anulación de la operación planteadas en España y en Europa. Cualquier otro camino pone a los afectados en peligro de verse obligados a pagar costas judiciales.