Caso Popular: Europa juzgará a la JUR antes de marzo de 2020

De nada han servido las apelaciones presentadas por el Banco de Santander ni por el Estado español en contra de los recursos presentados contra la Junta Única de Resolución (JUR) por los afectados del Popular ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), quien ha asignado ya la sala y los jueces que determinarán si la resolución se hizo cumpliendo la ley o si la operación debe ser anulada por, entre otras cosas, las irregularidades publicadas por Diario16, entre las que destaca el reconocimiento por parte del banco presidido por Ana Patricia Botín de que el proceso de subaste se realizó fuera de plazo.En concreto, según fuentes consultadas por Diario16, el juicio se celebrará en la Sala Tercera del TGUE y los jueces asignados serán el húngaro Zoltán Csehi, el irlandés Anthony Michael Collins y el belga Geert De Baere, quien será el ponente.Fuentes jurídicas confirman a Diario16 que el ponente, además, es un juez de probada profesionalidad y con vocación pedagógica ejemplar entre los componentes del Tribunal General de la UE. Fue profesor del Instituto de Derecho Europeo y, antes de su nombramiento, ya había trabajado como référendaire en el Tribunal de Justicia de la UE, primero en las Cámaras del Abogado General Sharpston y más recientemente en el Gabinete del Juez Prechal.El Caso Popular sigue avanzando en las diferentes vías judiciales que determinarán las verdaderas responsabilidades. Diario16 ya publicó el pasado verano una serie de artículos en los que se hacía ver a los afectados que se iban abriendo ventanas a la esperanza para recuperar el dinero que se les arrebató en la madrugada del 7 de junio de 2017.Desde esas últimas semanas de agosto, diferentes decisiones e iniciativas ante la Justicia han abierto nuevos frentes en los que, con la contundencia de las pruebas documentales presentadas, la anulación de la operación parece cada vez más cercana, algo que, evidentemente, tendrá como resultado que los afectados reciban su dinero.Por otro lado, esta apertura del juicio contra la JUR indica el momento en que el Estado español debe retirar de manera definitiva a la Abogacía del Estado de la defensa de los intereses de la banca para que no se produzca en el Caso Popular una escena tan triste como la que se pudo ver en el juicio del Caso IRPH, en el que la abogada del Reino de España se enfrentó para defender los intereses del sector financiero, incluso, a los representantes legales de la Comisión Europea y por ello recibió la recriminación de los propios jueces. Hacerlo sería un gesto de Justicia y de coherencia por parte del nuevo Ejecutivo.