Caso Popular: El Santander contra Saracho

El Caso Popular ha entrado en una fase crítica en la que la incertidumbre ha llenado el casillero de todos aquellos que pensaron que la compra por un euro de la sexta entidad financiera de España por parte del Santander iba a saldarse del mismo modo que Banesto, es decir, sin ningún tipo de consecuencia para la entidad presidida por Ana Patricia Botín. Sin embargo, la historia muestra cómo en el Santander no es muy de lealtades eternas porque, si apareciera alguna amenaza en forma de verdad irrefutable que pudiera apagar la llama roja, no dudarán en dejar caer a los peones que hagan falta para que fuego siga vivo.Desde que se iniciaron las declaraciones ante el juez Calama Teixeira en la Audiencia Nacional se ha pretendido desde diferentes foros cercanos, de un modo u otro, al Santander focalizar las responsabilidades en un pasado que nada tuvo que ver con la causa principal de la resolución del Popular, esto es, la grave crisis de liquidez forjada a partir del mes de abril de 2017, es decir, durante el mandato de Emilio Saracho. Esta es la única causa por la que la sexta entidad financiera fue resuelta, tal y como han ratificado los peritos del Banco de España, quienes, por cierto, una vez han sido citados a declarar para el mes de febrero de 2020, están siendo vituperados para intentar que su informe no sea tomado en cuenta por el juez instructor. Así funciona el Santander con un modus operandi que tanto recuerda a la conversación entre Tom Hagen y Michael Corleone cuando están pergeñando una campaña contra el capitán Marc McCluskey, el socio de Virgil Sollozzo.Diario16 ha tenido constancia de la existencia de una factura de más 3 millones de euros de una empresa americana que fue ocultada tanto por Saracho como por Rodrigo Echenique a los auditores y que se encuentra reclamada en los tribunales españoles.Sin embargo, desde el pasado viernes diferentes medios han publicado noticias o análisis respecto al Caso Popular que van en contra de la estrategia mantenida hasta ahora. Es increíble cómo el poder del Santander ha hecho que los medios de comunicación (ABC, Expansión, Cinco Días, El País o «programas de televisión» como mencionaba uno de nuestros lectores), se hayan mantenido en estos años unidas en la defensa de una operación que ha arruinado a más de 1,5 millones de personas de manera, de momento, injusta. Los tribunales determinarán si también de forma ilegal, y pruebas documentales hay de sobra para sostener que así fue.Por un lado, estas informaciones apuntaban a un informe de los bonistas afectados en el que se vuelve a la estrategia de las cuentas supuestamente manipuladas en los tiempos anteriores a Saracho. Sin embargo, nos encontramos con otras noticias por parte de medios del mismo grupo editorial que se hacen eco de documentación interna del Popular —por cierto, información publicada por Diario16 y ABC en el mes de abril de este año—, en la que el Banco Central Europeo aprobaba la situación del Popular en 2016. El propio Mario Draghi hizo mucho hincapié en la solidez de la posición de liquidez y en las fortalezas en los sistemas de evaluación de capital. Por tanto, si el BCE, con un equipo de inspectores dentro de la entidad, afirmaba que el banco no tenía problemas ni de solvencia ni de liquidez, ¿quién es el responsable de la gestión que lo llevó a la resolución? Evidentemente, quienes estaban al frente del Popular en el año 2017.La contundencia de la declaración de Roberto Higuera y la poca solidez de la de Emilio Saracho ha hecho reaccionar al Santander al estar viendo que un hombre de Ana Patricia Botín puede provocar que la resolución judicial vaya en contra de sus intereses, es decir, mantener el negocio del Popular regalado. El Santander ya se vio favorecido por la desimputación penal al aplicarse una nueva versión de la Doctrina Botín, en la que no se tuvo en cuenta un artículo del Código Penal que afectaba directamente al mantenimiento de la imputación en el Caso Popular.Además, hay que tener en cuenta que muchos afectados, entre ellos algunas instituciones que han perdido cientos de millones de euros con la operación diabólica, se sienten engañados por el Santander por haber firmado los bonos de fidelización emitidos para quienes se acogieron a la ampliación de 2016 tras las evidencias publicadas por Diario16 o por el rumbo que están tomando las declaraciones en la Audiencia Nacional. Estos afectados confirman que, cuando firmaron esos bonos sólo pensaron en recuperar una parte de su dinero de manera rápida, a pesar de que se advirtió de que con ese producto el Santander no tenía más intención que evitarse litigios judiciales.Sin embargo, el Santander sabe que se enfrenta a empresas y gentes muy poderosas, algunas que se están jugando literalmente su existencia, que tienen gran capacidad de influencia en los poderes superiores. Por esta razón, para que la entidad cántabra salga airosa y sin responsabilidad alguna del Caso Popular, intentarán que las culpas recaigan en otros, principalmente en los organismos públicos (españoles y europeos) para que se hagan cargo de las indemnizaciones a los afectados y, si esto fallara, necesitarían que algunos de sus peones cayeran y no dudarán en que, si lo necesitan, que sea el propio Emilio Saracho, el mentor, maestro, profesor y confesor de Ana Patricia Botín, quien cargue con toda la responsabilidad. ¿Lo permitirá Saracho? ¿Por qué lo está permitiendo el PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Vox? Sería políticamente ético que todos los ciudadanos y ciudadanas conociesen la respuesta.