Caso Popular: la JUR incumple las leyes europeas

La transparencia de los organismos de la Unión Europea respecto a las 305.000 familias arruinadas por el Caso Popular siempre ha destacado por su inexistencia, es decir, por su opacidad. Desde el primer momento se han puesto excusas basadas en el argumentario diseñado por el despacho Linklaters, es decir, el mismo que presidió Sebastián Albella, presidente de la CNMV.En un correo electrónico remitido por la JUR a uno de estos afectados, al que Diario16 ha tenido acceso, se indica que «Gracias por su correo electrónico de fecha 19/12/2019. Debido a la naturaleza repetitiva de sus emails mediante los que usted solicita información, JUR INFO emitió una decisión para detener las comunicaciones. Por lo tanto, esta solicitud no será tratada».Diario16 se puso en contacto con este afectado y nos dijo lo siguiente: «No solamente deniega la información, sino que las respuestas son incongruentes y arbitrarias, dejando muchas preguntas anteriores sin responder y sin ningún criterio, ni base jurídica. Por su propio criterio, se niega a responder. Si vuelve a ocurrir, me veré forzado a presentar una demanda ante el TGUE sobre el procedimiento administrativo que realiza la JUR ante lo que los ciudadanos podemos pedir explicaciones sobre los actos de los órganos administrativos en el desarrollo de sus funciones».Esta es una nueva muestra de cómo los organismos europeos dan la espalda a sus ciudadanos. En el Caso Popular, son tantas las irregularidades cometidas en la resolución, que, directamente, no responden a las preguntas o a las solicitudes de información de los afectados. Además, la paralización de las comunicaciones con los arruinados, como afirma el afectado, incumple las directivas y los reglamentos de la UE, en concreto, los artículos 2 y 3 del Reglamento 1049/2001.Por otro lado, no sorprende que los organismos dependientes del BCE muestren su oposición a ofrecer la resolución. En primer lugar, porque hacerlo supondría el reconocimiento de todos los errores e irregularidades cometidas en la resolución del Banco Popular y que determinarían la nulidad de la misma, con las graves consecuencias que eso tendría para la credibilidad del sistema financiero de la Eurozona; en segundo término, la vicepresidencia del BCE está ocupada por Luis de Guindos, quien tendrá mucho que explicar sobre su presunta implicación en toda la operación; en tercer lugar, y tal y como adelantamos en Diario16, el Santander es juez y parte, puesto que forma parte del organigrama de la JUR, tal y como podemos comprobar en el siguiente documento:Las preguntas y solicitudes a las que la JUR se niega a responder son muchas y Diario16 ha tenido acceso a ellas a través de las diferentes comunicaciones que los afectados le han remitido y que no han sido atendidas. ¿Estas negativas son la muestra de un reconocimiento implícito de culpa? ¿Pretenden en Europa, con su opacidad, ocultar la verdad a quienes son víctimas del mayor escándalo financiero de la historia de la Unión Europea? Ahí está la clave y la JUR pretende taparlo.